Sala de Prensa

17/04/2013

Decisión fue tomada por unanimidad

Corte de Apelaciones de Copiapó ordenó el regreso de imputados trasladados a Iquique

Ministros del tribunal acogieron el recurso de amparo interpuesto por la Defensoría Regional en contra de la resolución del juez de garantía de Copiapó.

La Corte de Apelaciones de Copiapó acogió ayer acoger por unanimidad un recurso de amparo interpuesto el pasado 10 de abril por la Defensoría Regional de Tarapacá, en beneficio de 15 de los internos que cumplían prisión preventiva en ese recinto y que hace dos semanas fueron trasladados al penal de Iquique, en el contexto de una huelga de hambre iniciada por todos los internos de esa cárcel

Acogiendo los argumentos de la defensa pública, el tribunal ordenó el regreso inmediato al penal de los imputados e imputadas trasladados al norte del país, fijando de paso un importante criterio en materia penitenciaria y devolviendo un poco de tranquilidad a los familiares de las mujeres y hombres que habían sido enviados lejos de sus familias y de sus abogados defensores.

LAS RAZONES
Hace dos semanas, 235 imputados en prisión preventiva en esa cárcel iniciaron una huelga de hambre, en protesta por las altas condenas registradas en la zona, los severos criterios de los tribunales locales para establecer la diferencia entre microtráfico y tráfico y la actuación de ciertos fiscales, entre otras demandas relacionadas con sus procesos en curso.

Como forma de poner fin al movimiento, Gendarmería de Chile solicitó autorización judicial para trasladar fuera de la región a un grupo de estos imputados e imputadas, por considerarlos como “líderes negativos”.

Así, el pasado miércoles 10 de abril el juez de garantía de Copiapó, Alfonso Díaz Cordaro, ordenó el traslado de 15 internos fuera de la región, a un recinto que Gendarmería estimara procedente, que en este caso resultó ser Iquique.

Frente a esta resolución judicial, la Defensoría Regional de Atacama interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Copiapó, por entender que se había faltado gravemente a derechos fundamentales como la integridad física y seguridad personal de los imputados, el derecho a defensa, el debido proceso y la igualdad ante la ley, entre otras garantías.

El documento explicó, además, que se trató de una resolución infundada, que careció de antecedentes técnicos y que restringió la libertad de los imputados -amparados por la presunción de inocencia- más allá de lo legalmente establecido.

El recurso fue alegado el pasado lunes 15 por el Defensor Regional, Raúl Palma Olivares, quien concurrió a la Corte acompañado por algunos afligidos familiares de los imputados que habían sido trasladados a 800 kilómetros de distancia hacia el norte.

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