Sala de Prensa

30/11/2022

En reunión tripartita realizada en La Serena

Coquimbo: autoridades de justicia coordinaron acciones para el retorno presencial a tribunales de la región

El presidente de la Corte de Apelaciones, la Defensora Regional y el Fiscal Regional analizaron el término de la vigencia de la Ley N° 21.394, que introdujo reformas al sistema de justicia y sus intervinientes en el contexto de la pandemia.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

El 30 de noviembre de 2021 se publicó la llamada Ley “post Covid” para enfrentar la alta congestión judicial y limitar la presencia de las personas en los tribunales por razones sanitarias, luego de que se decretara el estado de excepción de catástrofe por calamidad pública a consecuencia de la pandemia de Coronavirus. 

Por ello, justo un año después se reunieron el presidente de la Corte de Apelaciones de La Serena, Sergio Troncoso; la Defensora Regional, Inés Rojas; y el Fiscal Regional, Adrián Vega, con el propósito de coordinar el retorno presencial de los intervinientes a los tribunales de justicia penal, ya que la Ley N° 21.394 sólo tenía vigencia por un año.

Cabe recordar que la pandemia conllevó diversas consecuencias y, específicamente en el ámbito penal, derivó en el cierre de juzgados, la postergación de audiencias, la suspensión de trámites, demora de procedimientos judiciales, cierre de recintos penales, realización de controles de detención en comisarías y comparecencia a audiencias vía remota de personas en libertad o privadas de libertad desde las cárceles.

“Destaco que desde mediados de 2021 y con todas las medidas de resguardo, las defensoras y defensores públicos han comparecido presencialmente a las audiencias en los tribunales de garantía y orales en lo penal de la región”, explicó Inés Rojas.

ALEGATOS A DISTANCIA
Los directivos abordaron específicamente el desarrollo de audiencias por plataformas telemáticas y consensuaron diversas acciones. Las jefaturas zonales de la Defensoría Penal Pública y el Ministerio Público solicitaron al juez presidente autorizar, de acuerdo con el artículo 107 bis del Código Orgánico de Tribunales, que los alegatos en el tribunal de alzada continúen por via telemática, para evitar traslados de defensores y fiscales desde zonas más lejanas de la región.

Tal solicitud fue evaluada por el pleno de la Corte, que resolvió que los alegatos a distancia no vulneran las garantías del debido proceso, permitiendo el adecuado resguardo de los principios del proceso penal y la cautela del derecho a defensa.

Los ministros consideraron, además, que existe un mejoramiento del acceso a la justicia, ya que las causas son alegadas por los abogados directamente involucrados en la investigación, acusación y defensa. Por estas razones, autorizaron la comparecencia a los alegatos de manera telemática por un plazo de seis meses, a contar del 1° de diciembre.

Asimismo, amparados en el mismo artículo del Código Orgánico de Tribunales, convinieron que, a petición de las partes intervinientes, en ciertas audiencias de menor relevancia se podrá mantener la semi presencialidad, como por ejemplo en las de cierre de investigación o de lectura de sentencia.

TRASLADO DE PRIVADOS DE LIBERTAD
Por último, a petición de la jefa regional de la defensa pública, el ministro Troncoso se comprometió a coordinar con los distintos tribunales para que Gendarmería traslade a personas imputadas y condenadas desde los recintos penales a los juzgados para sus audiencias, con la finalidad de descongestionar los espacios en las cárceles.

“Hoy, sobre todo en el penal de Huachalalume, que es el más grande de la región, prácticamente no hay espacios físicos para entrevistar a nuestros usuarios debido a las audiencias telemáticas, visitas de abogados particulares y peritos”, explicó Inés Rojas.

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