Sala de Prensa

10/06/2014

Durante su cuenta pública anual

Defensor Regional Claudio Pérez advierte sobre efectos de prisión preventiva

La máxima autoridad de la Defensoría en Valparaíso, precisó que 206 personas estuvieron en la cárcel durante el periodo de investigación, en 2013.

Por Sandra Reyes L, 
Defensoría Regional de Valparaíso

Al rendir cuenta pública de la gestión efectuada en 2013, el Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez, expresó su preocupación por la cantidad de personas que estuvieron en prisión preventiva durante la fase de investigación, y posteriormente fueron absueltas o sus causas fueron sobreseídas.

Agregó que este escenario le da aún más sentido e importancia al Proyecto Inocentes que impulsa la Defensoría Penal Pública. “Nos interesa contribuir al debate sobre cómo esta funcionando nuestro sistema de justicia, porque las cifras revelan una realidad que afecta a nuestros representados y familias”.

Dicho portal que narra treinta y cuatro historias, de las cuales tres son de nuestra región, da cuenta que hay errores que terminan con personas injustamente encarceladas.

El Defensor Pérez precisó que “a nivel regional existen 4.248 imputados con absolución, sobreseimiento definitivo o decisión de no perseverar, de los cuales 206 estuvieron en prisión preventiva durante el periodo de investigación”.

Manifestó que “como este escenario no nos resulta ajeno ni indiferente, todos los defensores de la región participaron en una clínica ampliada para analizar seis casos del Proyecto Inocentes y en conjunto discutimos las causas más frecuentes de errores del sistema que terminan con personas inocentes privadas de libertad, lo que nos obliga a estar atentos”.

ESTADÍSTICAS

El Defensor Regional de Valparaíso, Claudio Pérez, entregó las principales estadísticas que reflejan el ingreso de casos y la labor de gestión de defensa:

La Región de Valparaíso representa el 10.3% del  ingreso total nacional. Somos la segunda región del país con más juicios orales (14.7%). En 2013 tuvimos 1.533, y en 2012, 1.367, lo que implica un aumento del 9.2%.

El 50% de nuestros ingresos proviene de audiencias de controles de detención. Valparaíso es la región con mayor tasa de éxito en declaraciones de ilegalidad de la detención con el 51.5% de  solicitudes acogidas.

El 11.6% del total de causas (4.095) corresponde a violencia intrafamiliar.

En la región de Valparaíso, en 2013 prestamos servicios de defensa a  35.397 personas. Del total,  el 82.5% correspondió a hombres y el 17.5%  a mujeres.

De nuestros usuarios,  el 9.4% son adolescentes (3.312), el 0.7% (246) declaró pertenecer a una etnia y el 0.8 son extranjeros (267).

Según el tipo de procedimiento, el 67.6% (23.906) correspondió al procedimiento ordinario y el 30.8% (10.897) al procedimiento simplificado.

En 2013 el total de delitos ingresados fue 38.927, de los cuales los más frecuentes fueron: lesiones con un 19.8 %; los delitos contra la libertad e intimidad de las personas, 14.4%; hurto, 12%; delitos de la ley del tránsito, 9.4%;  faltas, 6.3%  y delitos de la ley de drogas,  4.9 %. 

Los defensores penales públicos presentaron 981 recursos en materia de Reforma Procesal Penal, de un total de 1.771 vistos en la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Valparaíso, lo que significa el 55.3% del total.

DESAFIOS

En materia de desafíos de este año, el Defensor Regional  señaló que desde abril pasado se cuenta con defensa penitenciaria en la región, la que está a cargo de seis defensores, quienes se desempeñan en Valparaíso; en Limache, Quillota, La Ligua y Petorca; en San Felipe, Putaendo y Los Andes; en San Antonio y Casablanca.

Agregó que al iniciar sus funciones, participaron en una capacitación institucional. Luego, han realizado charlas de difusión de derechos penitenciarios en los distintos recintos penales. Posteriormente, comenzaron  la prestación del servicio en procedimientos administrativos ante Gendarmería o asumiendo la representación judicial en tribunales.

Los defensores penitenciaros atienden las solicitudes relativas a la ejecución de penas privativas de libertad de  condenados por tribunales de la reforma procesal penal.

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