Sala de Prensa

10/05/2022

Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, rindió primera cuenta pública de su gestión

Más de 121 mil personas imputadas por un delito, con causas terminadas en 2021, resultaron ser inocentes

Se trata de la cifra más alta de personas absueltas o sobreseídas desde los inicios de la reforma procesal penal, superando el 30 por ciento del total de causas terminadas. De ellas, el 55 por ciento corresponde a personas imputadas por delitos contra la salud. En su discurso, Mora Jano destacó la idea de la Convención Constitucional de consagrar la autonomía institucional y dejar a la Defensoría con el mismo estatus de independencia que el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Por Paola Sais Dünner,
Defensoría Nacional.

En modalidad virtual, y seguido por las máximas autoridades del Poder Judicial, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y de las otras instituciones que integran el sistema penal, el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, rindió cuenta pública de la gestión institucional durante 2021, en la que destacó el trabajo incansable de la Defensoría Penal Pública -en sus 21 años de existencia- por entregar una defensa especializada de calidad y por denunciar el abuso de la prisión preventiva como una condena anticipada.

“La Defensoría ha advertido reiteradamente que un uso excesivo de la prisión preventiva puede convertirse en una condena anticipada para miles de personas que -eventualmente- terminarán condenadas a penas no privativas de libertad o que no recibirán ninguna sanción por ser absueltas de todo cargo”, advirtió.

Según el directivo, el desafío, entonces, “es tener siempre presente que las medidas relativas a la privación de libertad no pueden resolverse en legislaciones rápidas o también llamadas agendas cortas, sino que deben obedecer a políticas públicas cautelares pensadas, diseñadas y aplicadas desde los principios, pues son éstos los cimientos de cualquier normativa democrática”, agregó.

Mora Jano destacó también que durante el año pasado ingresaron 310 mil 723 causas a la Defensoría y que, de este total, hubo 15 mil 321 personas a las que se le aplicó prisión preventiva. Y aunque hubo una baja de 16,4 por ciento respecto de quienes recibieron esta medida cautelar en 2020, subrayó la preocupación de la institución por los 121 imputados que llevan más de dos años privados de libertad esperando un juicio, superando el límite legal.

Añadió que, ante esta realidad, la Defensoría lleva varios años trabajando para combatir el uso abusivo de la prisión preventiva, lo que se refleja en un progresivo aumento de la tasa de solicitudes de revisión de esta medida cautelar, que pasó de un 40 por ciento en 2018 a 60 por ciento en 2021.

CIFRA RECORD
Mención especial merece la cantidad de personas imputadas que, durante 2021, terminaron sus causas siendo absueltas o sobreseídas. En total, hubo 121 mil 342 personas que pasaron por esta situación, la cifra más alta desde los inicios de la reforma procesal penal y que constituyó el 30,3 por ciento del total de causas terminadas el año pasado.

Respecto de esta alza inusitada, el Defensor Nacional destacó que el 55 por ciento de las personas que resultaron ser inocentes fueron imputadas por delitos vinculados a infracciones sanitarias, mayoritariamente a las del artículo 318 del Código Penal, que durante 2020 y 2021 se utilizó para perseguir el incumplimiento del toque de queda y de las cuarentenas sanitarias por la ciudadanía.

Mora Jano destacó que la Defensoría Penal Pública interpuso una seguidilla de recursos ante la Corte Suprema en contra de la figura penal del artículo 318, los que fueron acogidos por el máximo tribunal. Sostuvo que tales decisiones y la posterior confirmación del Tribunal Constitucional determinaron que los ingresos masivos al sistema por infracciones sanitarias se resolvieran sin una condena penal.

“A inicios de la pandemia, la política criminal adoptada por el Ministerio Público consistió en utilizar la figura del artículo 318 del Código Penal para perseguir infracciones sanitarias relativas a los incumplimientos de cuarentena y permisos de movilidad. Lo anterior generó un ingreso y recarga masiva del sistema penal, utilizando la herramienta penal para controlar un fenómeno sanitario. Posterior a que la Defensoría Penal Pública acudiera a los máximos tribunales del país, se confirmó la tesis que siempre habíamos sostenido”, remarcó el directivo, quien lamentó que esta situación finalmente “distorsionó el funcionamiento regular del sistema, e impactó alterando las estadísticas históricas de ingresos y cargas de las instituciones que conforman el sistema de justicia penal”.

DEFENSA EN UNIDADES POLICIALES
En sus 21 años de existencia, la Defensoría Penal Pública ha atendido un total de 5 millones 407 mil , enfocándose siempre en la entrega de una defensa técnica especializada y de calidad.

Durante 2021 y a partir de una necesidad detectada durante el estallido social, la institución puso en marcha un ‘Programa piloto de defensa en comisarías’, que se desarrolló en siete comunas del país.

Esto fue posible gracias al apoyo del Programa EUROsociAL+ de la Unión Europea, que en julio de 2020 entregó un “Diagnóstico de la situación de la defensa a personas detenidas en unidades policiales en Chile”, a partir del cual se suscribió un convenio con Carabineros de Chile que, entre otras cosas, permitió que las y los defensores públicos pudieran entrevistar a los detenidos en los recintos policiales.

Además, en junio de 2021 se elaboró un ‘Manual de actuaciones mínimas en unidades policiales’, que durante el segundo semestre del año pasado entró en operaciones en comisarías de las regiones de Antofagasta, O’Higgins, Maule, Los Ríos y Metropolitana.

