Sala de Prensa

07/08/2024

Luego de que la Fiscalía apelara buscando la medida cautelar más intensiva

Corte de Valdivia confirmó rechazo de prisión preventiva para mujer embarazada y madre cuidadora

A partir de alegaciones con perspectiva de género de la defensora pública Andrea Hernández, el juez de garantía había decretado arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional por necesidad de cautela en un caso de presunta infracción a la Ley de Drogas,

Por Malú Rodríguez Sepúlveda,
Periodista Defensoría Regional de Los Ríos.

El martes 30 de julio pasado la Corte de Apelaciones de Valdivia confirmó una decisión previa del juzgado de garantía de la ciudad, que aceptó otorgar arresto domiciliario parcial nocturno y arraigo nacional a una imputada, tras acoger las alegaciones con perspectiva de género de la defensa pública. Con ello, rechazó la medida cautelar de prisión preventiva que solicitaba la Fiscalía para una madre embarazada, detenida por tráfico ilícito de drogas en Valdivia.

A través de una denuncia anónima, hecha en la plataforma Fono Drogas de Carabineros, la noche del sábado 27 del mismo mes personal del OS-7 esperó en el Terminal de Buses de Valdivia y detuvo a la mujer, que regresaba desde Santiago a la capital de Los Ríos.

En la audiencia de control de detención y formalización, realizada durante la mañana siguiente en el Tribunal de Garantía de Valdivia, la defensora penal pública Andrea Hernández Curivil objetó la legalidad de la detención, a partir de jurisprudencia de la Corte Suprema que señala que una llamada anónima, despojada de otros elementos que la refuercen, no configura un indicio objetivo.

Este argumento no fue aceptado por el juez Pablo Yáñez quien, en atención a  la necesidad de cautela, sí acogió la posición con enfoque de género de la defensora pública y decretó medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, tras resolver  que las resueltas son “suficientes para asegurar los fines del procedimiento y la seguridad de la sociedad, además considerando su estado de embarazo, que requiere de controles médicos especializados".

Luego de la apelación verbal de la Fiscalía para lograr la medida cautelar más severa y asegurar que la mujer siguiera detenida, en la Corte el alegato por delegación estuvo a cargo de la defensora pública María Paz Ureta, quien acompañó el libro de control de niño sano del hijo pequeño de la mujer y su cuaderno de control de embarazo, tras lo cual los magistrados del tribunal de alzada resolvieron por unanimidad confirmar la decisión de primera  instancia, de modo que la mujer continuará con arresto parcial nocturno y arraigo nacional.

PERSPECTIVA DE GÉNERO
En este caso, la abogada Hernández Curivil, defensora pública preferente de mujeres imputadas en la región, incorporó la perspectiva de género en la audiencia al describir el perfil de su representada: una joven de 22 años, embarazada de 16 semanas y madre de un niño de dos años bajo su cuidado.

También mencionó la circunstancia de que días antes de su detención sufrió un golpe accidental, por lo que concurrió a un servicio de salud para el control preventivo, ante un posible riesgo obstétrico.

“También fue relevante que ella no tuviera otros ingresos penales o condenas, además de la atenuante de irreprochable conducta anterior. En cuanto a fundamentos de derecho, alegamos que nuestros tribunales han reconocido a las mujeres embarazadas y o con hijos menores y cuidadoras principales como un grupo en situación de especial vulnerabilidad, por lo que  han aplicado el derecho internacional de derechos humanos a través del control de convencionalidad, que obliga a interpretar la normativa nacional conforme a ese sistema jurídico”, manifestó.

En esa línea argumentativa, la abogada citó la 'Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer' (Cedaw) y la 'Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer' (Belém do Pará), además de las 'Reglas de Bangkok para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de libertad para las mujeres'.

“Todas refieren a la necesidad de otorgar preferencia, en el caso de  mujeres que delinquen, a medidas no privativas de libertad, tanto al dictar sentencia como al decidir acerca de medidas cautelares”, explicó.

El  jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Los Ríos, Juan Pablo Alday, destacó la actuación de la abogada, en la línea de cimentar la defensa con enfoque  de género como parte de la oferta pública de defensa especializada en la región.

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