Sala de Prensa

30/08/2023

La Corte de Apelaciones instruyó a Gendarmería adoptar medidas urgentes

Defensa penitenciaria de Antofagasta logró visibilizar deficientes condiciones de vida de internas

En su fallo, el tribunal de alzada ordenó solucionar los problemas sanitarios y estructurales que enfrenta el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la ciudad en un plazo máximo de dos meses.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoría Regional de Antofagasta.

Como un gran avance en la tarea de mejorar las condiciones de habitabilidad de las personas privadas de libertad en la zona calificó el Defensor Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos Pardo, el reciente fallo de la Corte de Apelaciones de la ciudad, que acogió un recurso de protección interpuesto previamente por la unidad de defensa penitenciaria en contra del director nacional de Gendarmería respecto de todas las mujeres privadas de libertad -imputadas o condenadas- internas en el Centro Penitenciario Femenino (CPF) de la capital regional.

A pesar de reconocer el esfuerzo de la institución penitenciaria por ir solucionando los problemas sanitarios y de infraestructura que afectan al centro penitenciario, el fallo dispuso que Gendarmería deberá adoptar en forma urgente todas las medidas que sean necearias para restablecer el imperio del derecho, procurando especialmente habilitar y mantener en buen estado los servicios higiénicos de la unidad penal, con la finalidad de que puedan ser utilizados por las internas durante los horarios de encierro, teniendo en cuenta que durante la noche estas mujeres sólo tienen acceso a baño entre las 19 y las 21:30 horas.

Entonces, entre las 21:30 y las 08:30 horas, todas las internas no cuentan con las mínimas condiciones de higiene y dignidad básicas, ya que al interior de las celdas no hay sanitarios.

La Corte, además, señaló que todas estas acciones se deben desarrollar en un plazo máximo de dos meses y que los temas presupuestarios que pudieran obstaculizar estas medidas no pueden concebirse como una justificación para el retraso en solucionar estas condiciones de precariedad, que revisten caracteres de gravedad por los efectos que pueden generar en la población penal.

INTENSO TRABAJO
Al respecto, Ignacio Barrientos destacó que este fallo es el fruto del intenso trabajo que han desarrollado las defensoras penitenciarias Camila Leonicio y Francheska Araya, junto al coordinador de esa unidad, Roberto Vega Taucare, quienes asumieron el desafío de visibilizar las condiciones de vida de las mujeres privadas de libertad a través de gestiones en todas las instancias judiciales y sanitarias.

De hecho, para adoptar su fallo la Corte se valió de lo expuesto por la defensa penitenciaria y de informes emanados de la Fiscalía Judicial, la Seremi de Salud y de los jueces de garantía de la ciudad, los cuales -además del tema de los baños- detectaron diversas problemáticas. Entre ellas, el mal estado de la red eléctrica, que expone a la unidad penal a riesgos de corto circuitos; problemas en la red de alcantarillado, por su antigüedad, y deficiencias en la manipulación de alimentos.

Asimismo, los informes indican que la red húmeda del recinto no está funcionando, que las paredes del centro tienen daños por terremotos anteriores -con riesgo de caída-, y que en los patios existen basureros abiertos y sin tapas, lo que atrae distintas plagas. Tampoco existe una lavandería a disposición de las internas, quienes deben colgar sus ropas en espacios reducidos del patio, lo que genera humedad.

Con todos estos antecedentes, la Corte reseñó que “ha resultado incumplida la normativa nacional e internacional a la que Chile se ha obligado, respecto del tratamiento que debe otorgarse a personas privadas de libertad, a saber, el artículo 15 de la Ley Orgánica de Gendarmería de Chile, en cuanto dispone que el personal de Gendarmería deberá otorgar a cada persona bajo su cuidado un trato digno propio de su condición humana”.

Finalmente, el Defensor Regional destacó que "este tipo de acciones jurisdiccionales son el reflejo de la permanente preocupación de la institución por las personas sometidas a privación de libertad, sean imputadas o condenadas, a todas quienes se les acompaña en todas las etapas del proceso penal, procurando el respeto de sus derechos y garantías".

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