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Realizan seminario sobre el uso medicinal de la cannabis y sus implicancias en la defensa penal

07/12/2020

Las Defensorías Regionales de Aysén y Magallanes, la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional y la Fundación Daya

Realizan seminario sobre el uso medicinal de la cannabis y sus implicancias en la defensa penal

El encuentro “Cannabis, salud y defensa penal: una mirada desde la Patagonia” convocó a destacados profesionales de Fundación Daya y juristas de la Defensoría Penal Pública.

Por Valeska OIavarría G.,
periodista Defensoría Regional de Aysén.

El uso medicinal de cannabis es un tema que en los últimos años se ha debatido intensamente en Chile, desde perspectivas sanitarias, jurídicas y legislativas. Dado este contexto y atendiendo a una realidad de consumo cada vez más habitual, las Defensorías Regionales de Aysén y Magallanes, junto a la Unidad de Corte de la Defensoría Nacional y a la Fundación Daya concretaron un seminario cuyo objetivo fue analizar la situación del uso medicinal de cannabis en Chile desde una perspectiva médica y sus implicancias en la defensa penal.

La Fundación Daya es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es la investigación y promoción de terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano, además de colaborar y asesorar en el diseño de políticas públicas que promuevan el bienestar físico y espiritual de las personas.

CAPACITACIÓN DE ALTO NIVEL
Cristian Cajas, jefe regional de Estudios de la Defensoría en Aysén y co-organizador de este encuentro, explicó que esta experiencia brindó a las y los defensores públicos de todo el país, pero especialmente a los de regiones extremas como Aysén y Magallanes, de acceder a una capacitación de alto nivel, a cargo de profesionales de áreas científicas, de la salud y del ámbito penal, sobre un tema vigente que genera mucho debate.

“Entendiendo que la cannabis tiene diversos usos, quisimos abordar en esta oportunidad su uso medicinal (…) como defensores públicos a diario vemos que es complejo formar convicción en un tribunal respecto de un imputado o imputada que señale que el cultivo y/o consumo de cannabis es con fines medicinales, por lo que es de suma relevancia contar con un bagaje teórico y científico que nos permita respaldar nuestra teoría del caso”, dijo.

Verónica Reyes, jefa de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Magallanes, destacó esta primera actividad conjunta entre las dos sedes institucionales más australes del país, “porque compartimos una realidad muy similar en cuanto a los desafíos que nos imponen la geografía y la conectividad (…) Además, quiero agradecer a Cristian Cajas como gestor de esta iniciativa y el invitarnos a participar”.

Ana María Gazmuri, directora ejecutiva de la fundación, agradeció a la Defensoría Penal Pública por su permanente apoyo a la comunidad de pacientes usuarios de cannabis medicinal de esa organización. “Este seminario es fruto de años de trabajo colaborativo entre la Defensoría y nuestra fundación, uniendo los elementos técnicos y la experiencia acumulada en una correcta defensa. Seguiremos juntas y juntos defendiendo nuestro derecho a la salud y la vida", afirmó.

El seminario logró una alta convocatoria, sumando a 150 personas conectadas, entre defensoras y defensores públicos, otros profesionales y funcionarios de la Defensoría, peritos en la materia, jueces y funcionarios del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) y de la Defensoría de la Niñez de la región de Aysén.

EXPOSICIONES
Ana María Gazmuri abrió los fuegos exponiendo sobre la “Realidad nacional e internacional del uso medicinal de cannabis: regulaciones comparadas y desafíos pendientes”. Más tarde fue el turno de Nicole Halçartégaray, bioquímica, doctora en biotecnología y directora de investigación de la Fundación Daya, quien se refirió al “Soporte científico del uso medicinal de cannabis”.

Una de los principales puntos expuestos por Halçartégaray fue una descripción físico-química para entender cuándo una sustancia puede ser considerada droga o no. En este sentido, la experta explicó que no todas las plantas de cannabis infringen la Ley de Drogas, porque no todas causan la dependencia física y psíquica de la que habla esa normativa.

