Sala de Prensa

02/02/2021

Mediación penal juvenil

Defensoría de Atacama participa en Mesa de Justicia Restaurativa en Copiapó

En el marco de la Reforma al Sistema de Reinserción Social Juvenil de Chile, que se está discutiendo actualmente en el Congreso, se incluye un componente sobre Justicia Restaurativa, que se traducirá en el Programa Nacional de Mediación Penal Juvenil, administrado por el Nuevo Servicio de Reinserción Social Juvenil, que reemplazará al actual Servicio Nacional de Menores.

Claudia Jiménez C.

Defensoría Regional de Atacama.

Acompañado por la jefa de Estudios, Violeta Villalobos, el Defensor Regional de Atacama, Raúl Palma Olivares, participó en la mesa de trabajo sobre mediación juvenil, realizada a través de la plataforma zoom, con la finalidad de retomar el acuerdo de coordinación y colaboración firmado en septiembre de 2019, por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio Público y la Defensoría Penal Pública.

Cabe destacar que, en la región, se suspendió el funcionamiento de esta mesa por la pandemia COVID-19, pero se retomaron las reuniones en enero de 2021. En la ocasión, se concordaron acciones para este año, que apuntan a fortalecer el desarrollo de la mediación penal juvenil a partir de las prácticas instaladas y del aprendizaje acumulado.

La justicia restaurativa es un aporte para contribuir a mejorar cualitativamente el tipo de respuesta que otorga el sistema judicial a las infracciones cometidas por jóvenes. Los atributos de la mediación penal se orientan a dar un tratamiento personalizado a los casos, integrando un enfoque de necesidades de las partes involucradas y dando un rol protagónico a las víctimas para que puedan recibir una reparación del daño sufrido, aumentando significativamente su satisfacción con la solución otorgada.

El objetivo de esta iniciativa es transformarse en una opción válida al castigo penal para los adolescentes infractores, mediante una responsabilidad activa de éstos y propender a su resocialización efectiva y a la reparación del daño causado. Este acuerdo se enmarca en el trabajo desarrollado desde la puesta en marcha de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente (LRPA) en 2007, respecto de ofrecer una justicia distinta a los jóvenes que incurren en ilícitos penales.

Para el Defensor Regional, la justicia restaurativa “es una oportunidad tremenda para la comunidad de Copiapó, ya que nos convertimos en el cuarto piloto a nivel nacional del modelo de este tipo alternativo de justicia en el sistema penal juvenil chileno, que claramente es una solución más soficiticada del conflicto penal, en cuanto a que lo devuelve a los verdaderos involucrados, lo que resulta más efectivo en la satisfacción de las partes y, a su vez, es más eficiente en reintegrar socialmente y sacar a los adolescentes imputados del proceso penal con todas las externalidades negativas que éste presenta”, enfatizó.

Las etapas

A nivel regional, el convenio contempla tres fases: instalación, desarrollo y evaluación. En Atacama, se está ejecutando la primera, a través de un trabajo de sensibilización, información y coordinación operativa entre las instituciones del sistema de justicia juvenil.

En la ocasión se implementaron las mesas de coordinación y las próximas fechas de reunión. Representantes de la Secretaría Regional Ministerial de Justicia y Derechos Humanos, la Defensoría, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la Corporación de Asistencia Judicial y el Servicio Nacional de Menores, se encuentran revisando los criterios de trabajo establecidos en el paradigma de justicia restaurativa, identificando nudos críticos y adoptando medidas para facilitar la gestión de los casos y el trabajo en red.

En el año 2017 se concretó la primera etapa del programa en la ciudad de Santiago. Durante el 2018 se amplió la cobertura territorial a la ciudad de Valparaíso, sobre la base de las buenas evaluaciones realizadas por las instituciones participantes del Convenio. Este año se comenzó con la ampliación del programa a Copiapó y a la ciudad de Antofagasta.

Al respecto, el Defensor Regional propuso crear un acuerdo tripartito entre la Defensoría, el Ministerio Público y el Poder Judicial, para realizar capacitaciones a futuros mediadores, para que comprendan y se comprometan con esta modificación. “Como Defensoría estamos disponibles y entusiasmados en poder conformar un equipo de capacitación tripartito que permita aunar criterios técnicos y evitar que las reuniones de coordinación se transformen en un escenario de litigación, además de articular la forma más eficiente de dar a conocer este modelo a la comunidad”.

Por su parte, la Secretaria Regional de Justicia Y Derechos Humanos, Margarita Contreras planteó la posibilidad de desarrollar un convenio con la Universidad de Atacama, con la finalidad de prestar asesoría y apoyo a los mediadores.

 

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