Sala de Prensa

03/03/2023

En caso de ciudadano boliviano con casi 20 años de residencia en Chile

Corte Suprema acogió recurso de defensora pública de migrantes de Calama

La abogada Génesis Espinoza Pizarro llegó hasta las últimas instancias para evitar que su representado fuera sancionado doblemente por el mismo hecho por el que cumplió condena en 2017.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Un ciudadano boliviano ingresó en 2005 a Chile por un paso habilitado y se instaló a vivir en Calama. En 2017 fue condenado por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes y cumplió una pena de tres años y un día en régimen de libertad vigilada intensiva, sanción que cumplió en 2019 sin inconveniente alguno.

Actualmente cuenta con arraigo familiar y social, tiene una hija de 4 años -de nacionalidad chilena- y cuenta con contrato de trabajo. Además, al cumplirse los requisitos legales y, teniendo en cuenta un exitoso proceso de reinserción, pudo optar a la eliminación de antecedentes penales.

Sin embargo, pese a todos estos antecedentes, recibió una resolución del Servicio de Migración y Extranjería que ordenaba su expulsión del país, fundada en la existencia de una condena penal.

Frente a ello, la defensora pública de migrantes de Calama, Génesis Espinoza Pizarro, recurrió ante la Corte de Apelaciones de Antofagasta en contra de lo resuelto por este órgano del Estado, argumentando que se trataba de una resolución "arbitraria e ilegal" por carecer de fundamento, dado que su representado ya cumplió la pena por el delito que se le imputó, de modo que la aplicación de la expulsión constituiría una nueva sanción respecto de un mismo hecho.

“Considerando que el amparado fue condenado y cumplió íntegramente la pena impuesta en nuestro país, la aplicación de una sanción penal, por sí no puede llevar aparejada la expulsión administrativa, más aún considerando que ésta se encuentra cumplida y, además, teniendo en vista las circunstancias familiares del afectado con dicha sanción”, señaló la defensora pública.

CORTE SUPREMA
Sin embargo, a pesar de que la Corte reconoció la facultad de la defensora pública de recurrir en esta materia -pese a que el Servicio de Migración y Extranjería argumentó que la Defensoría Penal Pública no tiene jurisdicción en asuntos administrativos-, no acogió sus argumentos y confirmó la resolución que ordenaba que el ciudadano boliviano debía abandonar el país, pese a que llevaba casi 20 años avecindado en Chile.

Sin perjuicio de este revés, la defensora pública recurrió ante la Corte Suprema, donde consiguió revocar la orden de expulsión, con el argumento de que la orden de expulsión constituía la aplicación de una doble sanción frente a un mismo hecho, por el cual el afectado ya cumplió condena y demostró tanto su reinserción social como su arraigo familiar.

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