Sala de Prensa

24/02/2015

Caso por homicidio en Molina

Defensora pública sostiene que imputado no actuó con intención de dar muerte a su ex pareja

Abogada Carolina Gutiérrez explicó que se está en presencia de un hecho pasional, motivado por una presunta infidelidad.

Por Edgardo Castro Vega,
Defensoría Regional del Maule.

La defensa pública del único imputado en la investigación llevada en la Fiscalía por la muerte de una mujer, ocurrida el lunes en la localidad de Lontúe -comuna de Molina, Región del Maule-, planteó que el presunto responsable del hecho nunca tuvo la intención de darle muerte y que actuó en un instante de arrebato u obcecación, en el marco de una discusión entre ambos.

Estos argumentos fueron planteados por la defensora pública Carolina Gutiérrez y por el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, Rodrigo Flores, en el contexto de una audiencia celebrada en el Juzgado de Garantía de Molina.

En la ocasión, el imputado de iniciales A.A.J.M. fue formalizado por los delitos de femicidio y desacato, esto último dado que se corroboró que al momento de los hechos él se encontraba con una prohibición de acercarse a su ex pareja. Por ello, la jueza de garantía Gloria Hernández decretó prisión preventiva en su contra.

“Estamos en presencia de varias atenuantes y creemos que no hubo dolo homicida, atendido el contexto en el que se dieron los hechos. Estamos frente a un delito pasional. Creemos que hubo una eventual privación de razón de parte de mi representado”, afirmó la abogada. 

PRESUNTA INFIDELIDAD
Según explicó Gutiérrez, los antecedentes hasta el momento permiten concluir que el imputado concurrió hasta el hogar de su ex pareja al tener información de una presunta infidelidad de parte de la mujer, lo que habría gatillado la discusión. “Lo que sabemos es que él tenía antecedentes sobre la relación sentimental de su ex pareja con un tercero y en ese contexto se genera la discusión con el fatal desenlace”, aseguró. 
Terminados los alegatos, la jueza Gloria Hernández aceptó la propuesta de la defensa pública del imputado y fijó en dos meses el plazo de investigación.
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