Sala de Prensa

05/04/2023

Pionera iniciativa del Tribunal de Garantía de Iquique fue apoyada desde sus inicios por la institución.

Defensoría de Tarapacá participa en el 'Tribunal transversal e intercultural para materias de género'

A través de un convenio suscrito por 19 entidades, se busca la tramitación y desarrollo preferente de causas con connotación relevante en violencia de género o interculturalidad.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

La Defensoría Regional de Tarapacá es una de las instituciones pioneras en el esfuerzo por establecer en Chile la primera experiencia de un 'Tribunal transversal e intercultural para materias de género'. Esta iniciativa partió en marzo de 2020, tras una propuesta del Tribunal de Garantía de Iquique, que desde entonces cuenta con la participación de la Defensoría y también del Ministerio Público.

Con el tiempo, la dinámica de avance del proyecto consiguió finalmente materializar el compromiso y participación de 19 instituciones estatales, cuyos representantes firmaron el respectivo convenio.

Este trabajo fue reconocido y apoyado por la Corte Suprema, cuya encargada de género -la ministra Andrea Díaz Muñoz- participó en el acto de firma del acuerdo, cumplido el 17 de marzo pasado, oportunidad en que destacó la proactividad e intervención directa en la iniciativa del magistrado Mauricio Chía Pizarro y la colaboración activa y permanente del Defensor Regional de Tarapacá, Gabriel Carrión, en la concreción de la idea precursora. 

El convenio regula la tramitación y desarrollo preferente de las causas que tengan una connotación relevante en materias de violencia basada en género o con variables de interculturalidad, en el marco de un proceso judicial tramitado por un tribunal con competencia penal o de familia de la región de Tarapacá

UNA MIRADA MÁS ACUCIOSA
La participación de las representaciones zonales de entidades relacionadas con la labor de los tribunales corona así la búsqueda de acuerdos para establecer una mirada más acuciosa de causas penales muy específicas, que involucren a imputadas mujeres, a personas con capacidades diferentes, a las diversidades sexuales, a personas migrantes y a quienes pertenecen a pueblos originarios.

Este enfoque más riguroso incorpora la mirada de género, como también criterios de interculturalidad y de respeto a las diferentes orientaciones sexuales y a las personas en situación de discapacidad. Este cuidado busca ponderar adecuadamente el impacto y la pertinencia de las medidas de protección y resguardo, además de las sanciones accesorias en los casos de imputados o imputadas de estos grupos vulnerables.

Aparte de las tres instituciones pioneras, el reciente acuerdo fue firmado por representantes de los Juzgados de Familia de Iquique, de Letras y Garantía de Pozo Almonte y de Letras, Familia, Garantía y Trabajo de Alto Hospicio. También adhirieron Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones (PDI), las municipalidades de Iquique, Pozo Almonte y Alto Hospicio; los Servicios de Salud, de la Mujer y Equidad de Género, Nacional de Menores (Sename), Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, Nacional del Adulto Mayor y Médico Legal, respectivamente, además de Gendarmería de Chile y la Corporación de Asistencia Judicial de Tarapacá.

“Para la Defensoría Penal Pública es muy importante este avance, que apoyamos desde el primer momento, porque nos permite superar la invisibilización y estigmatización que actualmente acarrea el concepto de 'imputado' o 'imputada' en relación con el estatuto de derechos y garantías que asisten a toda persona  y de las que son titulares cuando enfrentan al sistema judicial”, destacó Carrión.

El directivo agregó que una misma persona, dependiendo de las circunstancias, puede revestir la calidad de imputado y/o de víctima frente a la persecución penal. En ese entendido, sostuvo que "este acuerdo mantiene y respeta aquellos derechos, pero también es una expresión humana y actual de aquella visión amplia y objetiva con la que debe visualizarse la persecución penal, especialmente en aquellos casos en que se levantan las figuras penales del tráfico de migrantes o trata de personas, por poner un par de ejemplos”, concluyó.

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