Sala de Prensa

08/04/2013

Georgy Schubert rindió hoy cuenta pública de la gestión 2012

Defensor Nacional mostró preocupación por derechos de migrantes, indígenas y jóvenes en el sistema penal

Consideró importante que “la sociedad reflexione” sobre los elevados índices de controles de detención, prisiones preventivas y detenciones declaradas ilegales que los afectan, “porque reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos”.

Con un discurso que enfatizó los distintos modelos de defensa especializada que la Defensoría Penal Pública ofrece a distintos grupos vulnerables de la sociedad -extranjeros o migrantes, indígenas, menores de edad, discapacitados mentales y condenados privados de libertad- el Defensor Nacional, Georgy Schubert Studer, rindió hoy cuenta de la gestión anual 2012 de la institución.

A la ceremonia, realizada en el Centro Cultural La Moneda, asistieron el presidente de la Corte Suprema, Rubén Ballesteros; el Fiscal Nacional, Sabas Chahuán; el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Marcos Vásquez, entre otras autoridades.

El directivo mostró su preocupación por  los elevados índices de controles de detención,  prisiones preventivas y detenciones declaradas ilegales que anualmente afectan en particular a distintos grupos de nuestro país, especialmente a imputados extranjeros, indígenas o adolescentes.

En general, explicó que si bien el porcentaje de imputados con prisión preventiva se ha mantenido estable en los últimos años, sí ha aumentado el total de personas afectadas, pasando de casi 14 mil en 2006 a más de 21 mil personas en 2012.

Sin embargo, estos grupos sobresalieron notoriamente en la aplicación de esta medida cautelar, particularmente los extranjeros (18,2 por ciento) y los indígenas (poco más de 7 por ciento). El tema es aún más complejo en los adolescentes, pues sólo el 15 por ciento de los jóvenes a los que se les aplicó la medida de internación provisoria fueron finalmente condenados a una pena privativa de libertad.

“Si bien las detenciones que se declaran ilegales son muy pocas (casi 1,5 por ciento), es interesante analizar (…) que se declaran con mayor frecuencia cuando el detenido es indígena (23,7 por ciento), adolescente (17,1 por ciento) o extranjero (13,5 por ciento). Es importante que reflexionemos como sociedad, ya que estos indicadores reflejan la forma en que nuestro sistema trata a ciertos grupos”, sostuvo.

Por lo mismo, Schubert valoró iniciativas como la Mesa Interinstitucional de Migrantes, que en conjunto con el Ministerio Público y con el apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores, la PDI, Carabineros de Chile y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) promueve procedimientos institucionales que mejoren el trato, la información y el respeto de personas extranjeras en conflicto con la ley.

“A pesar de los avances, creemos que es necesario progresar mucho más en esta materia, sobre todo en los referido a expulsiones y derecho migratorio”, agregó.

CIFRAS PRINCIPALES
Según el Defensor Nacional y desde el inicio de la reforma procesal penal, la Defensoría ha prestado servicios en cerca de dos millones y medio de causas de imputados, mediante un modelo mixto que supone un 71 por ciento de prestaciones efectuadas por defensores licitados y 29 por ciento por defensores institucionales. Así, de las 361 mil 634 causas ingresadas el año pasado, 249 mil 527 imputados fueron atendidos por abogados licitados.

También explicó que los delitos con más ingresos fueron las lesiones (21 por ciento), que las bajas más notorias se anotaron en los robos y los delitos de la Ley de Drogas, aunque la más importante se produjo en los delitos vinculados al orden público, pues disminuyeron casi 50 por ciento respecto de 2012.

En cuanto a los delitos de la Ley de Tránsito y quizás como efecto de la aprobación de la llamada Ley de Tolerancia Cero, el Defensor Nacional explicó que todos los más graves - asociados a la conducción en estado de ebriedad (muerte, daños o lesiones graves)- disminuyeron, mientras que los más leves (asociados a la conducción bajo la influencia del alcohol) aumentaron.

MUJERES Y JÓVENES
Según Schubert, se mantuvo la tendencia que año a año reduce la brecha entre mujeres y hombres imputados, pues si al inicio de la reforma las primeras representaban sólo el 10 por ciento de los ingresos, el año pasado totalizaron 17 por ciento.

Agregó que los delitos más comunes cometidos por ellas fueron las lesiones (24,4 por ciento) y los hurtos (24 por ciento) y que dos temas son preocupantes: las mujeres ingresan más por delitos de drogas que los hombres y existe un sostenido aumento de mujeres imputadas por delitos violencia intrafamiliar.

“Por lo mismo, la DPP se esfuerza por visibilizar a las mujeres dentro del sistema de defensa, introduciendo criterios de género en la capacitación de los defensores”, agregó el principal directivo de la DPP.

Explicó que los menores de edad mantienen el 10 por ciento de los ingresos de la Defensoría, 74 por ciento de cuyos casos fueron atendidos en 2012 por defensores penales especializados en adolescentes, práctica que según Schubert debe extenderse a todas las instituciones involucradas, porque “la experiencia comparada es consistente en mostrar que sólo un sistema basado en la especialización de sus actores permite la maximización de la respuesta procesal frente a cada joven”.

En el mismo contexto, insistió en la importancia del proyecto de ley que permitirá incorporar a la dotación institucional a los 50 defensores penales juveniles de la DPP, junto a sus equipos de apoyo, y que pronto debiera ser enviado al Congreso por el Ministerio de Justicia.

AUTONOMÍA Y SEGURIDAD
Junto con destacar las recomendaciones de la OEA a sus Estados miembros en cuanto a dotar de autonomías a sus respectivas defensoría públicas, Schubert explicó que otro desafío institucional de los próximos meses implicará preparar la renovación de buena parte de los contratos de defensa pública licitada, pues entre diciembre de este año marzo de 2014 vencerán cerca de 95 de ellos en todo el país.

Por último, y a propósito del debate sobre seguridad ciudadana y persecución penal, afirmó que “la palabra principal no es eficiencia. Es confiabilidad, y ello implica limitación al poder estatal, para salvaguardar la primacía de las garantías individuales esenciales”.

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