Sala de Prensa

27/05/2013

Defensor Regional (S) de Antofagasta en Cuenta Pública

“Nuestro objetivo es seguir siendo un referente de buen servicio a nuestros usuarios”

Roberto Vega Taucare, presentó a las autoridades los resultados de la gestión institucional durante el 2012, destacando los avances de la defensa especializada

Por Julia Arriagada Marquez
Defensoría Regional de Antofagasta

Más de 120 mil personas han sido atendidas por la Defensoría Regional de Antofagasta desde su creación en el año 2001. De ellos, un 17 mil corresponden a los usuarios ingresados en 2012. Estas son algunas de las cifras que presentó a las autoridades locales el Defensor Regional (S) de Antofagasta, Roberto Vega Taucare en su cuenta pública de gestión.

En la ocasión, la Defensoría Regional entregó un reconocimiento al abogado Bernardo Julio Contreras, quien ha contribuido en todos los procesos de licitaciones de la defensa penal como integrante del Consejo de Adjudicación Regional.

En su discurso, Vega planteó el avance experimentado por la institución y cómo ésta se ha consolidado como un ente determinante en el correcto funcionamiento de la justicia criminal. “Hoy podemos afirmar con tranquilidad que nuestra institución ha superado diversos desafíos, como los de gestión de recursos humanos, tecnológicos y materiales, estructurándose actualmente nuestro accionar, sobre la base de la total cobertura regional: la consolidación de un modelo de gestión que integra un subsistema privado, y el contar a lo largo de toda la región con profesionales calificados tanto en el ámbito de la defensa técnica, como de las competencias de los funcionarios y profesionales que la componen”, manifestó el Defensor Regional.

Defensa Especializada

Para la mejor comprensión de la gestión 2012, Roberto Vega Taucare presentó los principales avances obtenidos por la institución en la prestación de defensa con grupos vulnerables tales como mujeres, adolescentes, migrantes e indígenas.

“Desde el inicio de su gestión, las autoridades de la Defensoría Penal pública, se han planteado la consideración especial de ciertos grupos de personas, que por sus particularidades enfrentan una doble complejidad en el contexto de la persecución penal; por un lado, el propio proceso penal seguido en su contra y, por otro, su situación de vulnerabilidad”, explicó.

En este sentido, destacó que la defensa penal de adolescentes ya está consolidada dado que desde la instalación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, la atención de jóvenes es correctamente asumida por los defensores, que cuentan con las competencias acordes a las necesidades de la edad.

En cuanto a cifras, expresó que los adolescentes imputados durante el año 2012 fueron 1.834 siendo un 77.5% hombres y un 22,5% mujeres. De esta cifra global sólo el 1,2% correspondió a adolescentes extranjeros.

El tipo de delito con mayor incidencia porcentual, se concentró en los delitos contra la propiedad, destacando el hurto con un 26,05%; los robos no violentos con un 14,4%; otros delitos contra la propiedad con un 15,3%; los robos con un 10,9%; los vinculados a la ley de drogas con un 4,6%; los homicidios un 0.3% , y con un 28,7 % a otros delitos.

Migrantes

En relación a los migrantes, el Defensor Regional (s) destacó que “las cifras nos señalan una realidad diversa a la construida comunicacionalmente, en relación a que los extranjeros que llegan al país habrían aumentado la comisión de delitos, pues del total de imputados en la región los extranjeros correspondieron sólo a un 4,7%.”

Asimismo, expresó que desde una perspectiva normativa, la Defensoría mantiene un contacto expedito con los representantes consulares a objeto de hacer efectivo el derecho de información y comunicación consular.

Defensa Indígena

De igual forma, Roberto Vega expuso sobre la labor que durante el 2012 se desarrolló en defensa indígena y resaltó que “en la región se avanzó a paso seguro, en la difusión y vinculación con las comunidades indígenas-originarias, fundamentalmente Lican-antay y Quechua a través de una Facilitadora Intercultural, que permitió extender el ámbito de cobertura de una defensa penal especializada a imputados de los pueblos originarios de la región.

Por último, el Defensor Regional (s), reiteró el compromiso institucional con una defensa penal pública de calidad, basada en el respeto profundo hacia los derechos humanos de cada ciudadano y su consideración en tanto otro, para desde ese escenario avanzar en la construcción de una sociedad más inclusiva, justa, libre y democrática.

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