Sala de Prensa

23/05/2013

Leonardo Moreno y Claudio Pavlic realizaron ayer su cuenta pública

Defensores metropolitanos cuestionan excesiva aplicación de internación provisoria a menores

Moreno dijo que su uso actual se asemeja al de la prisión preventiva en adultos y afirmó que falta rigor para controlar la labor de los fiscales. Pavlic explicó que los imputados migrantes aumentaron en 18 por ciento el último año.

Como ha sido una tradición desde que comenzó la reforma procesal penal en Santiago, los Defensores Regionales Metropolitanos, Leonardo Moreno Holman (Norte) y Claudio Pavlic Véliz (Sur), realizaron ayer conjuntamente su cuenta pública 2013, para detallar la gestión institucional de 2012.

Al entregar las principales cifras y entre varias otras críticas, Moreno advirtió que la fiscalía y los tribunales están aplicando la internación provisoria a los menores de edad con criterios preocupantemente similares a los que se utilizan con los adultos cuando se les aplica la prisión preventiva.

El Defensor Regional Metropolitano Norte precisó que de las 139 mil 475 causas defendidas durante 2012 en Santiago, 13 mil 71  correspondieron a menores de 14 a 17 años, lo que representa el 9,4 por ciento del total.

Enfatizó que al revisar las cifras de jóvenes que son privados de libertad mientras la fiscalía investiga el delito que se les imputa, se constata que tanto el Ministerio Público como los tribunales de garantía estén actuando con una dureza bastante similar a la que utilizan con los adultos.

En efecto, mientras que la prisión preventiva se decreta respecto del 5,4 por ciento del total de imputados adultos, en el caso de los menores esta cifra llega al 4,4 por ciento.

“Esto sorprende, ya que la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente tiene como objetivos muy claros la rehabilitación y reinserción social de los jóvenes infractores de ley, cosa en la que poco contribuye su encarcelamiento anticipado, sobre todo en relación a menores cuya sentencia, aunque sea condenatoria, no amerita pena privativa de libertad, por la baja entidad del delito o por otras legales”, afirmó.

Moreno refrendó su apreciación citando una reciente declaración de la fundación Paz Ciudadana, entidad que denunció el abuso que se estaba haciendo de la internación provisoria con los jóvenes.

MUJERES IMPUTADAS
El defensor regional advirtió también que las mujeres imputadas llegaron a 25 mil 755 en Santiago el año pasado, lo que equivale a un 18,5 por ciento del total imputados. Precisó que en los últimos años se ha registrado en estas estadísticas un incremento de cerca de medio punto anual de la presencia femenina.

Leonardo Moreno fue también crítico con algunos tribunales de garantía que no controlan las actuaciones de la Fiscalía con el rigor que exige la ley, independientemente de las alegaciones que presente la defensa.

Citó como ejemplo “la falta de disposición al control ex post de las órdenes o autorizaciones verbales concedidas, argumentando para ello que han sido concedidas por otro juez, olvidando que los presupuestos bajo los cuales el primitivo magistrado concedió la autorización pueden ser inexactos o irregulares”, señaló.

Expresó también su preocupación por la escalada de denuncias por abusos sexuales de menores que se inició en 2012, por lo complejo que resulta para víctimas e imputados que la prensa construya verdades mediáticas, entregando información sesgada o derechamente equivocada, que después resulta muy difícil revertir.

En cuanto a causas de alta connotación pública, el directivo de la DPP destacó lo que se hizo primero ante los tribunales de garantía y orales, y después ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en causas como la del ‘caso bombas’, en que todos los imputados fueron absueltos, y en el caso del joven Luciano Pitronello, quien resultó mutilado cuando le explotó una bomba de bajo poder cuando la estaba instalando en una sucursal bancaria durante la madrugada.

En ese caso, si bien el imputado fue condenado por el delito de colocación de artefacto explosivo, también fue absuelto por delito terrorista, lo que permitió que pueda cumplir su condena en régimen de libertad.  

DEFENSA ESPECIALIZADA
En su discurso, el Defensor Regional Metropolitano Sur, Claudio Pavlic, destacó más tarde la especialización que la Defensoría ha desarrollado de acuerdo con los requerimientos que han surgido en la ciudadanía.

Precisó, por ejemplo, que la defensa especializada para los migrantes que enfrentan una imputación penal en nuestro país es uno de los temas de defensa al que la Defensoría Penal Pública ha prestado especial atención.

