Sala de Prensa

15/10/2021

Gustava Aguilar Moraga transmitió su exposición en formato on-line

Defensora Regional de Magallanes rindió cuenta pública de gestión institucional 2020

La abogada reiteró la necesidad de contar con calabozos dignos en la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas y de que Gendarmería esté presente en Cabo de Hornos. También mencionó el mal funcionamiento de la Unidad de Pacientes Siquiátricos de la cárcel puntarenense, la falta de un psiquiatra en el SML y la urgencia de retomar la política regional de reinserción social, que estuvo paralizada por la pandemia.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoria Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

La Defensora Regional de Magallanes, Gustava Aguilar Moraga, rindió ayer cuenta pública de la gestión administrativa y penal de su equipo durante 2020, a través de una ceremonia que se realizó de manera on-line y cuya transmisión, con los debidos resguardos sanitarios y de aforo, pudo ser seguida por autoridades del sector justicia y funcionarios de la institución en el Salón Cultural Municipal de Punta Arenas.

La cuenta fue grabada previamente tanto en dependencias del citado recinto como en el complejo penitenciario de Punta Arenas, donde un grupo de mujeres internas en la Sección Femenina pudieron participar como público invitado.

Aguilar explicó que el contexto sanitario provocado por la pandemia exigió a funcionarios y funcionarias un mayor esfuerzo para seguir prestando una defensa de calidad a todos los usuarios y usuaruas, procurando a todos el acceso a la justicia y la cautela del derecho a defensa, del debido proceso y del principio de inocencia, para lo cual la institución debió adecuar sus formas de atención a formatos remotos y semi presenciales.

“Lo anterior fue posible porque contábamos con un soporte tecnológico avanzado y un adecuado sistema informático penal y administrativo, todo lo cual nos permitió enfrentar la pandemia en forma adecuada y seguir prestando un servicio de calidad”, señaló.

DEFENSA PENAL EN PANDEMIA
La Defensora Regional agregó que los abogados de defensa general y defensa penitenciaria entrevistaron a los usuarios a través de video conferencias y realizaron atenciones telefónicas en las localidades de Punta Arenas, Puerto Natales, Porvenir y Puerto Williams.

En ese contexto, valoró que las reuniones de coordinación sostenidas con el juzgado de garantía, el tribunal de juicio oral en lo penal y el Ministerio Público permitieran acordar la suspensión de audiencias, salvo en aquellas causas con imputados privados de libertad, mientras que las que no podían postergarse se efectuaron por video conferencia, al igual que los controles de detención realizados desde las unidades policiales de la región.

CONVENIO CON CARABINEROS
Aguilar destacó el convenio vigente entre la Defensoría Regional y la Primera Comisaría de Carabineros, gracias al cual la Defensoría puso a disposición de ese cuartel policial un equipo notebook y un celular con conexión a internet, lo que permitió garantizar las entrevistas previas de las y los defensores públicos con sus representados y realizar las audiencias de control de detención de un modo seguro y oportuno.

La abogada resaltó también la iniciativa del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, que decidió desarrollar esas audiencias en dos jornadas -mañana y tarde-, para que las personas detenidas no permanecieran por un tiempo mayor al razonable privadas de libertad y se minimizara el peligro de eventuales contagios por Covid-19.

También valoró la coordinación lograda con los funcionarios policiales de la región, lo que permitió tener a las personas detenidas dispuestas para ser entrevistadas por sus defensores a primera hora de cada día.

JUICIOS ORALES
Respecto de los juicios orales, explicó que “si bien en un primer momento nos opusimos a la realización de los juicios por vía remota, pues con ello se vulneran las garantías de los imputados, en casos especiales y con el consentimiento del acusado se realizaron algunos juicios, cuando constatábamos que no se atentaba contra sus derechos durante su desarrollo”.

En relación con las personas privadas de libertad, Gustava Aguilar informó que recibieron la atención oportuna y de calidad que por derecho les asiste, lo que fue posible gracias a las coordinaciones realizadas con Gendarmería, lo que permitió realizar las entrevistas de los defensores públicos a las personas imputadas o condenadas privadas de libertad a través del sistema de video conferencia.

Contribuyó a ello que Gendarmería permitiera a los internos usar celulares para mantener contacto permanente con sus familiares, luego de que se suspendieran las visitas presenciales producto de las cuarentenas y los protocolos sanitarios vigentes. Según Aguilar, la Defensoría facilitó dos teléfonos celulares para tales efectos.

