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Estudiantes de Iquique revisaron los derechos juveniles en materia de justicia penal

23/11/2012

Natalia Andrade dialogó con alumnos del Liceo Politécnico de esa ciudad

Estudiantes de Iquique revisaron los derechos juveniles en materia de justicia penal

Charla de la defensora penal juvenil Natalia Andrade tuvo una concurrencia dominada por mujeres dirigentes de distintos subcentros de alumnos.

“Si las detienen, ¿quién puede revisarlas a ustedes, chiquillas”, preguntó la defensora penal juvenil Natalia Andrade al grupo reunido en el Liceo Politécnico de Iquique. “Una carabinera, sólo una mujer”, respondieron casi inmediatamente las mujeres presentes en esta charla participativa dictada por la abogada.

La consulta formó parte de la exposición que, por casi una hora, desarrolló la profesional de la Defensoría Regional de Tarapacá, en cumplimiento de las labores de difusión de derechos que se realiza cotidianamente en los colegios emblemáticos de la zona. Y el Liceo Politécnico de Iquique lo es, dado que allí se protagonizó el año pasado una de las ‘tomas’ estudiantiles más publicitadas de los últimos meses, que terminó con 33 alumnos detenidos.

La Defensoría Regional tomó en cuenta ese antecedente para organizar allí la charla sobre derechos de los jóvenes ante las leyes penales, logrando reunir a 24 dirigentes de subcentros de alumnos de primero a tercer año medio, la mayoría mujeres. El director del establecimiento, Ismael López Salazar, entregó todas las facilidades del caso y convocó a los líderes.

En la oportunidad, Natalia Andrade explicó a grandes rasgos la naturaleza y las funciones institucionales, para reseñar luego los derechos juveniles en el sistema de justicia penal y profundizar después en las faltas y delitos que se asocian a las movilizaciones estudiantiles.

Los dirigentes se mostraron escépticos al comienzo, pero luego comentaron sus experiencias en detenciones, para derivar en otros ejemplos con protagonistas juveniles. Al final, varios pidieron que les hicieran llegar más antecedentes sobre las garantías de las personas que llegan a ser requeridas por la policía o la fiscalía.

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