“Aunque los extranjeros representados por la Defensoría Penal Pública durante 2012 sumaron sólo el 1 por ciento de los ingresos totales de la institución a nivel nacional, fue el único de los grupos defendidos que aumentó sus ingresos en 18 por ciento respecto de 2011”, explicó.

Durante 2012, en la Región Metropolitana ingresaron mil 144 causas con imputados extranjeros (246 en la DRMS, 898 en la DRMN). Los delitos con mayor incidencia en los que se vieron involucrados estos migrantes fueron las lesiones menos graves, las lesiones leves y los hurtos, por los cuales la DPP atendió principalmente a imputados de nacionalidad peruana, colombiana, argentina, ecuatoriana y boliviana, respectivamente.

DEFENSA INDÍGENA
Claudio Pavlic explicó también que durante 2012, las defensorías metropolitanas entregaron defensa penal a 727 personas pertenecientes a distintas etnias, lo que resulta indicativo para demostrar por qué la especialización en defensa indígena se ha transformado en uno de los desafíos de la institución. De hecho -agregó-, ambas defensorías metropolitanas cuentan con 32 abogados especializados en esta temática.

En este contexto, dijo que el año pasado se enfatizó la difusión del modelo de defensa penal indígena de la DPP, lo que se tradujo en cinco charlas, coordinadas con las oficinas de asuntos indígenas de las municipalidades de Cerro Navia, La Granja, Maipú, Quinta Normal y Peñalolén, respectivamente, además de cuatro entrevistas radiales, en las que se recalcó el derecho de las personas a exigir una defensa especializada si el imputado pertenece a un pueblo originario.

DEFENSA PENITENCIARIA
El Defensor Regional Metropolitano Sur explicó también los avances del modelo institucional de defensa penitenciaria, cuya principal finalidad es brindar asesoría jurídica a personas adultas condenadas a penas privativas de libertad.

Durante 2012, esta área de defensa especializada significó un presupuesto total de 578 millones de pesos, de los cuales 204 millones correspondieron a contratos adjudicados por la DRMS, para dar cobertura de defensa a los recintos carcelarios de Talagante y Puente Alto, además del Centro Penitenciario Femenino, con una dotación de cuatro abogados, tres asistentes sociales y dos asistentes administrativos.

En el caso de la DRMN, en 2012 se realizó un llamado a licitación para atender a los condenados recluidos en el centro de Detención Preventivo Santiago Sur. Con un presupuesto de 374 millones de pesos, el proceso significó incorporar siete jornadas de abogados y cuatro jornadas de asistente social, con sus respectivas asistentes administrativas, por un período de 18 meses.

LICITACIONES
Según Pavlic, el año pasado se realizaron también  tres llamados de licitación de defensa penal: dos correspondientes a zonas de ambas defensorías regionales metropolitanas –el 15° y 18° llamado- y un tercero, el 16° llamado, que abarcó solo una zona de la Defensoría Regional Metropolitana Sur.

Ello permitió que, al término de estos procesos, ambas defensorías metropolitanas quedaran dotadas con 187 defensores penales públicos licitados adultos, concentrados en un total de 52 contratos.

“A diciembre de 2012, los abogados licitados prestaron el 69,5  por ciento del total de la defensa penal pública. Al desglosarlo, en la Defensoría Regional Metropolitana Sur este porcentaje fue del 70,3 por ciento; mientras que en la Defensoría Regional Metropolitana Norte fue de 68,7 por ciento.

CIFRAS DE GESTIÓN
En cuanto a las cifras internas, Claudio Pavlic detalló que el presupuesto total ejecutado por ambas reparticiones durante 2012 sumó 9 mil 636 millones de pesos, con un porcentaje de ejecución del 99,92 por ciento. Agregó que el mayor crecimiento presupuestario se reflejó en los ítems de peritajes (23 por ciento), licitación de defensa penal (20 por ciento) y gastos en personal (3 por ciento).

En el área de Recursos Humanos, la dotación total de funcionarios de ambas defensorías alcanzó a 175 personas. De este total, 86 son mujeres y 89 hombres, con un promedio de edad general que bordea los 42 años.

CONSULTAS CIUDADANAS
Por último, ambas defensorías recibieron 768 consultas de usuarios durante el año, lo que implicó un aumento de 27,15 por ciento respecto de 2011. Al revisar ese total, hubo 243 reclamos, 164 felicitaciones para defensores, 161 consultas y 170 peticiones.

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