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25/11/2020

Loreto Flores Tapia rindió ayer su primera cuenta pública de gestión

Pandemia, estallido social y situación de personas encarceladas destacaron en discurso de nueva Defensora Regional Metropolitana Sur

Una mirada a los últimos meses, con énfasis en los hechos ocurridos hace un año y a principios de éste realizó la Defensora Regional Metropolitana Sur, Loreto Flores Tapia, con motivo del balance de gestión de la entidad regional a su cargo. También destacó cifras del primer semestre de 2020, en que las faltas contra la salud pública se asociaron a los sectores más vulnerables.

Por Gustavo López Valeria,
periodista Defensoría Regional Metropolitana Sur.

Al rendir ayer su primera cuenta pública, la Defensora Regional Metropolitamna Sur, Loreto Flores, destacó que al momento en que asumió este cargo,  en marzo pasado, el país enfrentaba la etapa más compleja de la pandemia de Covid-19, razón por la que la institución extremó las medidas de confinamiento y dio paso a las audiencias virtuales, las video entrevistas y el trabajo a distancia.

Agregó que todo ello no hubiera sido posible sin los pasos previos que había dado la Defensoría Penal Pública, como fueron las digitalización de las carpetas judiciales y los incipientes pasos de agendamiento remoto. Al efecto, destacó “más de 14 mil video entrevistas que han sostenidos las defensoras y defensores penales públicos con personas privadas de libertad,  el trabajo de los equipos de defensa, que han efectuado más de 8 mil 600 atenciones telefónicas a usuarios en libertad o a sus familiares, lo que permitió mantener la preocupación hacia las personas más deprimidas en esta pandemia”.

TEMAS CLAVES
Respecto de este período, la Defensora Regional explicó tres aspectos que fueron significativos en la gestión regional: “La dictación de la Ley 21.240, que introdujo nuevos delitos contra la salud pública y replanteó la comprensión del artículo 318 del Código Penal e, incluso, su constitucionalidad, sin perjuicio de la sobrecarga que ha conllevado el altísimo número de requerimientos en procedimientos monitorios y la aplicación de multas respecto de grupos vulnerables, desatendiendo así el principio de ultima ratio que debe caracterizar el ejercicio del poder punitivo”.

Como segundo aspecto, la jefa regional de la defensa pública recordó la pandemia también ha conllevado la suspensión de los juicios orales, o al menos, la realización de manera remota sólo de aquellos que no afecten los derechos y garantías de los imputados, en especial de quienes se encuentran privados de libertad y arriesgan penas de crímenes.

La abogada destacó la posición de la Defensoría Regional en este tema, donde se consideró que “se necesita de un imputado presente y el resto de los intervinientes, por lo que las propuestas alternativas para la realización de los mismos, ya sea de manera total o parcialmente remota, sólo podía concretarse cuando se dieran las condiciones más favorables para el imputado y, sobre todo, cuando éste manifestara su voluntad para la realización del juicio oral a distancia".

Según Loreto Flores, en la actualidad y luego de intensas reuniones con los distintos intervinientes del sistema de justicia penal, se logró establecer la realización sólo de aquellos juicios orales en que se cuenta con la voluntad del imputado y, además, con las condiciones tecnológicas necesarias y adecuadas para la realización de la audiencia.

Como tercer aspecto, Flores puso énfasis en las acciones inmediatas que desarrollaron las defensoras y defensores públicos en favor de los condenados e imputados privados de libertad, tales como la revisión de prisión preventiva para imponer una medida cautelar menos gravosa y la interposición de cautelas de garantía para evitar los traslados masivos a cárceles de otras regiones.

En este ámbito mencionó, además, la presencia constante de la institución en los recintos penitenciarios de la región, tales como el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puente Alto, el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel y el Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, tanto para atender sus requerimientos como para reducir la ansiedad que provocaba la privación de libertad en un contexto sanitario complejo, señaló.

DEFENSA JUVENIL
Loreto Flores relevó el trabajo realizado en la defensa de jóvenes infractores que, si bien suman un porcentaje a la baja a nivel regional, necesita de una gestión especializada, lo que ha sido entendido hace años por la Defensoría. “La atención brindada a 3 mil 387 adolescentes, lo que representa sólo un 6 por ciento de los ingresos del sistema judicial de nuestra jurisdicción, demuestra la baja incidencia de los delitos cometidos por jóvenes en comparación a los adultos", sostuvo.

