Sala de Prensa

02/09/2021

El Defensor Regional (S) rindió cuenta pública de esa gestión anual

Ñuble: 56 personas estuvieron en prisión preventiva por delitos contra la salud pública en 2020

Antonio Guerra Sepúlveda destacó el incremento de causas atendidas por la institución y señaló que reflejan la cantidad de casos registrados producto de la pandemia: “Con el aumento de los delitos por infracciones sanitarias, un gran número de personas imputadas debió enfrentar un proceso penal, que tuvo un alto costo para ellas y sus familias”, sostuvo

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de Ñuble.

Durante 2020 ingresaron a la Defensoría Regional de Ñuble 3 mil 561 causas por delitos contra la salud pública, lo que representó un 31 por ciento de los ingresos anuales. Dentro de ese total, 56 personas imputadas estuvieron en prisión preventiva.

Estas son parte de las cifras destacadas que expuso hoy el Defensor Regional (S) de Ñuble, Antonio Guerra Sepúlveda, al rendir su cuenta pública de la gestión 2020 de este equipo institucional, contexto en que relevó los efectos causados por la pandemia de Covid-19 en la labor de la defensa pública.

Según Guerra, el año pasado fue particularmente difícil para todas y todos, porque experimentamos los efectos de una pandemia sin precedentes a nivel mundial, lo que nos afectó en distinta medida, como un largo camino que hemos debido enfrentar a nivel familiar, institucional y social.

"A pesar de ello nos organizamos, porque como Defensoría tenemos claro cuál es nuestro rol. Estamos conscientes de que somos una institución indispensable para el equilibrio en el sistema de justicia, especialmente para aquellas personas que enfrentan un proceso penal, lo que se suma a la dimensión humana y social generada por el medio o por las condiciones de vida, como le ocurre a la gran mayoría de nuestros usuarios en situación de vulnerabilidad”, afirmó.

¿QUÉ DICEN LAS CIFRAS?
El directivo expuso que durante 2020, la Defensoría Regional de Ñuble entregó defensa jurídica y de calidad a 9 mil 94 imputadas e imputados, con un incremento de 9 por ciento respecto de 2019. De ese total, el 15,7 por ciento eran mujeres, el 3,07 por ciento menores de 18 años, el 0,82 por ciento imputados extranjeros y sólo el 0,25 por ciento imputadas e imputados de pueblos originarios.

El Defensor Regional realizó un comparativo, según el cual los principales delitos de 2019 fueron lesiones, delitos de la Ley de Tránsito, delitos contra la libertad e intimidad de las personas y hurtos, que en conjunto sumaron más de 5 mil 500 casos.

Sin embargo, en 2020 los delitos contra la salud pública encabezaron el listado, seguidos por las lesiones, que disminuyeron en más de 500 casos, y por los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, que mostraron una leve disminución.

Según el abogado, donde sí hubo una notoria baja fue en los hurtos, que cayeron de 964 casos en 2019 a 473 en 2020, con lo cual pasaron del cuarto al sexto lugar en la estadística regional. Algo muy parecido ocurrió con los robos no violentos, que bajaron de 454 a 296 casos.

Guerra informó también que 415 personas imputadas (4,6 por ciento del total) estuvieron bajo la medida cautelar de prisión preventiva, con una disminución de 12,6 por ciento respecto del año anterior.

“Como defensa pública, algunas de las cifras que hemos exhibido nos han permitido continuar en la senda de contribuir al acceso a la justicia como un derecho fundamental, del que toda sociedad democrática, participativa e igualitaria debiera garantizar y así, reconocer y proteger los derechos de todas y todos nuestros representados”, señaló.

DEFENSA PÚBLICA Y PANDEMIA
Respecto de la crisis sanitaria, el Defensor Regional relevó el incremento de causas atendidas por la institución y explicó que, en su mayoría, "es el reflejo de la cantidad de casos registrados producto de la pandemia, por delitos a infracciones a las normas sanitarias y que guardan relación con el artículo 318 del Código Penal, donde un número importante de las audiencias fueron suspendidas mientras se encontraba vigente el estado de excepción constitucional de catástrofe”.

