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Corte Suprema acogió recurso de amparo presentado por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá

16/08/2024

Magistrados consideraron circunstancias personales y sociales que afectaban a la imputada

Corte Suprema acogió recurso de amparo presentado por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá

En un fallo que marca un hito en la justicia regional, la Corte Suprema dejó en libertad a una mujer venezolana imputada por tráfico de drogas en Iquique, argumentando que el tribunal de garantía no consideró su condición de vulnerabilidad. La resolución destaca la importancia de los derechos humanos en la administración de justicia, aludiendo a las normas internacionales que protegen a mujeres en situaciones de extrema vulnerabilidad.

Por Eduardo Aracena C.,
periodista Defensoría Regional de Tarapacá.

La Corte Suprema resolvió dejar en libertad a una mujer, de nacionalidad venezolana, que había sido imputada por tráfico de drogas en Iquique y que permanecía en prisión preventiva.

La decisión, que se produjo tras la presentación de un recurso de amparo por la jefa de Estudios de la Defensoría Regional de Tarapacá, Karina Reyes, con el apoyo de su equipo de postulantes, sienta un precedente en la consideración de las circunstancias personales y sociales que afectan a las mujeres en el sistema judicial.

La imputada, una migrante irregular con hijos pequeños -uno de los cuales reside con ella en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Iquique- fue inicialmente objeto de una medida cautelar de prisión preventiva, la cual fue revisada por el tribunal de garantía, que decidió mantenerla.

No obstante, la defensa presentó un recurso de amparo, que fue rechazado en primera instancia por la Corte de Apelaciones de Iquique. Sin embargo, posteriormente y en un acto de justicia y equidad, la Corte Suprema apeló a la normativa internacional sobre derechos humanos y resolvió liberar a la mujer.

ANTECEDENTES SOCIALES
En su fallo, la Corte Suprema argumentó que el tribunal de garantía no analizó adecuadamente el cúmulo de antecedentes sociales aportados por la defensa pública, los cuales evidenciaban la situación de extrema vulnerabilidad de la imputada, una condición que debería haber sido protegida según los estándares internacionales de derechos humanos.

La Corte enfatizó que, en casos como estos, la privación de libertad debe estar justificada con un esfuerzo argumentativo riguroso, que pondere los riesgos procesales con la preservación de bienes igualmente valiosos para la sociedad, como es el derecho a la libertad en condiciones de vulnerabilidad.

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