Por Edgardo Castro Vega,
Periodista Defensoría Regional del Maule.

La defensa pública de la única imputada en la causa por la muerte de un niño en la comuna de Molina solicitó formalmente a la jueza del Tribunal de Garantía de esa ciudad, Gloria Hernández Abarca, que se inhabilite, debido a que carece de imparcialidad tras emitir opiniones sobre la única procesada en este caso.

El defensor penal público Esteban Arévalo y el jefe de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional del Maule, Rodrigo Flores, asistieron a la audiencia en la que se presentó el requerimiento ante la magistrada, donde plantearon reparos a su actuación.

“Estimamos que la jueza no está en condiciones de seguir conociendo de esta causa, dado que no ofrece las mínimas garantías de imparcialidad, al emitir conceptos sobre nuestra representada -quien es madrastra del menor fallecido- que atentan contra el debido proceso y el principio de imparcialidad que debe imperar”, explicó Flores a medios de prensa.

Agregó que el fundamento de la petición se basa en que durante la audiencia de formalización de la detenida, quien fue imputada por el delito de homicidio calificado, la jueza decretó la  medida cautelar de prisión preventiva en su contra, contexto en que -entre otros argumentos entregados por la jueza Hernández, que constan en el respectivo registro de audio y en la resolución del tribunal-, la magistrada califica a la imputada como “manipuladora de primer grado”.

Según el jefe regional de Estudios, la jueza planteó textualmente que “todo el pueblo estaba lleno de esos cartelitos, todo el pueblo andaba en busca de este niño. Quizás lo digo con todo el corazón más involucrado en el hecho que la frialdad de esta madre postiza, que cuidaba ese niño que no era su hijo biológico…”.

IMPARCIALIDAD NECESARIA
Rodrigo Flores aclaró que dichas expresiones “no se condicen, al menos en la forma y en apariencia, con la imparcialidad que debe tener un juez que en el futuro ha de dictar resoluciones tan relevantes en la causa, y que indudablemente conllevan implícita la manifestación de un dictamen sobre la cuestión pendiente”. 

Consultado sobre el tema, el defensor público Esteban Arévalo dijo que esta recusación no es algo personal contra la magistrada, sino que sólo busca resguardar los derechos de la imputada, en particular respecto del debido proceso y del derecho que le asiste a ser juzgada de manera imparcial.

“Este derecho está en riesgo con expresiones como aquellas, que además atentan contra el derecho a recibir un trato digno”, señaló.

La magistrada en cuestión rechazó la solicitud de inhabilitarse, razón por la cual la Defensoría Penal Pública estudia llevar el caso ante la Corte de Apelaciones de Talca.