Sala de Prensa

26/09/2012

Defensora Regional fue entrevistada en TVN Araucanía:

“Se han vulnerado derechos fundamentales de las personas”

Invitada al programa “La entrevista del sábado”, Bárbara Katz fue consultada sobre diversos temas relevantes de la contingencia regional, entre ellos el llamado conflicto mapuche.

Tras ser invitada recientemente al programa “La entrevista del sábado”, de TVN Araucanía, la Defensora Regional, Bárbara Katz, explicó no sólo cuáles son las condiciones en las que trabajan los 31 defensores públicos que laboran en la Novena Región, sino cuáles son los criterios centrales que orientan a la institución en su labor de defensa pública, especialmente para los grupos vulnerables como el pueblo mapuche.

En este mismo contexto, explicó detalladamente las últimas actuaciones de la DPP en defensa de las garantías de imputados indígenas, varias de las cuales han implicado resoluciones no sólo de la Corte de Apelaciones de Temuco, sino incluso de la Corte Suprema, sancionando diversas vulneraciones de derechos.

-¿Cuántos profesionales componen la Defensoría Regional? ¿Son suficientes para cubrir la demanda?
-Afortunadamente, en la región tenemos la posibilidad de cubrir adecuadamente la demanda de defensa. Contamos con 31 defensores, 10 de los cuales son institucionales y el resto licitados. Prestan el mismo servicio, aunque cambia la forma de contratación. Tenemos un déficit en la defensa penal especializada de adolescentes y de indígenas, pues alcanzamos a cubrir aproximadamente un 50 y un 70 por ciento de la respectiva demanda,  lo que implica que no en todas las zonas de la región cubrimos esta necesidad.

-Es decir, faltan profesionales. En algún minuto los fiscales hicieron pública la necesidad de más profesionales…
-Nuestra preocupación es que si aumentan los fiscales a nivel regional, probablemente ello va implicar mayor judicialización de causas y, eventualmente, nosotros sí vamos a requerir más defensores, pero eso es un estudio que vamos a tener que hacer con posterioridad a ello.

-¿Cuántas causas lleva la Defensoría Penal Mapuche correspondientes al conflicto indígena?
-Primero, hay que aclarar que la Defensoría Penal Mapuche no sólo lleva causas propias del conflicto territorial, sino de todo tipo de materias en que resultan imputadas personas del pueblo mapuche. Son aproximadamente 400 causas vigentes, que tramitan los tres defensores especializados, quienes se distribuyen en distintas partes de la región. En un bajo porcentaje son causas del conflicto territorial.

-¿Cómo se abordan las críticas cuando autoridades de Gobierno y del Ministerio Público han declarado que por argumentos de la defensa no se han concretado juicios? Por ejemplo en la causa del Fundo Brasil…
-Esas críticas las rechazamos, no son efectivas. No es verdad que, a través de sus defensores, la Defensoría Penal Pública solicite la suspensión de audiencias por motivos meramente dilatorios. Las razones son variadas y siempre justificadas. Hay distintos factores. En este último caso que usted menciona, se trata de una suspensión de audiencia a raíz que la Fiscalía no ha entregado todos los antecedentes de investigación que requieren los defensores para prepararse. El juez acogió esa petición y ordenó a la Fiscalía entregar los antecedentes en un breve plazo, lo cual se tiene que cumplir.

RESGUARDO DE GARANTÍAS
-¿Cómo ven el trabajo investigativo de su contraparte, el Ministerio Público? En juicios emblemáticos se ha visto que los jueces han absuelto a comuneros porque no se ha podido demostrar la relación de los hechos o la prueba con los imputados…
-Para nosotros es siempre materia de preocupación el resguardo y respeto de las garantías de las personas, sobre todo en materia de obtención de pruebas. En un caso reciente, donde el Tribunal de Angol absolvió a ocho comuneros, lo que ocurrió fue que estas personas estuvieron largos períodos privadas de libertad -muchos de ellos más de un año-, luego con arresto domiciliario y finalmente en el juicio fueron declaradas inocentes… Fueron absueltas por falta de pruebas de participación. Muchas de las pruebas que en un principio fueron recogidas por la Fiscalía fueron declaradas ilícitas por el tribunal de garantía.

-Defensora, ¿esto quiero decir qué las pruebas son deficientes o qué la Fiscalía no tiene pruebas?
-En este caso y en otros hemos visto que efectivamente hay prueba ilícita que se ha utilizado durante el periodo de investigación para sustentar una acusación contra una persona. No es algo que nosotros pensemos, creamos o aleguemos en los juicios, sino que así además ha sido constatado por los distintos tribunales (de garantía y orales).

