Sala de Prensa

12/12/2013

Decisión unánime de los jueces de la sala penal

Corte Suprema confirmó fallo que acogió amparo para interno del CCP de Concepción

Corte de Apelaciones de Concepción había acogido previamente un recurso interpuesto por la Defensoría Penal Pública y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH).

En un fallo unánime de los ministros Milton Juica, Hugo Dolmestch y Juan Escobar (suplente), junto a los abogados integrantes Jorge Baraona y Jorge Lagos, la sala penal de la Corte Suprema confirmó un fallo previo de la Corte de Apelaciones de Concepción, que acogió un recurso de amparo presentado en favor de Carlos Liberona Soto, un interno del Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) de esa ciudad.

Dicha acción constitucional fue interpuesta previamente por abogados de la Defensoría Regional del Biobío y del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), luego de que Liberona denunciara malos tratos en su contra de parte del personal de Gendarmería a cargo de la seguridad del recinto.

Además de confirmar la sentencia de la Corte penquista y “atendida la gravedad de las actuaciones descritas y el hecho de aparecer reiterada la denuncia, por existir otros recursos de amparo anteriores respecto del mismo centro penitenciario”, los jueces del máximo tribunal ordenaron remitir todos estos antecedentes al director nacional de Gendarmería, coronel Marco Fuentes, “para su conocimiento y fines pertinentes”.

ÓRDENES Y PLAZOS
Los jueces de la sala penal confirmaron, además, varias medidas ordenadas en el fallo del tribunal de alzada, como que Gendarmería termine pronto la investigación interna iniciada sobre este caso y remita sus resultados al Ministerio Público, además del respectivo parte policial, set de fotografías “y demás antecedentes necesarios para el esclarecimiento de los hechos”, fijándose un plazo de 30 días para que la institución informe a la Corte el cumplimiento de estas medidas.

“En lo futuro, (Gendarmería) deberá tratar dignamente a los internos respecto de los cuales es responsable en cuanto a su seguridad individual, dando estricto cumplimiento a lo establecido en las leyes, la Constitución Política de la República, los tratados internacionales y, en forma especial, lo dispuesto en la Convención contra la Tortura”, agregó la sentencia confirmada ahora.

GOLPES E INSULTOS
El amparo del INDH y la DPP en favor del interno se presentó luego de que éste denunciara haber recibido diversos malos tratos de los gendarmes -incluyendo insultos y golpes-, supuestamente por tener marihuana en su poder, situación que fue rechazada por la Corte de Apelaciones.

En su fallo -confirmado ahora por la Suprema-, los jueces de alzada señalaron que, en tanto “garante de la seguridad individual de toda persona que se encuentra bajo su custodia”, el fin primordial que le compete a Gendarmería “consiste en la atención, custodia y asistencia de los internos, a quienes se debe otorgar un trato digno y propio a su condición humana, encontrándose prohibida la aplicación de torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes de palabra o de obra”.

Los jueces de la Corte penquista agregaron que “los desafortunados resultados de la actuación de Gendarmería el día de los hechos, su falta de diligencia en recabar los informes de lesiones del recurrente en forma oportuna, unido a lo manifestado en los recursos de amparo en estudio, permiten presumir que su actuar fue arbitrario e ilegal, en cuanto vulnera la normativa que rige su accionar, razón por la cual el presente recurso deberá ser acogido en los términos que más adelante se expresarán”.

RECURSOS PREVIOS
Con éste, ya son cuatro los recursos de amparo acogidos en favor de internos del complejo penitenciario El Manzano, tanto por la Corte Suprema como por la Corte de Concepción, todos los cuales han tenido que ver con malos tratos y traslados ilegales, ocurridos en la sección femenina del CCP y en la cárcel concesionada Biobío. Todos fueron presentados por el programa de defensa penitenciaria de la Defensoría.

A esto debe sumarse otro recurso de amparo, presentado ante el Juzgado de Garantía de Concepción por el defensor público juvenil Eduardo Rosado, por hechos ocurridos en la sección juvenil de la cárcel penquista. Tras esa presentación, la jueza de turno se constituyó en el penal, donde realizó una audiencia de cautela de garantía, durante la cual los abogados de la Fiscalía y el personal de la PDI recogieron in situ las denuncias.

Por último, se encuentran actualmente en tramitación otros dos recursos en favor de igual número de internos que resultaron lesionados en confusos incidentes y que están por resolverse en el máximo tribunal de la zona.

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