Sala de Prensa

21/04/2021

Después de 13 meses en prisión preventiva

Defensores públicos lograron libertad para jóvenes que fueron imputados tras el estallido social

Libertad vigilada intensiva, arresto domiciliario nocturno y multas fueron algunas de las penas que el tribunal de garantía impuso a siete imputados que fueron acusados de diversos delitos cometidos en las manifestaciones de octubre de 2019

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Siete de los llamados jóvenes de la revuelta, imputados por una serie de delitos cometidos en el contexto del estallido social de octubre de 2019, salieron en libertad después de 13 meses en prisión preventiva y arresto domiciliario total, tras aprobarse en el Tribunal de Garantía de Antofagasta un procedimiento abreviado al que se sometieron voluntariamente, asesorados e informados por sus defensores públicos.

En la audiencia, los imputados fueron sentenciados a 61 días de reclusión parcial nocturna y una multa de 5 UTM en el caso de G.I.I., quien fue formalizado por el delito de receptación. F.A.A.V., en tanto, fue condenado a tres años y un día de libertad vigilada intensiva por el delito de robo con violencia. En el caso de M.A.C.C., fue sentenciado a 900 días de reclusión parcial nocturna, pero se le abonó el período que permaneció privado de libertad, por lo que se alzó su medida cautelar.

Por último, M.A.A.E. deberá cumplir 3 años y un día por el delito de robo con violencia y un año por lesiones menos graves; más 61 días y el pago de 5 UTM por el delito de desórdenes públicos y otros 61 días por delito de daños. En suma, fue sentenciado a un total de 4 años y 123 días de privación de libertad, aunque se le abonará el periodo que estuvo recluido en el complejo penitenciario de Nudo Uribe, por lo que cumplirá el resto de su condena en libertad vigilada intensiva, además de cumplir 120 horas de prestación de servicios en beneficio de la comunidad.

REUNIÓN CON FAMILIARES
En la tarde de ayer el Defensor Regional, Ignacio Barrientos, y el jefe regional de Estudios de la Defensoría, José Mario Fuentealba, se reunieron con los familiares de los jóvenes, para explicarles en qué consistiría esta audiencia y cuáles serían sus características.

“Si bien se trata de una salida que requiere un acuerdo previo entre la defensa y el órgano persecutor, dependía exclusivamente de la voluntad de los imputados decidir si optaban por el procedimiento abreviado o por un juicio oral, debiendo, eso sí, estar debidamente informados de las consecuencias jurídicas de cada opción”, explicó Barrientos.

Según el directivo, los jóvenes imputados fueron acompañados por la defensa pública en todas las etapas procesales de sus causas, contexto en que se monitoreó muy de cerca tanto "el escenario judicial como su estado de salud, particularmente en este escenario sanitario, tal como se hace con cada uno de los imputados que atendemos".

El Defensor Regional señaló que los defensores públicos Justo Veneros, Margarita Angulo, Roberto Vega y María Catalina Zuleta realizaron varias reuniones con sus familiares y desarrollaron una intensa actividad recursiva, pues durante los 13 meses que los jóvenes permanecieron sujetos a medidas cautelares revisaron reiteradamente la intensidad de las mismas, aunque sólo lograron sustituir la prisión preventiva en algunos casos, de modo que los demás debieron esperar esta instancia para salir en libertad.

“Estamos muy satisfechos del trabajo que hicieron los defensores penales públicos, quienes se entregaron con gran esfuerzo a estas causas, no sólo por los aspectos jurídicos, sino también por el enorme despliegue mediático que han provocado, especialmente con la huelga de hambre de uno de ellos. Sin embargo, hay que seguir trabajando, ya que se les acompañará hasta el último día del cumplimiento de sus penas sustitutivas”, finalizó.

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