Sala de Prensa

19/05/2021

Tras rechazo en 'Comisión de libertad condicional'

Defensora penitenciaria Keomara Henríquez obtuvo libertad de condenada en caso de alta connotación pública

La cuarta sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel acogió el recurso de amparo presentado por la abogada contra la 'Comisión de libertad condicional' y dejó sin efecto la resolución que le denegó el beneficio a Natalia G. J. (35) -quien cumplía condena en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago-, pese a que cumplía los requisitos legales.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

En fallo dividido, la Corte de Apelaciones de San Miguel dejó sin efecto una resolución de la 'Comisión de libertad condicional' impugnada por la Defensoría Penal Pública a través de un recurso de amparo y ordenó continuar el procedimiento legal para materializar el derecho a la libertad condicional de Natalia G., condenada por el Juzgado de Garantía de Quilpué a la pena de 5 años de presidio, en calidad de autora del delito consumado de parricidio.

La pena original concluye el 12 de diciembre de 2021, por lo que la mujer ya ha cumplido el tiempo mínimo y los demás requisitos legales para postular y obtener la libertad condicional.

La defensora penitenciaria Keomara Henríquez explicó que el escrito fue presentado una vez conocido el rechazo de la 'Comisión de libertad condicional', pese a que existían los antecedentes suficientes de buena conducta y un informe psicosocial favorable.

“Ella cumplió con un plan de intervención, entonces consideramos que se cumplían todos los requisitos y, por tanto, la resolución de la 'Comisión de libertad condicional' era ilegal y arbitraria”, sostuvo Henríquez.

APTA PARA BENEFICIO
Según el fallo, que se conoció anoche, la condenada “se encuentra en situación de asumir una efectiva reinserción social, apoyada por su entorno familiar”, por lo que “esta Corte estima (que está) apta para recibir el beneficio solicitado".

La causa que mantenía privada de libertad a Natalia G. se refiere a hechos de alta connotación pública conocidos como el “Caso de la Secta de Colliguay”, en cuyo contexto la representada por la defensa penitenciaria de la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS) se encontraba cumpliendo una pena de cinco años, que finalizaba en diciembre de este año.

“La condena iba de 2019 al 12 de diciembre de este año. Considerando los abonos y el tiempo que permaneció privada de libertad (940 días), se cumplía con los dos tercios de cumplimiento de la pena que exige el Decreto Ley N° 321 que regula la libertad condicional”, señaló la defensora pública.

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