-¿Por qué la Defensoría Penal ha solicitado al Ministerio Público la inhabilitación del fiscal Luis Chamorro y cuáles serían los argumentos?
-Se ha solicitado en dos causas y tiene que ver con que la propia Ley del Ministerio Público establece ciertas causales específicas de inhabilitación, que implican que existe alguna situación que resta objetividad al ente persecutor -en este caso al fiscal- para investigar una causa. Se solicita que el Fiscal Regional se pronuncie acerca de ello. El objetivo es que los procesos sean lo más transparentes posibles y que el juicio que se lleve de una persona y su investigación sean justos. El primer caso fue rechazado y en el segundo, que se ha planteado en forma reciente, creemos que  lo más recomendable es que se designe otro fiscal.

-Recientemente se formalizó a tres comuneros por la muerte de un parcelero en Ercilla, uno de los cuales fue beneficiado con un indulto. ¿Cuál cree que fue el criterio con el que se le entregó este beneficio a una persona que estaba cumpliendo condena por un delito menor y dos meses después comete un delito tan grave como dar muerte a una persona?
-Son situaciones que no se pueden mezclar, ni siquiera confundir. Para acceder a un indulto conmutativo de esta ley existen requisitos bastantes estrictos y la persona puede acceder a él si éstos se cumplen. Por lo tanto, no dudo que este joven haya cumplido con esos requisitos para acceder al indulto. Ahora, que exista una formalización significa que se le ha comunicado que existe una investigación en su contra, pero en ningún caso que ha sido condenado por ese hecho. Para nosotros y para todas las personas rige la presunción de inocencia y eso es lo que debemos respetar hasta que no exista sentencia firme. Frente a un indulto es la autoridad administrativa -en este caso Gendarmería- la que analiza si concurren o no frente a una solicitud particular que les presente alguna persona condenada. Si se lo entregaron es porque correspondía.

DENUNCIA DE LA DEFENSORÍA
-Un facilitador intercultural de la Defensoría interpuso una denuncia siendo testigo de un baleo realizado a comuneros en las afueras del Hospital de Collipulli. ¿Qué ha pasado con eso? ¿Ustedes se han reunido con el alto mando de Carabineros?
-Efectivamente, tuvimos un caso en que el facilitador intercultural -que es funcionario de la Defensoría Penal Mapuche- asistió a un procedimiento, porque es su función recoger todas las versiones y opiniones que existan respecto de un procedimiento de detención, como parte de una adecuada defensa. En ese contexto, él fue testigo de una situación bastante crítica, cuando un grupo de personas que iban a visitar a sus familiares al hospital fue enfrentado por funcionarios de Carabineros y se produjeron disparos, resultando personas heridas, especialmente menores de edad. Frente a eso, el facilitador hizo una denuncia ante la Fiscalía Militar, porque es su obligación, ya que había presenciado una situación que podía revertir el carácter de delito.
Además de esto, presentamos una acción de amparo ante la Corte de Apelaciones que fue acogida por ésta, declarando que efectivamente hubo un uso excesivo de la fuerza por parte de Carabineros, por lo que ordenó a la Prefectura de Malleco ajustar sus procedimientos a las leyes, a la Constitución y evitar el uso desproporcionado de la fuerza policial, especialmente con niños, como ocurrió en este caso.

-La Corte Suprema también se pronunció frente al tema de la violencia innecesaria. ¿Se está cumpliendo por parte de Carabineros? Las comunidades continúan sus denuncias…
-Es algo de lo que estamos preocupados y así se lo hemos manifestado al Departamento de Derechos Humanos creado por Carabineros de Chile, dirigido por un coronel. Nos hemos reunido, les hemos planteado nuestras preocupaciones junto a otras instituciones como Unicef. Se ha coordinado la constitución de una mesa de trabajo para tratar estos temas y fijar ciertos estándares mínimos que Carabineros debe respetar en los procedimientos policiales en las comunidades indígenas, particularmente de niños que han resultado más afectados.

-Defensora, ¿qué le parecen las declaraciones realizadas por autoridades de Gobierno, que dicen que las mujeres y niños son utilizados como escudos al interior de las comunidades?
-No estamos de acuerdo con eso. Las dos situaciones en que hemos recurrido por niños que han resultado heridos o detenidos han sido graves y los hechos se han producido al interior de la comunidad. Por lo tanto es su casa. Ellos viven allí y tienen la libertad de circular libremente por esos sectores. La otra situación sería la de las visitas a sus familiares en el Hospital de Collipulli, donde los niños acompañaron a sus familiares adultos. Por lo tanto, están en actividades normales. Ese tipo de juicios no tiene ningún sustento.

-¿A su parecer se violan los derechos humanos de los niños, mujeres y comuneros al interior de nuestra zona?
-No es algo que yo crea, es algo que han constatado en nuestra región la Corte de Apelaciones de Temuco y la Corte Suprema a nivel nacional. Nosotros tenemos la convicción de que sí se ha producido vulneración de derechos fundamentales de las personas y por eso presentamos recursos, los que han sido acogidos por la Corte.

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