Sala de Prensa

28/10/2022

A cargo de la Defensora Regional

Prisión preventiva y enfoque de género destacaron en cuenta publica de la Defensoría Metropolitana Sur

Loreto Flores encabezó el balance de gestión del período 2021-2022 de la institución, oportunidad en que destacó las gestiones por los grupos más vulnerables y la especialización de algunas áreas de trabajo. También indicó que en el último año 309 personas estuvieron en prisión preventiva y luego fueron declaradas inocentes en los hechos investigados.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

Con la participación de un gran número de funcionarias, funcionarios y colaboradores se realizó la presentación de la cuenta pública de la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS), oportunidad en que la Defensora Regional Loreto Flores enfatizó los principales desafíos de la institución: el compromiso con las personas privadas de libertad, el uso excesivo de la prisión preventiva y el 'gobierno abierto'.

En su discurso, que fue grabado en el liceo "Santa María Eufrasia", del Centro Penitenciario Femenino (CPF) de Santiago, la Defensora Regional recalcó la necesidad de retornar al trabajo presencial, aspecto que ha sido relevado desde varios ámbitos del sector justicia.

“La presencialidad es, por un lado, una garantía para los justiciables y, por otro, una obligación que nos impone la normativa interna y el sistema de protección de los derechos humanos. La esencia de la actividad punitiva requiere no solo el uso de medios tecnológicos, sino además una comunicación sensorial e intelectual directa, que permita la efectividad de un sistema de justicia penal transparente, que no se vea empañado por hechos que afecten la probidad de los funcionarios públicos que desarrollan sus funciones al interior del sistema de justicia”, afirmó.

USO EXCESIVO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA
Otro de los temas abordados en el discurso fue la idea de que la privación de libertad no es la medida más adecuada y óptima en todos los casos que son objeto de una investigación penal.

“Mantenemos nuestra preocupación por el incremento sostenido a nivel nacional del uso de la prisión preventiva desde un 21,2 por ciento en 2010, a un 37,3 por ciento al primer semestre de 2022. Lo anterior parece evidenciar su uso automático en los delitos más graves o con mayor pena. Es imperioso creer de verdad que la investigación penal no siempre requiere que el imputado deba permanecer largo tiempo preso antes de enfrentar un juicio”, afirmó Loreto Flores.

DEFENSA DE GÉNERO
La Defensora Regional recordó también que existen cerca de 3 mil 500 mujeres privadas de libertad en el país, por lo que los esfuerzos institucionales están dirigidos hacia esa línea de defensa, donde se trabajó en tres áreas: protección de derechos de las internas, protección de la maternidad y refuerzo de los vínculos comunitarios.

En relación con estos aspectos, recordó la interposición de diversas acciones constitucionales de amparo que buscaban proteger derechos fundamentales que estaban siendo vulnerados por el solo hecho de encontrarse privadas de libertad las personas afectadas.

Flores recordó el caso de Mylena Cartes, interna de la cárcel de mujeres de San Miguel que falleció sin recibir una asistencia integral y eficiente de salud. Tres ello, se logró judicialmente que Gendarmería dispusiera de médicos a toda hora para las internas que allí se encuentran, y que no fueran sólo asistidas por una técnico en enfermería en determinados horarios.

INOCENTES PRESOS
El discurso de la Defensora Metropolitana Sur matizó con estadísticas para contextualizar el trabajo de defensoras y defensores públicos. Durante 2021 ingresaron 54 mil 935 causas, de las cuales el 17,6 por ciento correspondió a mujeres y el 2,6 por ciento a adolescentes.

Los principales delitos imputados en 2021 fueron los relacionados con el artículo 318 del Código Penal (35,7 por ciento), seguidos por los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (19,3 por ciento), las lesiones (19,2 por ciento) y los delitos de la Ley de Tránsito (10,6 por ciento).

En los casos llevados por la Defensoría Metropolitana Sur, los términos alcanzaron a 68 mil 391, siendo las formas más comunes un hecho no constitutivo de delito (26 por ciento), la facultad de no perseverar (20 por ciento), la suspensión condicional (17,6 por ciento). Las condenas, en tanto, llegaron a 4 mil 257 (6,2 por ciento).

Loreto Flores destacó que en los últimos cuatro años se mantiene un suave pero sostenido incremento de personas que son condenadas a penas no privativas de libertad, pero que en algún momento de su tramitación de causas estuvieron privadas de libertad, situación que afecta al 72 por ciento de las personas condenadas a penas que no significan cárcel.

“Dentro de estos números se encuentran 27 mil 959 personas que enfrentaron a la justicia en 2021 y terminaron siendo absueltas o sobreseídas. De ellas, 309 personas estuvieron privadas de libertad siendo inocentes”, indicó.

Durante su exposición, Flores entregó cifras del primer semestre de este año, donde destacan los ingresos y la variación que se presenta en los mismos, en especial por la declaración de inconstitucionalidad de la norma que penaliza los incumplimientos de las medidas sanitarias y el término de las normas más medias restrictivas.

Los principales delitos del primer semestre de 2022 fueron las lesiones, con 4 mil 904 causas (21,6 por ciento); los delitos contra a la libertad e intimidad de las personas, con 4 mil 711 casos (20,7 por ciento); los delitos de la Ley de Tránsito, con 3 mil 78 causas (13,5 por ciento) y otros delitos, que sumaron 3 mil 14 casos (13,3 por ciento).

MIGRANTES Y SOCIEDAD CIVIL
Loreto Flores hizo una mención a los delitos imputados a personas migrantes y afirmó que “el aumento de la población migrante en nuestro país no ha impactado en las cifras de atención de los usuarios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur, representando únicamente el 4,8 por ciento del total de los ingresos durante el período julio 2021-junio 2022, siendo investigados principalmente por lesiones y conductas relacionadas con la Ley de Tránsito”.

Otra de las áreas que se convirtieron en preocupación para la administración institucional de estos últimos años se refirió a las relaciones con la sociedad civil.

“Nos vinculamos con una serie de organizaciones, instituciones públicas y privadas, y organizaciones no gubernamentales con la única finalidad que dicha colaboración armoniosa genere impacto en la defensa de nuestros usuarios”, dijo Flores, quien recordó además las alianzas y acercamientos con municipios e instituciones de diferente naturaleza, como la Fundación Re Inventarse, el Movilh, la Red de Acción Carcelaria y las Fundaciones En Marcha y Mujer Levántate.

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