Sala de Prensa

17/06/2021

En seminario sobre defensa pública en unidades policiales

Contar con defensa pública recién ocurrida la detención legitima el proceso penal

Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y Sara Vera, asesora de la Asociación de Prevención contra la Tortura, aplaudieron el proyecto de la Defensoría, por el rol clave que los defensores públicos cumplen en la protección de los derechos de las personas detenidas.

Por José Ignacio Aguirre O.,
Defensoría Regional Metropolitana Norte.

El proyecto de defensa en comisarías -que empieza a instalar la Defensoría Penal Pública- fue calificado como una iniciativa que significa un avance original y relevante en la defensa de los derechos humanos de las personas detenidas. Así lo dijeron los expositores del panel “Aproximaciones generales al rol de la defensa pública en unidades policiales”: Jaime Arellano, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA), y Sara Vera, asesora para América Latina de la Asociación para la Prevención de la Tortura (APT).

Este debate abrió el seminario “Defensa en unidades policiales: avanzando en el acceso a la justicia”, organizado por las Defensorías Regionales Metropolitanas Norte (DRMN) y Sur (DRMS), junto a CEJA, APT, el programa EUROsociAL+ de la Unión Europea y el diario electrónico Enestrado.cl. A cargo de la conducción del debate estuvieron las Defensoras Regionales Daniela Báez y Loreto Flores, quien moderó este panel.

AVANCE ORIGINAL Y APOYO FUTURO
El directo del CEJA destacó que la creación de este modelo de defensa especializada es una iniciativa inédita en América Latina, que podría ser imitada por otros países de la región.

Respecto del inicio de pilotos del modelo en seis regiones del país, Jaime Arellano enfatizó que deben generarse las condiciones para que este trabajo de los defensores públicos en las unidades policiales se pueda realizar. Agregó que antes deben resolverse temas como horas de trabajo de los abogados y habilitación de las comisarías, tanto por los espacios físicos para las entrevistas de las defensoras y defensores públicos a los detenidos con la privacidad necesaria, como por la destinación de personal uniformado al efecto.

Según Arellano, en esta primera etapa es posible que las policías hagan reestructuraciones para que todo funcione, pero a futuro estimó que deberán generarse asignaciones presupuestarias.

Destacó también que el proyecto va en el sentido correcto de legitimar el proceso penal, ya que las actuaciones policiales deben apegarse a la ley, respetando los derechos de las personas detenidas. En este sentido, indicó que hay que disminuir la “cifra negra” de detenciones no reportadas a la Fiscalía.

El director del CEJA concluyó que todo esto debe servir como un aprendizaje para el personal policial, lo que debe implicar un proceso de capacitación interinstitucional.

Al respecto, tanto la DRMN como la DRMS organizaron y programaron con Carabineros un ciclo de capacitaciones, que ya se está efectuando en las distintas comisarías de Santiago.

PREVENIR EPISODIOS DE TORTURA
Sara Vera, de APT, elogió el proyecto de defensa en unidades policiales de la Defensoría, pues la prevención de la tortura nos debe comprometer a todos, señaló. Sostuvo también que este nuevo modelo de defensa especializada constituye un avance muy relevante, pues no existe algo similar en otros países.

Vera enfatizó que, de acuerdo con un estudio de la APT, la prevención de la tortura contra personas detenidas es posible, para lo cual se identificaron varias condiciones. En primer lugar -señaló-, notificarle a la persona el por qué de su detención y asegurarle el acceso a un abogado, a un médico independiente para verificación de lesiones y a las grabaciones de los interrogatorios y otras diligencias practicadas con el detenido

La asesora de APT hizo ver que el proyecto de defensa en unidades policiales es coherente con estos objetivos y agregó que para los defensores públicos este rol es esencial, pues normalmente son los primeros en tomar contacto con la persona tras su detención y se constituyen en el canal principal de contacto con las familias.

En este sentido, destacó la importancia del derecho a la información, esto es que tanto el detenido como sus familias sepan el por qué de su aprehensión.

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