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24/06/2024
Defensoría Regional destacó el fallo
Tribunal de Arica declaró Ilegal detención de ciudadanos bolivianos acusados de contrabando
Según estableció la defensa pública de los imputados, la decisión respondió a la falta de fundamentos adecuados del Ministerio Público respecto del contenido de la carga, transportada en 13 camiones desde Chile hacia Bolivia.
Por Yerko Oyanadel Calderón,
periodista Defensoría Regional de Arica y Parinacota.
El pasado viernes 21, el Tribunal de Garantía de Arica dictaminó la ilegalidad de la detención de 16 ciudadanos bolivianos, quienes habían sido retenidos en un operativo conjunto llevado a cabo por el Ejército y Carabineros de Chile. El incidente ocurrió en el sector fronterizo próximo al retén Chilcaya, en el límite de la comuna de Putre, en la región de Arica y Parinacota.
Estas personas fueron arrestadas bajo sospecha de participar en un delito de contrabando, relacionado con un intento de transporte de mercancías mediante 13 camiones desde Chile hacia Bolivia. Sin embargo, durante la audiencia de control de detención, el tribunal determinó que el Ministerio Público no pudo fundamentar adecuadamente el contenido de la carga transportada, requisito esencial para sustentar la acusación por este delito.
El tribunal también destacó una falta de prontitud injustificada del Servicio Nacional de Aduanas en la denuncia de los hechos, lo cual limitó las atribuciones del Ministerio Público para proceder con la detención de los ciudadanos bolivianos.
CONFORMIDAD DE LA DEFENSA PÚBLICA
Cristian Martín, jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de Arica y Parinacota, y quien lideró la defensa de los detenidos, expresó su conformidad con la decisión del tribunal. Según el abogado, la resolución valida los argumentos presentados por la defensa pública y confirma que la investigación del Ministerio Público carecía de elementos suficientes para justificar la detención y la imputación de un delito de contrabando a sus defendidos.
Además, el directivo enfatizó que esta situación debería ser un llamado de atención sobre la legalidad de los procedimientos de detención llevados a cabo por el Ministerio Público y las fuerzas policiales, contexto en que subrayó la importancia de respetar los derechos fundamentales de todas las personas involucradas en procesos judiciales, cuestión que en este caso no ocurrió.
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