Sala de Prensa

22/11/2022

Defensor Regional (S), Sergio Zenteno, rindió cuenta pública 2021 en el Morro de Arica

Arica y Parinacota: una de cada tres personas que fueron imputadas por un delito fueron declaradas inocentes

Los delitos de la Ley de Tránsito, las lesiones y aquellos contra la intimidad de las personas concentraron más de la mitad de las causas ingresadas a la Defensoría Regional el año pasado.

Por Paola Sais Dünner,
periodista Defensoría Nacional.

El Defensor Regional (S) de Arica y Parinacota, Sergio Zenteno, realizó esta tarde un balance de la gestión de ese equipo institucional durante 2021, en el que destacó una baja en las causas ingresadas el año pasado respecto del periodo anterior, pasando de 6 mil 69 en 2020 a 5 mil 500 el año pasado.

De este total, el 15,3 por ciento correspondieron a mujeres, el 2,3 por ciento a imputados adolescentes, el 18,5 por ciento a ciudadanos extranjeros y el 29,3 por ciento a personas indígenas.

Uno de los aspectos en los que Zenteno más enfatizó fue en el número de personas que fueron imputadas por un delito, para finalmente ser declaradas inocentes.

“Un dato relevante, que permite reiterar la preocupación de la Defensoría respecto del equivocado uso de la prisión preventiva como pena anticipada, tiene que ver con el total de causas terminadas en que las personas imputadas fueron consideradas inocentes o no condenadas. Si en 2019 ese total fue de 15 por ciento, la cifra aumentó a 24 por ciento en 2020 y a un preocupante 29 por ciento en 2021”, dijo.

El abogado agregó que, de este total, hubo 59 personas inocentes que debieron estar en prisión preventiva durante la investigación de sus causas, doce de las cuales estuvieron privadas de libertad por más de seis meses, mientras que otras 39 lo estuvieron por hasta seis meses y ocho cumplieron esta medida cautelar por al menos 15 días.

“La Defensoría ha sido crítica de esta realidad. El uso excesivo de la prisión preventiva y la consecuente vulneración de los derechos, las garantías y la dignidad de las personas que esto conlleva han sido advertidos y reiterados constantemente por la defensa pública, no sólo en las respectivas audiencias ante los tribunales de justicia, sino también a través de otras gestiones públicas”, subrayó.

AGENDAS CORTAS Y MARCOS RÍGIDOS

Para Sergio Zenteno, la anterior es una de las consecuencias de la aplicación de agendas cortas y marcos rígidos, como también de la exclusión de ciertos delitos para la aplicación de penas sustitutivas.

“En este último aspecto, en nuestra región el impacto de la modificación del artículo 34 de la Ley N° 18.216, que impide la expulsión de personas extranjeras condenadas en determinados delitos, por ejemplo, tráfico de drogas, aumentará significativamente el número de privados de libertad, ya sea en calidad de condenados o imputados, lo cual traerá aparejado un aumento en la población carcelaria, pues a personas que antes de la modificación podía serle impuesta la pena de expulsión del territorio nacional, ahora deben cumplir de manera efectiva la pena en un recinto carcelario”, advirtió.

El directivo recordó que la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha señalado que, para estar en concordancia con las garantías que consagra la Convención Americana, la aplicación de una medida privativa de libertad debe ser excepcional y respetar los principios de presunción de inocencia, legalidad, necesidad y proporcionalidad, que son “indispensables en una sociedad democrática”.

“Sin embargo, aunque la reforma procesal penal buscó instalar el principio de excepcionalidad de la prisión preventiva y reducir los índices de personas encarceladas sin condena, que previamente llegaban al 60 por ciento, con los años esta regla excepcional se ha vuelto general”, lamentó. 

OTRAS CIFRAS
Durante su cuenta de gestión, Sergio Zenteno destacó los porcentajes de mujeres, personas extranjeras y de etnia indígena que fueron atendidas por la Defensoría Regional que él encabeza.

Al respecto, explicó que, en el caso de las mujeres, pese a un pequeño aumento en 2020, cuando representaron el 19,6 por ciento del total de atenciones a nivel regional, la cifra mostró una baja el año pasado, al representar el 15,3 por ciento de los ingresos anuales, con 844 casos.

“Tanto en Arica y Parinacota como en otras regiones del norte del país, las mujeres, los extranjeros y los indígenas comparten diversas condiciones de vulnerabilidad: pobreza, exclusión social, discriminación y marginalidad, entre otras. Y en el caso de las mujeres, en particular, a todo lo anterior se suman discriminaciones y violencias diversas que, lamentablemente, aún persisten en un sistema penal en que la perspectiva o enfoque de género todavía pugna por instalarse y validarse definitivamente”, aseguró.

En el caso de los adolescentes, en cambio, dijo que la baja se sostiene desde 2019, cuando representaron el 3,7 por ciento del total de ingresos registrados por la Defensoría en esta zona del país. Al año siguiente, en 2020, esa cifra bajó a 2,4 por ciento y volvió a reducirse a 2,3 por ciento en 2021, con sólo 132 causas. “Esta cifra nos debería hacer reflexionar sobre la falsa percepción del aumento de la delincuencia juvenil, siendo que ésta ha ido a la baja de manera sostenida durante los últimos años”, agregó.

LOS DELITOS
En cuanto a los principales delitos del periodo y su incidencia en la región, en 2021 la mayor cantidad de causas ingresadas fueron por delitos de la Ley de Tránsito, los que representaron el 25,8 por ciento del total anual. Les siguieron las lesiones (18,8 por ciento), otros delitos (15,9 por ciento) y los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (15 por ciento).

Esta distribución muestra un cambio respecto de 2020, cuando las principales categorías fueron otros delitos (27,9 por ciento), las lesiones (20,2 por ciento), los delitos contra la libertad e intimidad de las personas (16,3 por ciento) y aquellos de la Ley de Tránsito (12,3 por ciento).

En cuanto a las formas de término de las causas, el año pasado rompió la tendencia de los dos anteriores en la región, en que la condena fue la principal. En efecto, en 2021 la finalización de causas a través de las facultades de la Fiscalía alcanzó el 33,3 por ciento, seguida por las condenas (21,3 por ciento), las salidas alternativas (18,8 por ciento), las derivaciones (9,7 por ciento) y los sobreseimientos definitivos (8,5 por ciento).

El Defensor Regional destacó la labor realizada por las 36 personas que trabajan en la institución en la zona, entre funcionarios, defensores públicos y defensores del sistema mixto de defensa, lo que les permite entregar asesoría jurídica a una población que bordea las 230 mil personas.

 

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