Sala de Prensa

20/11/2020

Gustava Aguilar Moraga puso énfasis en la situación de las mujeres privadas de libertad en la regiój

Defensora Regional entregó balance institucional de gestión 2019-2020 en Magallanes

“No puede la situación presupuestaria ser motivo o justificación para posponer proyectos tan importantes y esenciales como la remodelación de la sección femenina y nuevos calabozos, porque no se puede olvidar la obligación del Estado como garante de la protección de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, en especial de los derechos a la vida y a la integridad personal”, sostuvo..

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga, rindió cuenta pública de la gestión institucional en el período 2019-2020, aunque esta vez lo hizo por vía remota, "para proteger la salud de nuestros usuarios, de los propios funcionarios y de la comunidad”.

La abogada explicó que 2019 y 2020 han sido años de enormes desafíos y de gran responsabilidad para “seguir prestando un servicio eficaz y de calidad aun en situaciones complejas, sin alterar la calidad del servicio de defensa y asegurar a todos nuestros usuarios el acceso a la justicia, el derecho a defensa, el debido proceso y la garantía de la presunción de inocencia”, dijo.

LAS CIFRAS
Como parte de la transmisión de la cuenta -hecha a través de diversas plataformas web-, se informó que el año pasado 3 mil 675 personas fueron atendidas en la región, suma que durante el primer semestre de 2020 llegó a mil 892 personas, de las cuales el 18,1 por ciento eran mujeres, el 4,6 por ciento personas extranjeras o migrantes, el 4 por ciento adolescentes y el 0,2 por ciento personas de pueblos originarios.

En 2019 se registró un aumento de 174 por ciento en el total de personas extranjeras y migrantes formalizadas, con 170 imputados extranjeros sobre apenas 62 registrados en 2018. Desde el inicio de la reforma procesal penal en Magallanes, además, la Defensoría Penal Pública ha atendido a 51 mil 688 personas, de las cuales el 83,7 por ciento eran hombres y el 6,3 por ciento personas menores de 18 años.

Al revisar los principales delitos por los que se formalizó a las personas en 2019, los más frecuentes fueron los de la Ley de Tránsito (21,8 por ciento), las lesiones (20,64 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (12,3 por ciento) y otros delitos contra la propiedad (7,8 por ciento).

Por otra parte, en 2019 se verificó un aumento en los delitos de desórdenes públicos, a propósito de las detenciones ocurridas durante las movilizaciones sociales iniciadas en octubre. En el primer semestre de 2020, en tanto, en plena emergencia sanitaria por la pandemia de Covid-19, el aumento se produjo en los delitos del artículo 318 del Código Penal, que sanciona incumplimientos del toque de queda, las cuarentenas y otras medidas sanitarias, lo que incrementó significativamente la carga de trabajo de los defensores públicos y sus equipos de apoyo.

PREMIOS Y RECONOCIMIENTO
Gustava Aguilar, destacó los premios y reconocimientos que recibió la institución a nivel nacional, como el Premio Anual de Excelencia Institucional (PAEI) -que también ganó en 2014- y a nivel regional, porque en el marco del programa de reconocimiento institucional, la Defensoría de Magallanes fue considerada la segunda mejor sede regional del país, según la evaluación interna.

Mencionó también el reconocimiento que obtuvo la asistente social Paula García Medina, profesional de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD), por representar los valores institucionales de “humildad, profundo sentido de justicia social y vocación de servicio”.

Recordó, además. la iniciativa “Acortando distancias, fortaleciendo vínculos”, creada por Paula García Medina y Denise Soto Avendaño, asistente de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Magallanes, que fue seleccionada internamente entre las 10 mejores presentadas a nivel nacional.

DEFENSA Y MOVILIZACIONES SOCIALES
La Defensora Regional explicó que para hacer frente al aumento de personas detenidas en las movilizaciones sociales iniciadas con el estallido, se activaron sistemas de turnos diarios para concurrir a las comisarías de Carabineros y cuarteles de la PDI, con el objetivo de entrevistar oportunamente a las personas detenidas y verificar su estado.

De igual modo y con el fin de fortalecer la atención en tribunales, se dispuso de dos defensores públicos para los controles de detención diarios, con lo cual “se aseguró a toda persona que fue detenida poder entrevistarse y entregar antecedentes relativos a las circunstancias de su detención”, dijo.

Según la abogada, las movilizaciones evidenciaron un serio problema regional, que la institución ya había advertido en distintas instancias: "El  estado deplorable en que se encuentran los calabozos de la Primera Comisaria de Carabineros de Punta Arenas, no solo por tratarse de espacios reducidos que impiden la correcta segregación de los detenidos, (mujeres, hombres y adolescentes), sino también porque no cuentan con servicios higiénicos adecuados para atender dignamente a las personas que (...) son mantenidas en dichos calabozos. Esas instalaciones no están la altura de una sociedad que se dice democrática y respetuosa de la dignidad y los derechos de las personas”, enfatizó.

Aguilar valoró que en la Comisión Coordinadora del Sistema de Justicia Penal que sesionó en septiembre pasado, el general Patricio Figueroa, jefe de la XII Zona de Carabineros, informara que esperan poder postular este año a fondos regionales para financiar la construcción de una nueva comisaría, que contará con calabozos que reúnan las condiciones de infraestructura, higiene, segregación y seguridad para albergar de manera digna a las personas detenidas.