Agregó que el aumento de los delitos por infracciones sanitarias derivó en un gran número de personas imputadas que debieron enfrentar un proceso penal. “Consideramos que el tipo penal del artículo 318 se ha utilizado de forma excesiva, sin distinción del caso a caso, con todo el costo que significa para las y los imputados y sus familias”.

AUDIENCIAS Y JUICIOS
Durante su exposición, Antonio Guerra dijo que la institución participó activamente en el debate sobre realizar o juicios orales virtuales, en el contexto del estado de excepción por la crisis sanitaria que se vivía en los primeros meses.

“Todo era una incertidumbre y las prioridades en las políticas públicas tuvieron un giro sin precedentes. A medida que pasaba el tiempo, como sistema de justicia nos preparábamos para enfrentar un desafío mayor: las audiencias de juicios orales”.

El abogado fue categórico al sostener que la defensa pública siempre ha respetado la voluntad de sus representados: “Es una garantía y un derecho de quienes se enfrentan a un proceso penal. El cuestionamiento fue discutir la presencialidad, el diálogo con su representado, el cuestionamiento de la prueba, la claridad con que las y los imputados percibían los planteamientos vertidos por los diferentes intervinientes y la importancia de la comunicación directa y confidencial entre el abogado defensor y el imputado”, aseguró.

DEFENSA PENITENCIARIA
Este año, la Defensoría de Ñuble fue una de las seis sedes institucionales donde comenzó a funcionar el nuevo modelo de defensa penitenciaria, que entrega asesoría jurídica universal a todas las personas condenadas privadas de libertad. Al respecto, Guerra explicó que ahora los internos del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Chillán cuentan con un equipo de defensa especializada que los acompañe durante todo el curso de su condena, sin requerimiento previo, lo que esperamos desarrollar prontamente para las restantes unidades penales de la región”, señaló.

Añadió que la puesta en marcha de este nuevo modelo especializado exige coordinación, compromiso y esfuerzo de toda la institucionalidad que forma parte del sistema de justicia penal, "en pos de resguardar los derechos y garantías de las personas condenadas en el cumplimiento de sus penas privativas de libertad", indicó.

COMPROMISO SOCIAL
El directivo valoró también algunos esfuerzos colectivos de gran compromiso social, como la alianza entre la Defensoría Regional de Ñuble, Gendarmería y la Universidad del Biobío (sede Chillán), que permitió desarrollar un proyecto de bienestar emocional y salud física y mental para las mujeres internas en la cárcel de Chillán.

“La iniciativa tuvo por objetivo contribuir a su rehabilitación y ser un aporte real a su reinserción. El programa cautivó el interés de 28 internas que, a través de una actividad deportiva en equipo, permite mejorar el entorno social de las mujeres privadas de libertad, bajando los niveles de estrés y mejorando su salud física y mental”, manifestó.

CASO EMBLEMÁTICO
Al término de su exposición, el Defensor Regional de Ñuble recordó uno de los casos de mayor connotación durante el estallido social de 2019 y cuyo protagonista es Carlos Concha, un joven que fue acusado por el delito de porte de elementos explosivos e incendiarios y que fue absuelto por unanimidad en el Tribunal Oral en lo Penal de Chillán.

“En 2020, 23 imputadas e imputados fueron declarados inocentes. Dos de ellos estuvieron más de seis meses privados de libertad y el resto estuvo entre 16 días a seis meses con esa medida cautelar. Este dato no nos deja indiferentes y no puede ser sino una voz de alerta, que nos invite a reflexionar en torno a las prisiones preventivas", advirtió.

Antonio Guerra pidió tener presente que toda persona tiene derecho a que se le presuma inocente y pueda permanecer en libertad mientras dure el proceso de investigación en su contra.

"Las prisiones preventivas no deben ser una regla general. Por el contrario, en caso de dudas debe prevalecer la libertad. La cárcel no puede ser la principal respuesta”, concluyó.

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