Sala de Prensa

30/06/2023

Defensora Regional rindió cuenta pública de gestión

Coquimbo: más de 2 mil personas atendidas fueron declaradas inocentes o no condenadas en 2022

Inés Rojas valoró retomar este acto de forma presencial, después de tres años de suspensión por la pandemia, y realizó un resumen de cómo el servicio enfrentó ese periodo, particularmente en la región.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

“En 2022 hubo 2 mil 71 personas con un proceso penal que nunca debieron pasar por tribunales, porque tras ser vinculadas a un delito finalmente resultaron sobreseídas, declaradas inocentes o el Ministerio Público no perseveró en esas investigaciones”.

Esta cruda cifra entregó la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, en su balance de gestión 2022, efectuado en el campus "Enrique Molina Garmendia" de la Universidad de La Serena, donde además hizo una recapitulación de cómo el servicio se desenvolvió durante el estallido social y la pandemia.

La jefa regional de la defensa pública insistió en que el uso excesivo de la prisión preventiva, alertada reiteradamente por la Defensoría Penal Pública, conllevó que el año pasado hubiera 817 personas privadas de libertad en la zona, es decir un 32 por ciento más que en 2021.

“De esa cifra, 68 personas imputadas de delitos estuvieron injustamente presas y, en definitiva, fueron declaradas inocentes o sobreseídas. Lamentablemente, aún no hay políticas de reparación y cada afectado asume los costos personales, familiares, sicológicos y laborales de un error de la justicia”, señaló.

Rojas comentó que, a nivel nacional, esta cifra alcanzó a mil 782 casos en 2022, total que se eleva a más de 38 mil personas desde la creación del actual sistema procesal penal, hace 22 años. “El abuso de la privación de libertad cimentó lo que venimos advirtiendo hace mucho tiempo: el hacinamiento carcelario y la complejidad para abordar el fenómeno de la criminalidad evidencian hoy el drama al interior de las cárceles”, sostuvo.

CIFRAS
Por otra parte, la abogada indicó que en 2022 el equipo regional -integrado por 29 defensoras y defensores públicos- representó a 10 mil 623 personas imputadas (83 por ciento hombres y 17 por ciento mujeres). Añadió que por segundo año disminuyeron los ingresos, pese a la crisis de seguridad pública, luego del peak registrado en 2020, con casi 17 mil registros por ilícitos asociados al estallido social y la pandemia.

Asimismo, explicó que el 5,6 por ciento de los ingresos (603 casos) correspondió a personas migrantes y el 3,7 por ciento (391 casos) a jóvenes menores de 18 años lo que -según aseveró- desmitifica la percepción social sobre la alta participación de personas extranjeras y adolescentes en delitos. En tanto, aquellos ilícitos de mayor connotación -como robos violentos, homicidios o delitos sexuales- no representaron más del 5 por ciento de los ingresos.

ESTALLIDO SOCIAL Y PANDEMIA
La directiva hizo un resumen de la gestión regional durante el estallido social y la pandemia, respecto de la prestación de defensa penal y la atención a usuarios. Al efecto, detalló que la irrupción de las movilizaciones sociales, en octubre de 2019, generó un fuerte impacto, en cuyo contexto las y los abogados, con sus equipos de apoyo, cumplieron infatigables turnos semanales en unidades policiales de la región, para atender tanto a las personas detenidas como a sus familiares.

Inés Rojas explicó también que tras el inicio de la emergencia sanitaria la institución activó a nivel nacional un plan de resguardo para evitar contagios, lo que implicó -entre otras medidas- el cierre de oficinas para atención presencial y la habilitación de sistemas de trabajo a distancia.

Agregó que, ante la suspensión de las audiencias presenciales, se efectuaron permanentes coordinaciones con el Poder Judicial, Carabineros, la PDI, Gendarmería y el Ministerio Público, que posibilitaron el progresivo desarrollo de las audiencias telemáticas.

Según la Defensora Regional, en coordinación con Gendarmería, el Servicio de Salud, el INDH y la Seremi de Justicia y Derechos Humanos, la institución participó en diversos operativos de defensa y salud en los centros penitenciarios.

“Con el cierre de las cárceles se activaron entrevistas de defensores con privados de libertad vía online y nuestros funcionarios hicieron donaciones de artículos de primera necesidad a la población penal más vulnerable: mujeres, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas”, indicó.

DIFUSIÓN
Agregó que para no perder el contacto con las y los usuarios, la Defensoría Regional distribuyó en tribunales y unidades policiales folletería y cerca de 20 mil tarjetas con datos para la atención en pandemia, acciones que permitieron atender 110 mil 752 consultas, realizadas por 104 mil 538 personas. Estas atenciones ocurrieron principalmente vía llamadas telefónicas (78 por ciento) y WhatsApp (15 por ciento), contexto en que los motivos más recurridos fueron solicitudes de entrevista con su defensor (22 por ciento), solicitudes de gestión y orientación (15 por ciento) y entregar o solicitar otro tipo de información (13 por ciento).

“Pese al panorama desfavorable, donde ahora evocamos el trabajo remoto en comedores o livings de nuestras casas transformados en improvisadas oficinas, sentimos la gran satisfacción que en ese periodo cumplimos muy positivamente con nuestra responsabilidad”, comentó Rojas.

Prueba de ello -argumentó-, es que en el marco de reconocimiento institucional en 2021 el equipo de Coquimbo fue galardonado como la mejor Defensoría Regional del país y, al año siguiente, nuevamente este servicio resaltó por su profesionalismo, esfuerzo y compromiso en la prestación de defensa y atención a usuarios, siendo distinguida en el tercer lugar.

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