La Defensora Regional reafirmó también el compromiso institucional de brindar a los jóvenes infractores posibilidades concretas para cumplir uno de los principales objetivos de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA): la reinserción social, de forma que la participación en conductas delictivas no resulte ser un obstáculo o un estigma que determine el resto de sus vidas.

"Lo anterior es especialmente relevante tratándose de aquellos jóvenes privados de libertad, quienes requieren una perspectiva interdisciplinaria que promueva y facilite la consecución de aquel objetivo”, indicó.

DEFENSORÍA Y ESTALLIDO SOCIAL
Loreto Flores explicó que más de 3 mil audiencias de control de detención se realizaron en la jurisdicción de la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS) durante los primeros meses del llamado estallido social. Más allá de la presencia en tribunales, ello exigió al cuerpo de defensores públicos una presencia efectiva en comisarías donde había personas detenidas durante las movilizaciones sociales y que necesitaban asistencia jurídica inmediata.

“A pesar de las dificultades propias del estado de excepción constitucional, el equipo de defensores se desplegó desde el primer día en los recintos policiales, e incluso muchos defensores y defensoras fueron a zonas que no eran parte de su trabajo habitual. Se privilegió la necesidad de defensa de todas las personas que requirieran una atención oportuna y rápida para conocer las razones de su detención. Asimismo, se dio tranquilidad a los familiares de los imputados, informándoles sobre las condiciones en que se encontraban”, indicó.

En su discurso, la Defensora Regional señaló que los principales delitos estuvieron relacionados con el robo en lugar no habitado, que registró un alza de 320 por ciento respecto de los meses previos a octubre de 2019. Agregó que más de mil 600 audiencias fueron por desórdenes y se decretó la prisión preventiva para 203 imputados, declarándose la ilegalidad de la detención en 85 casos.

SITUACIÓN DE LOS PRIVADOS DE LIBERTAD
Respecto de la labor de defensa pública de personas privadas de libertad, la jefa regional destacó el protocolo de colaboración suscrito con el equipo de Gendarmería a cargo del Centro de Detención Preventiva (CDP) Santiago 1, destinado a establecer un sistema de coordinación permanente e intercambio de información en dos áreas prioritarias para la DRMS, como son el 'Programa de prevención del riesgo suicida' y el 'Programa de atención a víctimas y testigos'.

En este sentido, “la impronta de la DRMS es el resguardo de los derechos y garantías de los imputados privados de libertad, como también de los condenados, incluyendo aspectos como su salud síquica y física, para que así la cárcel no redunde en afectaciones adicionales a la privación de libertad”, afirmó Loreto Flores.

CIFRAS DE LA DEFENSORÍA
Durante 2019 ingresaron 56 mil 219 causas a la DRMS, de las cuales un 20,8 por ciento correspondió a mujeres, un 6 por ciento a adolescentes y un 4,1 por ciento a ciudadanos extranjeros. Respecto de los principales delitos, el balance de gestión indicó que el año pasado las lesiones fueron el principal delito imputado (20,5 por ciento), seguido del hurto (17,9 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (17,4 por ciento) y los delitos de la Ley de Tránsito (9,8 por ciento).

Durante el mismo período 11 mil 628 personas fueron absueltas o sobreseídas de los delitos en su contra, mientras que mil 809 estuvieron en la cárcel durante una parte o todo el periodo de investigación, para finalmente ser declarados inocentes de los delitos imputados.

Durante el balance también se dieron a conocer cifras del segundo semestre de este año, en que destacó un fuerte incremento en las causas tipificadas contra la salud pública, en especial por el incumplimiento del artículo 318 del Código Penal.

Producto del trabajo de los defensores penales públicos generales y penitenciarios, en el primer semestre de 2020 se logró que 515  personas dejaran la cárcel durante la pandemia. También se acogieron diversos recursos judiciales de la Defensoría, logrando así que 58 adolescentes dejaran la internación provisoria, 188 adultos la prisión preventiva y 153 personas obtuvieran la libertad condicional.

En este período los principales delitos imputados se relacionaron en un 25,4 por ciento con los incumplimientos a la normativa de salud publica, seguidos por las amenazas simples (12,4 por ciento) y las lesiones (10,8 por ciento).

La Defensoría Metropolita Sur incluye en su área de influencia a 29 comunas, ubicadas preferentemente en las áreas sur y suroccidente de la Región Metropolitana, con presencia de equipos de trabajo en las defensorías locales de San Miguel, Maipú, La Florida, Puente Alto, San Bernardo, Melipilla, Curacaví, y Talagante.

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