PROVINCIAS
“Si bien el uso de la tecnología nos permitió realizar la prestación de defensa de manera oportuna en cada una de las provincias de la región, las limitaciones de conectividad y velocidad de acceso a internet fueron un factor limitante”, comentó Aguilar.

La Defensora Regional ejemplificó tal noción con los problemas de conexión en Porvenir y Puerto Williams, ciudades donde el acceso a internet resulta más limitado, por lo que en variadas oportunidades los imputados debieron concurrir a las oficinas de la Defensoría para poder conectarse virtualmente a alguna audiencia por video conferencia.

Mencionó, además, la situación especial ocurrida en Cabo de Hornos con personas condenadas a pena sustitutiva, quienes pudieron iniciar su ejecución por video conferencia, porque en esa localidad no hay un centro de reinserción social y debían viajar hasta Punta Arenas para comenzar la respectiva pena sustitutiva.

“Lo anterior deja en evidencia un problema que hemos venido representando desde la entrada en funciones del Tribunal Mixto de Cabo de Hornos: la urgencia de la presencia de Gendarmería en dicha comuna”, dijo.

CIFRAS PRINCIPALES
Durante la cuenta se informó que en 2020 ingresaron 4 mil 201 causas a la defensa pública regional, con un aumento de 14,3 por ciento respecto del año anterior.

De ese total, el 81 por ciento correspondió a hombres, el 4,3 por ciento a personas extranjeras o migrantes, el 3 por ciento a adolescentes y el 0,9 por ciento a personas pertenecientes a pueblos originarios.

En tanto, de los 5 mil 750 delitos registrados en el periodo, los más frecuentes fueron los de la Ley de Tránsito (15 por ciento), las lesiones (14,5 por ciento) y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (11 por ciento). Auinque todos ellos mostraron una baja respecto del año anterior, no ocurrió lo mismo en la categoría 'otros delitos', que sumó el 32,8 por ciento del total, lejos el porcentaje más alto desde el inicio de la reforma procesal en Magallanes

“Este porcentaje se explica porque uno de cada tres delitos judicializados por el órgano persecutor correspondieron a hechos asociados al artículo 318 del Código Penal, infracciones del toque de queda, a las cuarentenas y otros, lo que incrementó la carga de trabajo de cada defensor de forma significativa”, subrayó Gustava Aguilar .     

Agregó que para la Defensoría, la gran mayoría de estos hechos no eran constitutivos de delitos, la que fue ratificado por fallos de la Corte Suprema y del Tribunal Constitucional (TC).

La Defensora Regional destacó particularmentela coordinación regional que ha existido entre las distintas instituciones vinculadas con la justicia procesal penal, “porque si algo nos enseñó la pandemia es la importancia de trabajar de forma colaborativa. Lo anterior fue indispensable para una atención eficaz y oportuna de nuestros usuarios”, expresó.

CASOS EMBLEMÁTICOS
Entre los casos más emblemáticos de 2020, mencionó la absolución de una mujer acusada de de tráfico de drogas y el caso  de un joven absuelto en una causa de Porvenir, porque en ambos casos las personas estuvieron más de un año privadas de libertad.

"Ello evidencia lo que siempre hemos sostenido, que la prisión preventiva no puede ser nunca una pena anticipada, que ésta debe ser usada como último recurso y solo cuando las otras medidas son insuficientes para asegurar los fines del procedimiento”, aseguró.

También aludió al caso de una persona que formalizada por abuso sexual, pese a que un examen de ADN la exculpaba. A partir de ello, señaló que los actores del sistema procesal penal deben ser estrictamente rigurosos en sus procedimientos para no afectar la honra de las personas

MUJERES
La jefa regional de la defensa pública recordó que la institución advritió tempranamente que las mujeres privadas de libertad merecen un recinto adecuado a sus necesidades y especiales condiciones, por lo que apoyó un proyecto de Gendarmería para la normalización, construcción y rehabilitación de los módulos de la sección femenina del complejo penitenciario de Punta Arenas, cuyo principal objetivo es mejorar el bienestar y las condiciones de vida de las mujeres allí recluidas.

“Sin embargo, todo mejoramiento de infraestructura será insuficiente si no es acompañado por programas de capacitación laboral y reinserción social”, manifestó.