DEFENSA Y PANDEMIA
La jefa regional de la defensa pública explicó que al iniciarse la pandemia de Coronavirus se logró habilitar sin mayores dificultades el trabajo a distancia, se mantuvo la atención de usuarios por teléfono y los defensores públicos entrevistaron por esa vía a los usuarios, tanto en Punta Arenas como en Puerto Natales, Porvenir o Puerto Williams.

Agregó que gracias a las coordinaciones con el tribunal de garantía y con la Fiscalía, se acordó  la suspensión de todas las audiencias, salvo en aquellas causas con imputados privados de libertad. En tanto, las que no podían postergarse se efectuaron bajo la modalidad de video conferencia.

La jefa regional se refirió también a la coordinación lograda con Gendarmería, la Secretaría Regional Ministerial (seremi) de Justicia y Derechos Humanos, y un equipo de la Seremi de Salud, que permitió visitar el complejo penitenciario de Punta Arenas para entregar información, prevención y tranquilidad a toda la población carcelaria, integrada por imputados e imputadas en prisión preventiva e internos condenados. Representantes de la institución vistaron, además, el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales.

ADOLESCENTES
Respecto de la atención a los adolescentes infractores, Aguilar dijo que existe una deuda en relación con la oferta programática disponible para jóvenes, en el sentido de que cumpla la expectativa de entregar una intervención especializada, útil y adecuada a la realidad regional y a las características especiales de los adolescentes. "Debe orientarse en entregar capacitaciones, oficios y herramientas que, a futuro, le permitan al joven realizar una vida independiente, integrándose plenamente en nuestra sociedad”, señaló.

Asimismo, comentó la insuficiente oferta psiquiátrica: "No existe un psiquiatra infanto juvenil en el Servicio Médico Legal, que realice las evaluaciones de inimputabilidad solicitadas por el tribunal, lo que tiene paralizada por largo tiempo la tramitación de causas con imputados con posible enajenación mental, respecto de los cuales aún no hay pronunciamiento médico acerca de su imputabilidad”, aseguró.

Desde el punto de vista de la persecución penal, la abogada dijo ver con preocupación que en algunas formalizaciones de adolescentes “el ente persecutor, a nuestro entender de manera  apresurada y desmesurada, persiste en privar de libertad a los jóvenes, olvidando principios fundamentales de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que respecto de la utilización de la privación de libertad señala que debe ser utilizada de manera excepcional y como último recurso, siempre respetando la debida proporcionalidad”.

LOS DESAFÍOS
La Defensora Regional dijo que tanto las movilizaciones sociales como la pandemia dejaron al descubierto algunas falencias en infraestructura que aquejan a instituciones y organismos auxiliares de la justicia penal en Magallanes y que urge solucionarlas. 

“Llos actuales calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas no reúnen las condiciones de espacio, seguridad, ni higiene adecuadas, menos aún para recibir a una mayor cantidad de personas que sean detenidas, como de hecho ocurrió durante las movilizaciones de 2019”, puntualizó

Señaló también que el aumento de la población penal femenina en el complejo penitenciario de Punta Arenas hizo evidente que las actuales dependencias no son las adecuadas para albergar a las mujeres imputadas y condenadas, de manera que se cumpla con la debida segregación. Agregó que tampoco cuentan con la infraestructura mínima para poder tener talleres de capacitación y desarrollar su trabajo de rehabilitación en un espacio digno, para así enfrentar su reinserción al medio libre con la suficiente capacitación.

“Hoy existen muchas necesidades a raíz de la pandemia, pero el Estado tiene una obligación preponderante, que es hacerse cargo de las personas que se encuentran bajo su custodia, como son las mujeres privadas de libertad”, comentó. Por lo mismo, expresó su apoyo el proyecto de remodelación de la sección femenina presentado por Gendarmería y dijo esperar que se concrete lo más pronto posible. 

“Sabemos que la actual crisis sanitaria ha evidenciado desigualdades y traerá costos económicos y sociales para las familias y el Estado. Las autoridades se verán obligadas a revisar las prioridades al momento de optimizar los recursos fiscales, pero la situación presupuestaria no puede ser motivo o justificación para posponer proyectos tan importantes y esenciales como el de la sección femenina", aseveró

Según Gustava Aguilar, no se puede olvidar la obligación del Estado como garante de la protección de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, en especial de los derechos a la vida y a la integridad personal. "Se hace más imperioso, entonces, avanzar en la materialización de este proyecto y de otros, como mejorar los calabozos de la Primera Comisaría y contar con un siquiatra infanto juvenil en el Servicio Médico Legal regional”, recalcó.   

AGRADECIMIENTOS
La Defensora Regional finalizó su cuenta agradeciendo a los funcionarios y funcionarias que hicieron posible que el servicio de defensa penal pública no se detuviera, “porque las personas requieren que la prestación de defensa no se detenga, ni frene aun en tiempos de pandemia”, concluyó.

Tras la lectura del discurso, Gustava Aguilar respondió las preguntas enviadas por el presidente regional del Colegio de Periodistas, Cristian Morales; la presidenta regional de la Anef, Doris Sandoval; el seremi de Justicia y Derechos Humanos, Fabián Mella, y el presndente del Colegio de Abogados de Punta Arenas, Ramón Ibáñez.

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