Sala de Prensa

30/12/2014

Paula Bernal y Ledy Liquitay

Defensoras juveniles de Antofagasta apuestan por reducir la privación de libertad de los jóvenes

Un intenso trabajo de gestión deben desarrollar estas profesionales para cumplir las expectativas de las familias y los adolescentes que se encuentran en el Centro de Internación Provisoria (CIP) de la ciudad.

Por Julia Arriagada Márquez,
Defensoria Regional de Antofagasta.

La Unidad de Defensa Penal Juvenil (UDPJ) de la Defensoría Regional de Antofagasta está integrada por dos defensoras públicas, una psicóloga y una asistente administrativa, todas quienes deben coordinarse a diario para reducir el efecto de la privación de libertad en los menores de 18 años en esta zona del país. En la región sólo existe un centro privativo de libertad y está situado en la ciudad de Antofagasta.

La Ley de Responsabilidad Penal Adolescente comenzó a regir en 2007 y desde ese entonces la Defensoría Penal Pública  expuso la necesidad  de crear un centro de internación provisoria en Calama, considerando la extensión geográfica de la Segunda Región y, por otra parte, que el número de ingresos de jóvenes de dicha localidad alcanza, en ocasiones, el 50 por ciento de la capacidad del recinto.

Frente a ello, el equipo de la UDPJ debe desarrollar un trabajo coordinado, para que las visitas sean tan regulares como lo requiere un menor de edad en pleno desarrollo y formación. Son factores a considerar cuestiones tales como el hacinamiento que en ocasiones se produce y el gran esfuerzo que deben desplegar las familias loinas para mantener el contacto con los adolescentes internos, entre otros temas.

La UDPJ de la Defensoría Regional está integrada por las defensoras Paula Bernal en Antofagasta, Ledy Liquitay en Calama, la psicóloga Golda Barrientos y la asistente administrativa Romina Carvajal, quienes diariamente se aseguran del bienestar de los adolescentes internados en el ex Surgam, hasta donde llegan regularmente para entrevistarse con cada uno de los jóvenes allí internados.

A juicio de Paula Bernal, “en una primera etapa era complicado abordar los temas relacionados con el proceso penal con los adolescentes, especialmente porque uno no siempre sabe explicarles adecuadamente las etapas que deben pasar hasta que su situación se defina. Sin embargo, las capacitaciones que nos brinda la institución, la experiencia del día a día y el deseo de entregar una buena defensa hacen que uno se adapte y las barreras se superen”.

Ledy Liquitay, quien recién asumió sus funciones a fines de septiembre, destaca que “esta labor implica no sólo un contacto directo con los jóvenes, sino también con sus familias, que son padres, madres y hermanos que están muy conmocionados con la imputación penal, con el encierro y con la distancia que se interpone entre el joven y ellos, dado que deben ser trasladados a Antofagasta para cumplir con la internación provisoria y eso hace muy complicada la situación por la que atraviesan”.

En este sentido, la psicóloga juvenil Golda Barrientos especifica que “el proceso por el cual pasa una familia en que uno de sus integrantes es imputado penalmente es de por sí complicado, pero aún más si se trata de un joven cuyo desarrollo emocional no se ha completado. El trabajo debe ser constante y abordar todas las áreas: sociales, familiares, educacionales y psicológicas”.

INTERNACIÓN PROVISORIA
Actualmente, ambas defensoras juveniles atienden más del 80 por ciento de las causas penales que se siguen en la Defensoría respecto de adolescentes infractores de ley. Al 15 de diciembre se encontraban privados de libertad 28 jóvenes por causas de Antofagasta y 14 por causas de Calama, quienes en suma superan la capacidad total del CIP CRC, lo que somete a estos adolescentes al hacinamiento.

En este sentido, la Defensora Regional, Loreto Flores, menciona que “a pesar de los grandes esfuerzos que hacemos desde la Unidad de Defensa Penal Juvenil, tenemos un hecho relevante que dice relación con la privación de libertad como medida cautelar. Muchas veces se interna a jóvenes mientras se desarrolla la investigación y posteriormente son sancionados a penas no privativas de libertad, lo que visibiliza que la medida que se adoptó con anterioridad a la sentencia es más gravosa que la propia condena”.

Flores agrega que “el esfuerzo de la defensa está centrado en un derecho penal mínimo  y que también considera la diferencia en los rangos etáreos, seleccionados de acuerdo al principio de su autonomía progresiva, que coloca nuevos límites a la intervención penal, considerando especialmente las consecuencias que significará esta intervención en la vida futura de dichos adolescentes". 

La Defensora Regional añade que es importante considerar, además, que en ocasiones se suma a la condición de estos jóvenes "elementos de doble o triple vulnerabilidad, dado que son indígenas, extranjeros o mujeres”.

“Nuestro desafío es brindar defensa de calidad y apoyar a las familias en las etapas del proceso. Estamos abocados a ello, pero también se hace necesario que se revisen los criterios con los cuales se aplican las medidas cautelares, tanto en adultos como en especial en adolescentes”, finaliza Loreto Flores.

 

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