Sala de Prensa

31/05/2013

Defensora Regional de La Araucanía en su cuenta pública 2013:

“Debemos reflexionar sobre cómo nuestra justicia penal trata a los grupos más vulnerables”

Al dar cuenta de la labor institucional del año pasado, Bárbara Katz valoró principios como la presunción de inocencia, el derecho a ser juzgado en un plazo razonable y a conocer los hechos por los que una persona es acusada.

Por Claudia Riquelme Soto,
Defensoría Regional de La Araucanía.

“La defensa penal, en un contexto de interculturalidad como el nuestro, representa un desafío importante, el cual nos convoca a buscar e implementar nuevas herramientas y destrezas, que nos permitan un mayor acercamiento al pueblo mapuche”, dijo hoy la Defensora Regional de La Araucanía, Bárbara Katz Medina, al rendir cuenta pública de la gestión institucional durante 2012.

En una ceremonia a la que asistieron el Defensor Nacional, Georgy Schubert; la presidenta de la Corte de Apelaciones de Temuco, María Elena Llanos; el contralor regional de La Araucanía, Ricardo Betancourt; el Fiscal Regional, Francisco Ljubetic, y la Seremi de Justicia, Javiera Sabugo -entre otras autoridades invitadas-, Katz valoró el trabajo desarrollado por los defensores penales  públicos y destacó como deber de los defensores “observar cada uno de estos instrumentos, para que a través de sus alegaciones, los tribunales de justicia ajusten sus pronunciamientos a las convenciones internacionales vigentes en nuestro país”.

Como datos relevantes, explicó que durante 2012, la Defensoría Penal atendió a 17 mil 353 imputados, lo que equivale a 4,8 por ciento del total nacional, con una disminución de 0,2 por ciento en los ingresos respecto del año anterior.

Katz explicó también que del total de delitos atendidos durante el 2012, se mantuvo la tendencia de los últimos años, con las lesiones como el delito principal (23, 8 por ciento), luego las amenazas (12,6 por ciento), en tercer lugar los delitos de la Ley de Tránsito (11 por ciento) y en cuarto el hurto (10 por ciento). Agregó que durante el período, 361 personas fueron absueltas de los cargos que se les imputaban, sumando 100 casos más que en 2011.

DETENCIONES ILEGALES
Respecto de la legalidad de la detención durante 2012, en 568 casos el defensor presente en el control de detención solicitó al tribunal de garantía declarar la ilegalidad de la detención de su representado. De estas solicitudes, en 96 casos (16,9 por ciento) el planteamiento de la defensa fue acogido por el tribunal, resolviéndose que la detención no se encontraba ajustada a derecho.

La Defensora Regional aclaró, en todo caso, que al desagregar la información por grupo de personas atendidas, la relación porcentual de las detenciones ilegales declaradas respecto de imputados pertenecientes a grupos vulnerables (adolescentes e indígenas) aumenta significativamente.

“En el caso de los adolescentes, se solicitó la ilegalidad de la detención en 91 oportunidades y fue declarada en 19 casos, lo cual representa un 20,8 por ciento. En el caso de imputados indígenas, se solicitó la ilegalidad de la detención en 41 casos y fue acogida en 17 de ellos, lo que representa un 41, 4 por ciento”, enfatizó Bárbara Katz.

Para la Defensora Regional de La Araucanía, llama la atención “el alto porcentaje de ilegalidades declaradas respecto de imputados indígenas, lo que da cuenta de una mayor cantidad de procedimientos policiales irregulares respecto de estas personas, en comparación con otros grupos. Esto nos debe llevar a reflexionar como sociedad sobre cómo nuestra justicia penal trata a los grupos más vulnerables”.

PRISIÓN PREVENTIVA
En cuanto a la medida cautelar de prisión preventiva, la Defensora Regional indicó que “como institución, sostenemos que las medidas cautelares deben imponerse a partir de un análisis concreto de la necesidad de cautela de cada caso”.

En ese contexto, agregó que existen cifras lamentables, que demuestran que en la Región de La Araucanía se está utilizando de manera excesiva la medida de prisión preventiva, pues es la tercera región del país con la tasa más alta de apelaciones de dicha medida cautelar.

“En 2012, se decretó la medida cautelar más gravosa del sistema penal respecto de mil 12 personas. Ello equivale a un 5,8 por ciento del total de ingresos en la región. Nos encontraremos con cifras realmente sorprendentes: en 505 oportunidades se decretó la prisión preventiva. De ellas, en 183 casos no se justificaba, puesto que la causa terminó con salida alternativa, no perseverar o condena con beneficios alternativos de cumplimiento”, aseguró.

GRUPOS VULNERABLES Y ESPECIALIZACIÓN
Durante su discurso, Bárbara Katz resaltó la defensa especializada de grupos vulnerables de la DPP, “ya que nuestra institución cumple con estándares internacionales de derechos humanos, que exigen mejorar el acceso a la justicia de estas personas, evitando todo tipo de prejuicios o discriminaciones”.

Según la directiva institucional, “un contexto como el nuestro, de interculturalidad, representa un desafío importante, que nos convoca permanentemente a buscar e implementar nuevas herramientas y destrezas, que nos permitan un mayor acercamiento al pueblo mapuche”.

Katz también se refirió al trabajo desarrollado especialmente por la Defensoría Penal Mapuche, cuyos profesionales han intervenido en numerosos procesos penales relacionados con el conflicto territorial que mantiene el Estado de Chile con personas del pueblo mapuche.

“Nos preocupa la utilización de herramientas de investigación que atentan contra las normas del debido proceso y los derechos fundamentales de las personas, tales como el uso de testigos sin identidad y el secreto de la investigación”, afirmó Katz.

ACCIONES DE AMPARO
La abogada sostuvo que durante 2012 la Defensoría Penal Mapuche intervino en diversas acciones de amparo, denunciando procedimientos policiales al interior de comunidades indígenas en los cuales, si bien hubo una orden judicial previa, existió uso excesivo de la fuerza y se atentó gravemente contra la libertad y seguridad de niños, niñas, mujeres y ancianos.

“En estos procedimientos resulta destacable que haciendo aplicación del artículo 12 de la Convención de Derechos del Niño, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Temuco ha hecho efectivo el derecho de los niños a ser oídos, designando en el contexto de estas acciones de amparo a un ministro para que escuche personalmente a niños y niñas afectados”, dijo la Defensora Regional.

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