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25/05/2023

Es conocido como el 'profesor del torniquete'

Defensor penal público evalúa presentar recurso de nulidad tras condena contra Roberto Campos en 'caso torniquete'

El defensor local jefe de La Florida, Crhistian Basualto, indicó que está en estudio la presentación de un recurso de nulidad, tras la condena contra su representado por daños provocados en el Metro San Joaquín en octubre de 2019. La presentación se fundaría en una infracción a garantías constitucionales y una errónea valoración de la prueba.

Por equipo de Comunicaciones,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

Luego de conocer la sentencia dictada por el 6° Tribunal Oral en lo Penal de Santiago contra Roberto Campos -conocido coloquialmente como 'el profesor del torniquete'-, a tres años de presidio con el beneficio de libertad vigilada y al pago de una multa de 11 Unidades Tributarias Mensuales (UTM) por el delito de daños ocasionados en la estación de Metro San Joaquín, el defensor penal público Crhistian Basualto informó que está evaluando la presentación de un recurso de nulidad contra el fallo judicial.

La resolución del tribunal estableció que “se hará lugar a la solicitud del Ministerio Público y se aplicará en la especie la pena sustitutiva de libertad vigilada (...), la cual implica someter al sentenciado a un nivel de control más estricto y profesional, a cargo de un delegado de libertad vigilada de Gendarmería de Chile".

Una vez conocido el fallo, el jefe de Estudios de la Defensoría Regional Metropolitana Sur (DRMS), Mario Palma, dijo a los medios de comunicación que la Defensoría no estaba conforme con el fallo, porque el defensor público había pedido inicialmente la absolución de su representado, por estimar que “no había podido cometer el delito de daño respecto de un elemento que ya se encontraba dañado por terceras personas”.

INFRACCIÓN A GARANTÍAS CONSTITUCIONALES
En la misma dirección, el defensor local jefe de La Florida indicó que estaría por presentar -dentro del plazo legal- un recurso legal que, en líneas generales, cuestionaría la valoración de la prueba hecha por el tribunal y argumentaría una infracción a garantías constitucionales en relación con su representado.

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