Sala de Prensa

21/12/2022

En sesión del COSOC de la Defensoría Penal Pública presentan

“Ayuda a un Inocente”: lanzan campaña para reunir fondos

La acción en redes sociales busca costear los trámites legales que necesitan realizar las personas inocentes que han permanecido privadas de libertad, para lograr del Estado una indemnización por el daño sufrido.

Keiko C. Silva
Periodista

En su última sesión del 2022 el Consejo de la Sociedad Civil (COSOC), de la Defensoría Penal Pública, conoció la iniciativa de Fundación ProBono –también integrante del COSOC- “Ayuda a un inocente”, que busca sensibilizar a la opinión pública respecto a la situación de las personas inocentes que han estado injustamente privadas de libertad y que necesitan costear los trámites judiciales para solicitar una indemnización al Estado.

A la reunión asistió el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano, y los consejeros Jorge Rivera -Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile-; Diego Chaparro–Leasur-; Mauricio Riera -Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile-; Ana María Morales -Fundación Paz Ciudadana- y su presidenta, Myrna Villegas -Centro de Investigación y Defensa Sur-.

La exposición estuvo a cargo de la directora ejecutiva de la Fundación ProBono,  Carolina Contreras, y la coordinadora de vinculación con el medio, Paulina Corral, y tuvo por objetivo presentar ante el consejo esta cruzada que están llevando adelante para aportar al acceso a la justicia.

Campaña para visibilizar

Gracias a una alianza entre la Defensoría Penal Pública -Proyecto Inocentes- y Fundación ProBono, los abogados de esta organización sin fines de lucro han asumido gratuitamente la asesoría jurídica de las personas inocentes que han estado privadas de libertad y que forman parte del Proyecto Inocentes, para que puedan ejercer acciones legales contra el Estado.

“Si bien contamos con una red de estudios jurídicos y abogadas y abogados individuales que trabajan de forma pro bono (gratuita) llevando estas causas, se requieren realizar trámites legales como notificaciones, pericias, tomas de declaraciones, que como Fundación no tenemos la capacidad de asumir y mucho menos lo pueden hacer las personas que se encuentran en esta situación”, explicó Carolina Contreras.

También comentó que “esta campaña cuenta con videos grabados por youtubers en los cuales ellos asumen la voz de nuestros inocentes y relatan los hechos en primera persona. Son situaciones que, si bien terminan en pesadilla, podrían ocurrirle a cualquiera por estar en el lugar o momento equivocado. Esperamos que la sensación que vive una persona inocente se pueda transmitir e interpelar a las personas a través de las redes sociales”.

Acceso a la justicia

“’Proyecto Inocente’ es la prueba más evidente de la deshumanización del sistema. El Estado procura generar vías de reinserción a las personas condenadas –con mayor o menor resultado-, pero esto no ocurre para personas inocentes que han estado privadas de libertad. Es necesario preguntarnos si estamos entregando un acceso real a la justicia”, sostuvo el Defensor Nacional, Carlos Mora Jano.

Los consejeros no son ajenos a la situación. Ana María Morales, de Paz Ciudadana, señaló que como Fundación “participamos en el análisis de este vacío que tiene la regulación constitucional ante la disuelta convención constituyente. Tenemos que retomar la discusión ante las nuevas instancias que se organicen y, por supuesto, también como consejo de la Defensoría”.

“Efectivamente. Este nudo parte con la constitución de 1925. A la fecha, el Estado solo ha entregado 14 indemnizaciones efectivas”, acotó el representante del Centro de Alumnos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, Mauricio Riera.

El consejero Jorge Rivera propuso colocar a disposición del debate de la nueva Constitución, “un estudio que realizamos junto al actual ministro de Economía, Nicolás Grau, para estimar el daño económico de la situación. Cruzamos los datos de la Facultad de Negocios de la Universidad de Chile, el Ministerio del Trabajo y la Defensoría, que nos permitió comparar los salarios y la probabilidad de tener un trabajo formal de todas las personas que, siendo finalmente absueltas en su causa penal, algunas de ellas tuvieron prisión preventiva y otras no y el impacto es fuertísimo”.

Al finalizar el encuentro, la presidenta del consejo, Myrna Villegas, propuso “sostener reuniones con los órganos directamente vinculados a la situación, como el Poder Judicial. Quizás logremos algún avance en el tema de las costas legales. Como presidenta del consejo, me sumo a cualquier coordinación al respecto”.

Desde 2000 –fecha de la puesta en marcha de la Reforma Procesal Penal en Chile- hasta octubre de 2022, 777 mil 358 personas, equivalente al 14 por ciento del total de causas terminadas, fueron imputadas de algún delito y posteriormente resultaron absueltas en un juicio oral, sobreseídas porque no existió el delito que se les acusaba o porque se demostró su inocencia durante la investigación, o porque el Ministerio Público decidió no perseverar en la investigación en su contra. De ellas, 37.928 personas estuvieron en prisión preventiva.

(*) https://probono.cl/ayuda-a-un-inocente/


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