En los seis meses de funcionamiento del piloto, más de 5 mil 300 personas fueron atendidas por defensores públicos en cuarteles policiales, de las cuales 3 mil 459 pasaron a control de detención con una mejor información de sus derechos y garantías procesales.

DEFENSA PENITENCIARIA
En julio del año pasado, además, la institución puso en marcha un nuevo modelo de defensa penitenciaria, dirigido a uno de los grupos más vulnerados de la sociedad, como lo son las personas privadas de libertad. A partir del modelo original desarrollado en 2011, se identificaron distintos aspectos de mejora enfocados en aumentar la cobertura de atención.

Así, este nuevo modelo asegura el acceso universal a la justicia de todas las personas condenadas privadas de libertad, mediante una atención oportuna y eficiente, que se extienda hasta la completa ejecución de la sentencia.

Su primera etapa de instalación se llevó a cabo en los Centros de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de Alto Hospicio, Rancagua, Talca, Chillán, Santiago y todas las cárceles de la región de Aysén, permitiendo que todas las personas internas en dichos recintos accedan -sin excepción- a una atención jurídica y a la asistencia permanente de un defensor penal penitenciario que vele por el resguardo de sus derechos fundamentales, los que en ningún caso se pierden al estar recluidos.

Manteniendo el foco en las personas privadas de libertad, la Defensoría –en conjunto con el Programa EUROsociAL+–  inició también el ‘Sistema de registro, comunicación y atención integral a víctimas de violencia institucional carcelaria’ (Sircaivi), cuyo propósito es denunciar las agresiones que sufren los internos por los agentes del Estado a cargo de su custodia.

Para ello, se creó una mesa de trabajo integrada por la Fiscalía Judicial de la Corte Suprema, el Ministerio Público, Gendarmería de Chile, el Servicio Médico Legal (SML) y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), a cargo de revisar las denuncias interpuestas por defensores penitenciarios en representación de las personas afectadas al interior de las cárceles.

DELITOS DE BAJA PENALIDAD
Durante 2021, un total de 55 mil 400 mujeres fueron representadas por la Defensoría Penal Pública, lo que representó el 17,8 por ciento del total de ingresos y anotó una leve baja respecto de 2018 y 2019, en que bordearon el 19 por ciento.

Respecto de los delitos, pese al alza del total de ingresos desde 2001 a la fecha, éstos suelen ser de baja penalidad. De hecho, las imputadas por los delitos de lesiones, infracciones sanitarias, hurto y contra la libertad e intimidad de las personas concentraron el 75 por ciento del total de ingresos durante 2021.

Además, del total de mujeres imputadas, mil 626 estuvieron en prisión preventiva, lo que constituye el 10,3 por ciento de quienes estuvieron privados de libertad.

“La privación de libertad de las mujeres trae consigo una mayor estigmatización social y afectación familiar, considerando que muchas de ellas son jóvenes, pobres, madres solteras al cuidado de sus hijos, con escasa escolaridad y opciones laborales, y que suelen ser sancionadas intrapenitenciariamente con prohibición de visitas por el uso indebido de teléfonos celulares, cuyo único objetivo -en la mayoría de los casos- es comunicarse con sus hijos”, dijo Carlos Mora Jano.

Agregó que, ante esta realidad, la Defensoría se ha esforzado por visibilizar a través de su defensa jurídica las desigualdades, discriminaciones y violencias sufridas históricamente por ellas, para evitar que opere alguna forma de sesgo en su juzgamiento.

En este contexto, recordó los casos de Mylene Cartes y Marisol Alvear, quienes fallecieron por falta de atención médica mientras se encontraban privadas de libertad en centros penitenciarios.

“Estos hechos motivaron una inmediata reacción de nuestros equipos de defensa penitenciaria y la presentación de recursos de amparo en favor de 41 internas del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de San Miguel, siendo éstos acogidos y confirmados por la Corte Suprema, que –entre otras disposiciones- ordenó al Estado, a través de Gendarmería de Chile, asegurar la presencia permanente de un médico en el recinto penitenciario: algo que a 2022 parecía obvio, pero que no era tal”, destacó.

Con el propósito de mejorar el acceso a la justicia de las personas, durante el año pasado también se diseñó el ‘Sistema integral de atención de usuarios’, que bajo el alero del compromiso de ‘Justicia Abierta’, busca acercar la Defensoría a nuestros usuarios y mejorar la información.

Hace una semana, la Defensoría Penal Pública lanzó un call center con un número único, para que las personas a las que representa y sus familias puedan resolver sus dudas.

AUTONOMÍA
En su discurso, Carlos Mora Jano destacó la idea de la Convención Constituyente de consagrar constitucionalmente la autonomía institucional y dejar a la Defensoría con el mismo estatus de independencia que el Ministerio Público y el Poder Judicial.

Sin embargo, mostró su preocupación por un cambio en la estructura directiva que –según dijo- ha sido eficiente y exitosa hasta ahora.

“Tanto la figura del Defensor Nacional como la actual estructura directiva de la institución otorgan certeza sobre lo que la Defensoría Penal Pública ofrece y compromete, siendo ello esencial cuando se trata de gestionar adecuadamente una garantía judicial como la defensa penal y al momento de resolver, con oportunidad y estrategia, los casos complejos que abordamos”, explicó.

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