Sala de Prensa

14/06/2022

Claudio Pérez García destacó aprobación de esa iniciativa en la Convención Constitucional

Defensor Regional de Valparaíso valoró acuerdo para dotar de autonomía a la institución

En la cuenta pública de la gestión regional de 2021, el directivo destacó que “estamos en el camino de lograr nuestra anhelada aspiración a favor de quienes representamos”.

Por Sandra Reyes L.,
Defensoría Regional de Valparaíso.

El Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez García, rindió hoy cuenta pública de la gestión institucional del año pasado en la zona, contexto en que destacó la inciativa que permitirá dotar de autonomía a la Defensoría Penal Pública.

Además de abordar las defensas especializadas, durante el balance -que se transmitió de manera virtual- el directivo se refirió al texto relativo a la defensa penal pública aprobado por la Comisión de sistemas de justicia de la Convención Constitucional. “Expreso nuestra satisfacción por los acuerdos logrados y plasmados en la propuesta de borrador constitucional que se dio a conocer el 14 de mayo pasado”, señaló.

En su exposición, Pérez García sostuvo también que, “al conmemorar 21 años de vida institucional, reafirmamos nuestro compromiso de ser un servicio público que vela por los derechos y garantías de los ciudadanos, lo que en dos ocasiones nos ha hecho merecedores del Premio a la Excelencia Institucional que entrega el Servicio Civil”.

AUTONOMÍA
El artículo 20 de la propuesta constitucional señala que la Defensoría Penal Pública es un organismo autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tiene por función proporcionar defensa penal a los imputados por hechos que pudiesen ser constitutivos de delito, que deban ser conocidos por los tribunales con competencia en lo penal, desde la primera actuación de la investigación dirigida en su contra y hasta la completa ejecución de la pena que le haya sido impuesta, y que carezcan de defensa letrada.

El artículo 21 establece luego que la función de defensa penal pública será ejercida por defensoras y defensores penales públicos, mientras que el artículo 22 dice que la dirección superior será ejercida por la o el Defensor/a Nacional, quien durará seis años en su cargo, sin reelección. Será nombrado por la mayoría de las y los integrantes del Congreso de Diputadas y Diputados y la Cámara de las Regiones en sesión conjunta, a partir de una terna propuesta por la o el Presidente de la República.

DEFENSA EN COMISARÍAS
En su cuenta pública, el Defensor Regional destacó el plan de visitas a comisarías realizado por directivos y defensores locales jefes de Valparaíso, Viña del Mar, Quilpué, Quillota, San Antonio y Los Andes, que culminó en julio de 2021 con una reunión efectuada en Quillota, cuya finalidad fue establecer vínculos de coordinación con los efectivos policiales que cumplen el rol de instructores de derechos humanos de cada zona y con los funcionarios a cargo de los recintos. 

Pérez García explicó también que, en el marco del convenio vigente con Carabineros, en 2021 se realizaron actividades de capacitación y formación para 150 efectivos y oficiales policiales, para reforzar sus conocimientos sobre derechos humanos en el contexto del ejercicio de la función policial.

DESAFÍOS 2022
El abogado resaltó también que, en concordancia con los lineamientos nacionales de la institución, uno de los énfasis en gestión el el desarrollo del proyecto InfoDefensa. “Desde el 2 de mayo, con las Defensorías Regionales de La Araucanía, Metropolitanas Norte y Sur, formamos parte de la puesta en marcha del plan piloto”, destacó.

Agregó que “en el call center institucional, número único 600 3690 200, los usuarios saben de manera más rápida el nombre del defensor, el día de la audiencia y agendar entrevista con un abogado, entre otras alternativas. Se trata de acercar la justicia a las personas a través del plan integral de atención de usuarios, que tiene como principal objetivo proporcionar defensa de calidad”.

Respecto del plan de fortalecimiento de la defensa técnica, Claudio Pérez García destacó lo realizado en teorías del caso y copias de carpetas de investigación, mediante auditorías semestrales de todas las causas con personas privadas de libertad.

“Para brindar una defensa activa, de calidad y comprometida con el rol social que ejercemos, es deber de cada defensor cumplir a cabalidad nuestros exigentes estándares. Sólo así se comprende la dimensión técnica, ética y de derechos humanos de nuestro lema sin defensa no hay justicia”, aseguró.

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