RECONOCIMIENTOS
La Defensora Regional destacó el trabajo de todos los equipos de defensa pública en Magallanes: defensores públicos institucionales y licitados, funcionarios administrativos o de apoyo y asistentes, “quienes siempre y de manera especial durante este periodo se han constituido en un soporte fundamental para la eficiente y efectiva prestación del servicio de defensa”, remarcó.

También hizo una mención especial a los funcionarios regionales que presentaron la iniciativa “Sistema de apoyo para inducción de plataformas informáticas de la Defensoría Penal Pública y gestión de defensa” al programa de reconocimiento institucional y obtuvieron el segundo lugar a nivel nacional en el eje innovación.

REINSERCIÓN SOCIAL
Un punto central del discurso se refirió a la reinserción social de las personas privadas de libertad, pues se mantiene pendiente el fortalecimiento de la política regional del ámbito.

"Producto de la pandemia, durante el año observamos con preocupación que la población penal no contó con ninguna intervención psico social, lo cual implica una grave vulneración de los derechos humanos de las personas privadas de libertad (...) Es esencial materializar de manera prioritaria la política regional de reinserción social”, remarcó.

CALABOZOS
Al igual que en cuentas anteriores, Aguilar señaló que los actuales calabozos de la Primera Comisaría de Carabineros de Punta Arenas no reúnen las condiciones de espacio, seguridad ni higiene adecuadas para recibir dignamente a las personas detenidas.

“Todos estos años hemos estado en permanente contacto y mantenemos una relación cordial y fluida con Carabineros de Chile. Queremos relevar la importancia de su función y la necesidad de que cuenten con nueva infraestructura adecuada. La Comisaria en Punta Arenas resulta insuficiente, la ciudad crece, la población aumenta y la policía uniformada continúa con las mismas y precarias instalaciones desde hace muchos años”, subrayó.

En el mismo tema, explicó que hace poco un equipo de la Defensoría Regional visitó esos calabozos y constató la existencia de un punto ciego en el sector de las celdas de detención, que no era registrado por las cámaras de vigilancia existentes.

“Conocida tal carencia, los funcionarios de la Defensoría Regional se organizaron y donaron dos cámaras de vigilancia de alta resolución y un computador totalmente equipado, con webcam y micrófono. Dichas cámaras de vigilancia permitirán que se mejore la seguridad de las personas allí detenidas”, sostuvo.

SALUD MENTAL
Gustava Aguilar advirtió también que la Unidad de PsiquiatrÍa Forense del Hospital Intrapenitenciario de Punta Arenas no funciona como corresponde, “afectando la salud de quienes debe proteger, las y los privados de libertad que presentan problemas de salud mental, quienes no han recibido atención, lo cual ha derivado en situaciones críticas, como son los suicidios de los que desgraciadamente hemos sido testigos en el último tiempo”, recalcó.

Mencionó, además, la falta de un psiquiatra en el Servicio Médico Legal, “lo que produjo un retraso en la tramitación de causas en que los afectados son precisamente personas con problemas de salud mental”. 

RECARGA DE AUDIENCIAS
Según la abogada, la recarga en el ingreso de causas paralizadas o no judicializadas “implicará un esfuerzo adicional en la labor de defensores, fiscales, tribunales y organismos auxiliares, que requerirán una coordinación conjunta y voluntad de todos los actores”.

Por lo mismo, explicó que lidera “un grupo de personas de extraordinaria calidad humana y profesional. Con mucho orgullo puedo asegurar que nadie se ha quedado sin servicio de defensa, aun en tiempo complejos como el que nos ha tocado vivir estos dos últimos años”.

Destacó que durante este periodo, el equipo regional demostró gran versatilidad y capacidad de adaptación para realizar eficiente y eficazmente sus tareas. Agregó que si bien la pandemia afectó a todos, “a nuestros usuarios, que por lo general provienen de los grupos más vulnerables de la sociedad, los golpeó con mayor fuerza, por lo que asumimos siempre como un deber y obligación seguir entregándoles, aun en circunstancias adversas, un servicio de calidad”.

“Porque ya sea en épocas normales, de estallido social o de pandemia, cuando las personas en nuestro país enfrentan las vicisitudes de la persecución penal, nos compete propender su igual acceso a la justicia, respeto al debido proceso, y a la presunción de inocencia”, comentó.

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