Sala de Prensa

16/01/2014

La jefa de Estudios, Francisca Werth, y el abogado Gonzalo Berríos

Expertos de la DPP participan en debate sobre seguridad para el Chile de 2030

La iniciativa es parte de un proyecto del BID y Paz Ciudadana, que pretende poner en marcha una estrategia de seguridad de largo plazo para Chile y otros países de la región.

Por Marcelo Padilla V.,
Defensoría Nacional.

La jefa del Departamento de Estudios y Proyectos (DEP) de la Defensoría Nacional, Francisca Werth; y el académico y abogado Gonzalo Berríos, de esa misma unidad institucional, participaron ayer en un debate organizado por la Fundación Paz Ciudadana y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), destinado a presentar y poner en marcha el proyecto “Generación de una estrategia de seguridad de largo plazo para Chile”.

Al encuentro, realizado en el auditorio de la Fundación Telefónica, en Santiago, asistieron unos 50 expertos en distintas temáticas asociadas a la seguridad, quienes participaron en debates sobre aspectos como policía, sistema de justicia,  prevención social temprana, institucionalidad y gestión de información o rehabilitación y reinserción, entre otras temáticas.

La iniciativa fue presentada por Carlos Cordovez, especialista líder del Departamento de Instituciones para el Desarrollo del BID, y por Catalina Mertz, directora ejecutiva de Paz Ciudadana, quienes explicaron que a través de este proyecto de cooperación técnica, se iniciará el diseño de una estrategia de seguridad pública pensada para el Chile de 2030, además de una metodología de trabajo para otros países de la región.
La exposición central de la sesión estuvo a cargo del director de Instituto de Criminología de la Universidad de Cambridge (Inglaterra), Lawrence Sherman.

DEBATE DE FONDO
Consultado sobre el rol de la Defensoría en un debate de fondo como éste, Gonzalo Berríos explicó que “el foro de expertos pretende que esta nueva política sea ‘de Estado’ e introduzca rigor en esta área tan sensible, abandonando todo asomo de populismo penal. Desde la DPP, nuestro aporte incluye introducir los problemas de acceso a la justicia y a los servicios sociales de los infractores, así como la necesidad de hacerse cargo de los problemas de violencia institucional, es decir la ejercida por agentes del Estado. Sólo un sistema visto como legítimo por las personas puede mejorar la seguridad de las mismas”, aseguró.

Según explicaron sus promotores, el proyecto incluye la creación de un instrumento de planificación estratégica de seguridad pública para Chile, la difusión de esta estrategia para asegurar los consensos que le permitan ser eficaz y sostenible en el tiempo y, finalmente, la sistematización y documentación de todo el proceso, para impulsar este modelo de gestión en otros países de la región a partir del avance que se logre en Chile, tomado como un ‘laboratorio de buenas prácticas’, por el alto compromiso del país con el buen funcionamiento de las instituciones.

“La seguridad ciudadana basada en un clima de justicia y paz social constituye una prioridad crítica en la agenda política de los gobiernos de América Latina y el Caribe, ya que son elementos esenciales para garantizar y promover el desarrollo y el crecimiento económico de los países", señaló Carlos Cordovez. 

Agregó que "la criminalidad incide negativamente en la inversión pública en áreas relevantes para el desarrollo económico y social. También inhibe la inversión extranjera y perjudica el clima de negocios. Sus altos costos económicos, sociales y humanos, y su estrecha relación con los problemas estructurales de la región, como la desigualdad, la exclusión y la debilidad institucional, han motivado el activo involucramiento del BID en esta área".

PANELES TEMÁTICOS
Al encuentro de ayer asistieron, entre otros, el director del Centro de Estudios en Seguridad Pública de la Universidad de Chile, Hugo Frühling; los académicos Cristian Riego y Mauricio Duce (UDP); los investigadores Nicolás Espejo y Luis Vial (Unicef); el director del Programa de Seguridad Urbana de la Universidad Alberto Hurtado, Franz Vanderschueren, y Lucía Dammert, experta en seguridad de la Universidad de Santiago, además de representantes del gobierno y de organismos de la sociedad civil que trabajan en esta temática.

Según la planificación prevista, la primera fase del trabajo incluirá la realización de diversas jornadas de discusión con técnicos y expertos nacionales, quienes abordarán el tema de debate en cinco paneles específicos: prevención social temprana, rehabilitación y reinserción (prevención social en adultos), prevención situacional, sistema de justicia e institucionalidad y gestión de información.

Posteriormente, el trabajo de estas jornadas se socializará con operadores de las diversas instituciones claves del sistema de justicia penal y con tomadores de decisión, con el objeto de que sus resultados sean transversales tanto política como técnicamente.

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