Sala de Prensa

28/04/2021

Marco Montero y jefe del área de defensa expusieron hoy ante comisión del Senado

Defensor Nacional (S) en desacuerdo con proyecto de ley para regularizar el funcionamiento del sistema penal

Ambos rechazaron la idea de que los tribunales tengan la potestad de regular la forma en que se realizarán audiencias y juicios pendientes cuando termine el estado de catástrofe, porque eso implicaría una desigualdad de juzgamiento y de acceso a la justicia de los ciudadanos. El Ministerio de Justicia enviará a la comisión una nueva redacción del proyecto, tras aceptar la posibilidad de excluir esta atribución unilateral que se entregaba a los tribunales. Tanto el debate como la votación quedaron para la próxima semana.

Por Marcelo Padilla Villarroel,
Defensoría Nacional.

Acompañado por el jefe del área de defensa penal de la institución, Rubén Romero, el Defensor Nacional (S), Marco Montero, intervino esta mañana en una sesión de la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento del Senado, para exponer la postura de la defensa pública en torno al proyecto de ley del Gobierno que reforma el sistema de justicia para hacer frente a la acumulación de causas pendientes una vez que termine el estado de excepción de catástrofe por calamidad pública (Boletín N° 13752-07).

A este encuentro con los senadores Alfonso de Urresti, Pedro Araya (presidente), Luz Ebensperger, Rodrigo Galilea y Francisco Huenchumilla, fueron invitados también el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín; el subresecretario de Justicia, Sebastián Valenzuela; el fiscal nacional, Jorge Abbott; los académicos Cristián Maturana y Hugo Botto, y la magistrada María Soledad Piñeiro, dirigenta de la Asociación de Magistradas y Magistrados, entre otras personas.

Al tomar la palabra, Montero explicó que respecto de esta iniciativa la institución tiene una posición distinta a la del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, pues tanto por temas de oportunidad como por cuestiones de fondo la Defensoría Penal Pública no comparte la idea de legislar en esta materia.

“Primero, no es apropiado que hoy, en pleno estado de excepción constitucional, se fijen normas nuevas para regular el procedimiento penal que sean permanentes en un escenario de normalidad. Hacerlo es sacar conclusiones apresuradas sobre la efectividad y eficacia de las medidas transitorias adoptadas para hacer frente a la crisis sanitaria”, señaló.

En segundo término, agregó que más allá de lo que se ha dicho, la experiencia de los últimos meses demuestra que dentro del sistema han existido distintas formas de operar en la justicia penal, con lo cual se ha afectado el principio de igualdad ante la ley.

“A partir de esa experiencia, se ha llegado al consenso de que tenemos que avanzar en una regulación legal, en un protocolo, en cuya elaboración la Defensoría ha participado. Creemos que esa es la mejor manera de resolver transitoriamente esta problemática del sistema, que obedece a la situación de excepcionalidad en que estamos. Pero este protocolo aún no se ha puesto en práctica y recién a posteriori tendremos una experiencia y podremos contar con información más objetiva sobre su efectividad”, sostuvo.

En tercer lugar, el directivo explicó que tampoco existe aún un análisis o evaluación “que permita medir seria y objetivamente los resultados e impactos del funcionamiento semipresencial que hemos venido desarrollando de manera progresiva, pero con algunos inconvenientes en el camino”.

ESTADO DE EXCEPCIÓN
Según el Defensor Nacional, lo que busca este proyecto de reforma al sistema de justicia penal es hacer frente a la situación que se producirá cuando termine el estado de excepción, con normas procesales más flexibles, que permitan ciertas audiencias y juicios remotos o semipresenciales durante un año. Lo que no corresponde es que, transcurrido este plazo transitorio, esta regulación especial se transforme en una forma permanente de funcionamiento en normalidad del sistema.

“Se ha planteado que hemos tenido un aprendizaje respecto de una nueva forma de operar del sistema. No compartimos esa visión. No hemos tenido ese aprendizaje (…) Es apresurado pretender regular o incorporar hoy esta modificación estructural a las normas procesales del sistema acusatorio, concebido como uno de los pilares de la reforma procesal penal, una de las más exitosas de nuestra historia”, aseguró.

El abogado Rubén Romero explicó también que la defensa pública observa un problema de constitucionalidad en este proyecto de ley, pues la regulación de audiencias semipresenciales o remotas alude a la forma de juzgar a los ciudadanos, lo que debe ser materia de legislación, “porque más allá de la Constitución, no es jurisdiccional la decisión sobre la forma, que debe ser decidida por el legislador. Si no, estamos frente a una incerteza para el ciudadano, que no sabrá cómo será el procedimiento”.

Romero recordó que el año pasado, a nivel nacional, en diferentes tribunales del país, la Defensoría identificó 58 protocolos distintos para el desarrollo de audiencias y juicios remotos o semipresenciales, lo que claramente implica desigualdad en el juzgamiento.

“También hay que considerar que habrá un problema de acceso a la justicia, porque no todos los sectores van a poder acceder a estas formas de desarrollo. Por ejemplo, personas de zonas rurales o grupos más vulnerables (…) En este sentido, las garantías son de los ciudadanos y la operatividad del sistema debe considerarlo. Es decir, cautelar la eficiencia del sistema judicial no es lo primero, sino cautelar las garantías de los ciudadanos”, aseveró.

DEBATE Y ACUERDO
Tras las respectivas intervenciones, el debate fue arduo. Mientras el senador De Urresti y María Soledad Piñeiro apoyaron la postura expuesta por la defensa pública, los parlamentarios Araya, Ebensperger y Galilea respaldaron el proyecto de ley, haciendo plena fe del criterio de los tribunales para facilitar el acceso a la justicia en cada caso. El profesor Botto apoyó la iniciativa siempre que en cada caso las audiencias se desarrollen con acuerdo de las personas imputadas.

Finalmente, el ministro Larraín se abrió a la posibilidad de modificar el proyecto y restringir la reforma a aquellas materias en que exista acuerdo de todos los intervinientes, excluyendo así la decisión unilateral del tribunal respecto de la forma de realización de las audiencias.

Por lo mismo, se acordó al final de la sesión que el Ministerio hará llegar a la comisión una nueva redacción del proyecto, con los ajustes conversados, de manera que tanto el debate como la votación de la iniciativa quedaron para la próxima semana.

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