La bioquímica señaló también que los volúmenes de plantas de cannabis para uso medicinal pueden inducir a error si los intervinientes del proceso desconocen los procesos de elaboración de la medicina. “A pesar de que cultivar cannabis para uso personal, incluido el medicinal, es lícito en Chile, existe mucha persecución. Por esto es importante que tanto los defensores como los fiscales comprendan que los pacientes necesitan grandes cantidades de materia vegetal para elaborar su medicina. El número de plantas no es suficiente para acreditar tráfico, sino que se justifica con la coherencia entre el perfil de consumo del imputado y las condiciones de su cultivo”, aseguró.

Señaló, por último, que estos conocimientos son fundamentales a la hora de juzgar penalmente a una persona que use cannabis para fines medicinales.

EVIDENCIA CIENTÍFICA
Diego Cruz, médico cirujano de la Fundación Daya, experto en uso de cannabinoides para el manejo del dolor y master en medicina de montaña en la Universidad de Varese (Italia), expuso sobre “La evidencia científica y la experiencia clínica”, contexto en que se refirió a las enfermedades y dolencias que pueden ser tratadas por esta planta y cuyo uso y efectos positivos son ampliamente reconocidos en el ámbito de la salud.

Entre otras, mencionó enfermedades autoinmunes como el lupus o la epilepsia y dolores crónicos como los que presentan las personas afectadas de cáncer. Según Cruz, no todas los tipos de cannabis causan los mismos efectos y es por eso que su uso medicinal debe estar claramente identificado. Es decir, se debe determinar médicamente cuál es el objetivo que se busca lograr en cada caso en particular.

CANNABIS, CONSUMO Y MARCO LEGAL
Cabe destacar que en la actualidad, el uso de cannabis en Chile se encuentra restringido por la Ley N° 20.000, vigente desde 2005, que prohíbe su consumo en la vía pública, el porte, el transporte, el cultivo y la venta de cannabis en cualquiera de sus formatos, exceptuando el uso personal, exclusivo y próximo en el tiempo y para un tratamiento médico, en sus artículos 4, 8 y 50.

Verónica Garrido, abogada feminista y cuyo hijo pequeño es usuario de cannabis medicinal, expuso luego sobre conceptos del derecho penal sobre los derechos de las personas y el consumo de cannabis, aportando una dimensión distinta, con enfoque de género y desde el testimonio de su propia lucha como madre de un hijo que requiere el uso de la planta para mejorar su salud.

Así, explicó que el derecho a la salud es un derecho fundamental del ser humano “y el hecho de que el Estado criminalice a las personas enfermas por utilizar sustancias para mejorar su salud -como es el caso del cannabis- es un atentado contra la salud pública”, señaló.

JURISPRUDENCIA
Finalmente, el jefe de la Unidad de Corte de la Defensoría Penal Pública, Claudio Fierro, cerró el ciclo con su exposición “Jurisprudencia de la sala penal de la Corte Suprema”, en que demostró, a través de diversos fallos, cómo se ha comportado la sala penal del máximo tribunal del país en casos en que pacientes-consumidores de cannabis han sido perseguidos penalmente, haciéndose cargo de que si bien el autocultivo está permitido en Chile, no está regulado por la legislación.

“Como poder contra mayoritario y con el afán de corregir deficiencias cometidas por otros agentes del Estado, la sala penal ha hecho una interpretación pro-persona de la ley, entendiendo que defendemos personas que son pacientes, que están enfermos y que no son delincuentes”, explicó.

Fierro destacó la importancia de continuar realizando este tipo de encuentros de difusión y educación, que permitan a las defensoras y defensores públicos ilustrar a los jueces, mostrándoles otra dimensión de los derechos humanos.

“Siempre hemos sostenido que esta discusión sobre la protección de personas en el contexto del cultivo y uso de cannabis medicinal es dentro del marco de los derechos humanos. Tal como la institución tiene especialización en la defensa penal de adolescentes, mujeres, personas privadas de libertad y extranjeros, entre otros, hoy se abre una nueva mirada en torno a este segmento de la población que consume cannabis con fines medicinales”, concluyó.

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