Sala de Prensa

11/06/2012

Columna de opinión:

Responsabilidad penal adolescente: desafíos urgentes

El siguiente artículo, escrito por el Defensor Nacional, Georgy Schubert Studer, fue publicado hoy en el vespertino La Segunda.

El viernes pasado se cumplieron cinco años desde que entró en vigencia la Ley de Responsabilidad Penal del Adolescente (LRPA), buscando adecuar nuestra legislación a la Convención sobre los Derechos del Niño, que obliga a tener un sistema penal especial para responder al delito juvenil.

Esto significa un sistema con sanciones menos punitivas y orientadas a la integración social, que refuerce el debido proceso por medio de jueces, fiscales y defensores especializados, y limitado por el respeto de los derechos especialmente garantizados a los menores de edad, como la educación, la salud, la vida familiar, todas condiciones vitales para su desarrollo personal y que cualquier sistema penal pone en riesgo.

Sin embargo, no son pocos los problemas que afectan a la justicia penal adolescente en Chile y que se encuentran vigentes antes, durante y después de la misma.

Antes de que un joven en situación vulnerable cometa un delito, es nuestra sociedad la que tiene una enorme deuda social con él. En Chile carecemos de un sistema efectivo para hacer exigibles los derechos de los niños cuando éstos no se respetan. Pasa con la educación, la salud (en especial la mental), el apoyo a una vida familiar digna, el derecho al tiempo libre, al esparcimiento y con la protección frente a la violencia (también la institucional).
Si bien han transcurrido cinco años de aplicación de la ley, aún son escasas las evaluaciones serias sobre su funcionamiento, pero las que existen reportan un problema central: la justicia juvenil se parece demasiado a la de adultos, tanto en su regulación legal como en su forma de actuar.

Si bien se abre paso en la jurisprudencia una tendencia a aplicar la ley de acuerdo con la Convención, todavía es frecuente que los actores judiciales traten a los adolescentes igual que a los adultos y, cuando no lo hacen, aplican criterios antiguos supuestamente protectores, pero que en realidad ponen a los jóvenes en una peor posición legal que a los mayores.

La especialización todavía es muy escasa. En el caso de la Defensoría, contamos con 50 abogados especializados en adolescentes; tal dotación sólo nos permitirá atender al 70 por ciento de los jóvenes que lo requieran este año.

Después de la aplicación de esta ley, y pese a los esfuerzos de Sename, la escasez de una oferta socioeducativa pertinente -que permita a los jóvenes salir del mundo del delito como medio de subsistencia- y el cierre de oportunidades por la estigmatización que sufre, son una deuda que conviene pagar pronto. Es necesario dejar de mirar a los jóvenes como riesgo y pasar a reconocer sus fortalezas y potencialidades, para desarrollarlas y no coartarlas.

Los jóvenes que han cometido un delito están respondiendo ante la justicia. En eso el sistema no falla. Son detenidos, llevados ante los tribunales y privados de libertad en muchos casos. Lo que no están haciendo es responder ante una justicia realmente especial. Y lo que no estamos haciendo como sociedad es cumplir nuestra promesa de facilitar su integración social antes de que lleguen a cometer delitos, porque cuando son infractores de ley -que es cuando actúa el sistema- muchas veces demasiado tarde.

Estos son sólo algunos de los desafíos urgentes que debemos enfrentar para mejorar la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.

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