Sala de Prensa

14/12/2020

El documento fue elaborado por la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Nacional

Defensor Nacional presentó “Repertorio de jurisprudencia’ de la Corte IDH (2006-2020)

El compendio, presentado por Humberto Sierra Porto -actual juez y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos- revisa centenares de sentencias del tribunal internacional desde la óptica de la justicia penal y su relación con los llamados ‘grupos prioritarios’, es decir aquellos que presentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

A través de una ceremonia virtual transmitida por distintas plataformas digitales, el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, presentó hoy el ‘Repertorio de jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos 2006-2020: debido proceso, justicia criminal, protección judicial y grupos prioritarios’, documento que fue elaborado por la Unidad de Derechos Humanos de la Defensoría Penal Pública de Chile.

El encuentro, presentado por la abogada Sofía Libedinsky, de la Unidad de Relaciones Internacionales de la Defensoría Nacional, convocó también a Humberto Sierra Porto, actual ministro y ex presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH); a Andreas Klein, director de la Fundación Konrad Adenauer en Chile -entidad que apoyó la elaboración de este compendio- y a Tomás Pascual, jefe de la unidad que elaboró el documento.

Al saludar a los participantes, Andrés Mahnke destacó que el texto es “una revisión muy acuciosa de sentencias, con alrededor de 300 fallos de justicia penal”, que da continuidad a un texto anterior, que recogió la jurisprudencia de este tribunal internacional desde su creación hasta 2005.

“Sin duda, la Corte IDH ha jugado un rol clave en la protección de los derechos humanos en la región. Hace poco celebramos sus 40 años y en ese período ha resuelto más de 300 casos, además de otros pronunciamientos. Lo relevante de destacar es que con ello ha ido dando fuerza y desarrollo a las obligaciones de los Estados contenidas en la Convención Americana de Derechos Humanos y en otros instrumentos internacionales”, señaló.

Según el Defensor Nacional, la diversidad de las materias que se han sometido al conocimiento de la Corte IDH es también representativa de la diversidad de los fenómenos regionales vinculados a la vulneración de los derechos humanos.

“Si bien en las primeras dos décadas la vinculación principal estaba en ámbitos conocidos por todos, como las desapariciones forzadas, las ejecuciones sumarias o la tortura, en la última década hemos visto a una Corte a la que le ha tocado conocer de aspectos de derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, conjuntamente con aspectos muy relevantes en materia de violencia de género, movilidad humana y derechos sexuales y reproductivos”, entre otras materias.

SISTEMA DE JUSTICIA
Mahnke explicó que este compendio jurisprudencial pone énfasis en cuestiones vinculadas al sistema de justicia y a los grupos prioritarios, “que le generan a los Estados deberes reforzados, particularmente por sus especiales condiciones de vulnerabilidad (…) Es una gran herramienta de argumentación para los operadores del sistema, pero especialmente para las defensoras y defensores públicos, promoviendo el fundamental diálogo que tiene que haber entre el sistema interamericano y el sistema interno”.

Al efecto, Mahnke relevó la noción -expresada por la misma Corte- de que la defensa pública cumple un rol fundamental en la asistencia, promoción y protección del acceso a la justicia de todas y todos, especialmente de quienes se encuentran en especiales condiciones de vulnerabilidad, labor que además compensa las desigualdades procesales estructurales de quienes enfrentan el poder punitivo del Estado, por ejemplo respecto de las personas privadas de libertad.

“Como Defensoría Penal Pública de Chile ponemos a disposición esta obra para todas las defensoras y defensores públicos de esta región, pero también para otros integrantes de los sistemas de justicia, especialmente para juezas y jueces, quienes son los encargados de interpretar y aplicar el derecho interno, pero en concordancia con las obligaciones internacionales que nuestros propios Estados, en forma voluntaria y de buena fe, han contraído”, sostuvo.

LOS CONTENIDOS
Al presentar el documento, el juez Sierra Porto partió agradeciendo el rol de la Defensoría Penal Pública chilena -y de Andrés Mahnke en particular- en la divulgación y protección de los derechos humanos en el continente.

Luego explicó que el ‘Repertorio’ recopila las principales líneas jurisprudenciales de la Corte IDH en relación con cada uno de los derechos previstos en la Convención Americana. Luego aclaró que la obra se divide en dos partes. La primera se refiere a los derechos en general y hace especial mención al principio de igualdad y no discriminación, explicando el detalle de los estándares jurisprudenciales que se han construido en relación con cada uno de estos derechos

“Se destaca lo referido al uso de la fuerza, a la pena de muerte en relación con el artículo 4° de la Convención, a la prohibición de la tortura, a los criterios para la procedencia de la prisión preventiva, a los elementos de la obligación de investigar, a las restricciones a la libertad de expresión, al concepto de ‘interés superior del niño, niña o adolescente’, al derecho a la consulta previa relacionado con el artículo 21, a las características del artículo judicial del artículo 25 y a los nuevos desarrollos en relación con la justiciabilidad de los derechos económicos, sociales y culturales, surgidos con el cambio jurisprudencial y la nueva tendencia interpretativa del artículo 26 de la Convención”, explicó.

Sierra Porto señaló luego que en la segunda parte del texto se plantean los estándares más relevantes en relación con los grupos más vulnerables -o ‘prioritarios’, como los define el documento-, a los cuales se ha dedicado gran parte de la jurisprudencia de la Corte.

“Se trata de personas que por sus condiciones personales o sociales sufren de manera diferenciada condiciones de marginalidad y, como consecuencia, la satisfacción de sus derechos se encuentra notablemente menguada. Hablamos de personas privadas de libertad, mujeres, comunidades indígenas, migrantes, niños, niñas y adolescentes, personas en situación de discapacidad y personas de la comunidad LGTBI”, sostuvo.

El juez interamericano valoró también que el documento no se enfoca sólo en presentar los principales avances en la determinación del alcance y contenido de los derechos de estos grupos ni de las acciones afirmativas que los Estados deben adoptar para procurar su garantía y efectividad, pues también presenta las hipótesis en las cuales se evidencia la interseccionalidad de estas condiciones de vulnerabilidad y la interdependencia de los derechos.

“Este texto cumple satisfactoriamente con el objetivo de recopilar partes cruciales de las decisiones de la Corte, para luego de recopilar estos estándares e identificar cuáles son las líneas de interpretación aplicables en el orden interno. Aunque en principio podría pensarse que es un trabajo dirigido a los operadores de justicia del sistema penal chileno, es claro que la Defensoría se sitúa, realiza y produce un trabajo que tiene la capacidad de impactar muchos rincones de la región, porque va mucho más allá del ámbito chileno”, concluyó.

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