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La Serena: masiva participación de defensores públicos y alumnos en seminario

16/10/2015

Sobre “derecho penal y pueblos originarios”

La Serena: masiva participación de defensores públicos y alumnos en seminario

La actividad académica fue organizada en conjunto por la Defensoría Regional de Coquimbo y la Escuela de Derecho de la Universidad Central, sede La Serena.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Una importante intercambio de experiencias y prácticas destacadas dejó como resultado el seminario “Derecho penal y pueblos originarios”, organizado en conjunto por la Defensoría Regional de Coquimbo y la Escuela de Derecho de la Universidad Central, sede La Serena, evento que fue encabezado por el Defensor Regional, Alejandro Viada, y el director regional de esa casa de estudios, Jaime Alonso.

La convención se desarrolló durante dos días en el auditorio de la universidad y contó con la asistencia del Seremi de Justicia, Carlos Galleguillos, junto a defensores penales públicos, abogados, académicos y estudiantes.

Su propósito fue conocer la amplia experiencia de la Defensoría Penal Pública en torno a la relación entre el derecho penal y los pueblos originarios, además de conocer algunos casos emblemáticos asistidos por la institución.

Para ello, el encuentro contó con la participación de destacados expositores como el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de O’Higgins, Víctor Providel; el abogado Marcelo Pizarro, de la Unidad de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía; el jefe de Estudios de la Defensoría Regional de Antofagasta, Ignacio Barrientos; el abogado Rodrigo Lillo, del Departamento de Estudios de la Defensoría Nacional, y Carlos Esperguen, asesor jurídico de la institución en Coquimbo.

Los participantes reflexionaron que si bien la IV Región no congrega una amplia y diversa población indígena, sí se advierte como necesario visibilizar una problemática que se incrementa cada año, relacionada con el delito de tráfico ilícito de estupefacientes, donde se ven crecientemente involucradas personas de nacionalidades peruana o boliviana que pertenecen a etnias y que son utilizadas como “burreros” para el transporte de drogas.

“En este sentido, fue muy importante conocer esta problemática a través de la experiencia de nuestros expositores, que servirá de herramienta a los defensores para asumir una mejor defensa en estos casos”, subrayó Alejandro Viada.

JUSTICIA EN TERRENO
Otro tema relevante tratado durante el evento fue que en diversos casos de personas indígenas que han enfrentado un proceso penal, no se ha posicionado con la fuerza que se requiere la necesidad de contar con traductores cuando los imputados no dominan a cabalidad la lengua española, situación que -tal como concluyeron- va en absoluto menoscabo de los derechos de un imputado, ya que atenta contra el derecho a defensa y un proceso judicial objetivo.

Por último, y más allá del aporte dogmático de los exponentes, concitó ampliamente la atención de los asistentes las experiencias detalladas por Víctor Providel e Ignacio Barrientos, quienes relataron que para la solución de conflictos penales los intervinientes (jueces, defensores y fiscales) se trasladaban hasta las comunidades indígenas de regiones, lográndose acuerdos reparatorios u otras salidas alternativas válidas desde el punto de vista de la cosmovisión de los pueblos originarios.

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