Sala de Prensa

24/12/2021

Fallo unánime del tribunal oral en lo penal de esa ciudad

Defensora pública de Calama sumó nueva absolución en caso del estallido social

Un segundo veredicto absolutorio por unanimidad respecto de casos por porte de artefacto incendiario obtuvo la abogada Marcela Fuentes. En ambos casos las alegaciones se centraron en la falta de participación de los imputados.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Una nueva absolución en un caso de porte y tenencia de artefacto explosivo en el contexto del estallido social logró hoy la defensora pública de Calama, Marcela Fuentes, al sumar el fallo unánime dictado por el tribunal oral en lo penal de esa ciudad en el juicio contra un joven atacameño que desde 2019 enfrentó un largo proceso penal. 

El juicio oral contra L.Y.C.F. se desarrolló justo al cumplirse dos años desde que el Ministerio Público lo acusó de lanzar una bomba molotov contra el cuartel de Carabineros de San Pedro de Atacama, hechos por los cuales el persecutor solicitaba una pena de cuatro años de presidio menor en su grado máximo.

En esta instancia, los jueces valoraron la prueba presentada por la Fiscalía y por la defensora pública, quien durante toda la investigación sostuvo la falta de participación de su joven representado.

“Nuestra tesis durante todo el curso de la investigación y en los recursos de apelación contra la prisión preventiva -que se le impuso por 35 días-, fue su de falta de participación, ya que el día de los hechos se le detuvo mientras se dirigía a su domicilio luego compartir con algunas amistades", explicó Marcela Fuentes.

Según ella, en ese momento se armó una turba que corría durante las manifestaciones propias del estadillo social. "El imputado se asustó y corrió, pero a poco andar fue detenido y sindicado como quien intentó incendiar la comisaría, a pesar de que los testigos señalaron de inmediato a Carabineros el error en que estaban incurriendo, dado que ellos mismos vieron a otro sujeto arrojando la molotov”, agregó.

PRUEBA PERICIAL
Con todo, el proceso siguió adelante y, además de estos testimonios, se presentó prueba pericial relacionada con el artefacto que se le habría incautado, cuyo resultado cuestionó que se tratara efectivamente de un objeto incendiario.

Respecto de la tenencia del artefacto explosivo, los jueces también acogieron la tesis de la defensa pública, en cuanto a que los funcionarios policiales excedieron sus facultades al desarrollar un registro de las pertenencias del imputado sin mediar un control de identidad legítimo, fundado en indicios suficientes.

De hecho, el fallo del tribunal expuso que “el ejercicio del poder punitivo del Estado sólo puede legitimarse en el escrupuloso respeto de las garantías penales y procesal-penales de los ciudadanos. En caso contrario, toda imposición de una pena no es más que un ejercicio de violencia despótica, carente de toda posible justificación”, por lo cual se excluyó toda la prueba obtenida a través del proceder policial.

ELEMENTOS CONTUNDENTES
Esta absolución se suma a la de D.I.R.R., quien en noviembre de 2019 fue acusado de arrojar elementos contundentes contra un vehículo policial, personal policial y casas existentes en el sector de las calles Ramírez con Granaderos de Calama.

En este caso, después de valorar las pruebas, los jueces orales arribaron a la conclusión de que ”el mero hecho de participar e intervenir en una manifestación social, así como el correr ante el actuar policial que busca su disipación, es absolutamente insuficiente y carente de objetividad para efectos de ser considerados indicios que justificaran el posterior control, ya que finalmente de lo primero es un derecho reconocido constitucionalmente a las personas el reunirse y manifestarse”, señalaron.

PRISIÓN PREVENTIVA
La Defensoría Penal Pública ha hecho hincapié  en la cifra de personas que año a año deben cumplir la medida cautelar de la prisión preventiva y luego han sido absueltas. "Se trata de una cifra que se incrementa año a año y que tiene directa relación con la normalización de su uso excesivo, sin considerar las consecuencias emocionales, sociales y económicas que provoca la medida en la persona imputada, su familia y su entorno", señalaron desde la institución.

En este sentido, el Proyecto Inocentes (http://www.proyectoinocentes.cl/) es un esfuerzo institucional que busca visibilizar estos casos ante la opinión pública y los actores del sistema.

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