Sala de Prensa

20/11/2015

María Paz Martínez, defensora local Jefe de San Miguel

Defensora cuestionó videos en caso de bomba en comisaría de San Miguel

Una investigación de más de un mes, y la explosión ocurrida en la madrugada de ayer en la Escuela de Suboficiales de Gendarmería en San Bernardo, fueron los hechos que aceleraron la formalización de dos imputados por el delito de colocación de artefacto explosivo en la comisaría de San Miguel, el pasado 29 de octubre.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur

Una persona detenida tras la activación y detonación de un artefacto explosivo en las afueras de la Escuela de Suboficiales de Gendarmería en San Bernardo, apuró las diligencias que se realizaban por parte de la Fiscalía y la policía,  para dar con los posibles autores de la colocación de un artefacto en el exterior de la 12° Comisaría de San Miguel, el pasado 29 de octubre.

Tras esas diligencias, se detuvo en flagrancia en San Bernardo al joven de 18 años K. G. F., y por una orden de detención del 11° Juzgado de Garantía, al estudiante universitario J.G.C. (22 años), quien fue representado por la defensora local jefe de San Miguel, María Paz Martínez.

Según lo indicado por el fiscal especial Claudio Orellana en la audiencia, se imputaron tres delitos distintos a K.G.F,  entre ellos dos de colación de artefacto explosivo, en el caso de J.G.C, se le imputó el delito de preparación y colocación de artefacto explosivo, sólo en lo referido al hecho en la comuna de San Miguel.

FORMALIZACIÓN
De acuerdo a lo expuesto en la audiencia, tras la desactivación del artefacto explosivo en las afueras de la Comisaría de San Miguel, se encontró un celular utilizado para detonar la bomba, cuyo propietario sería la abuela de J.G.C.

El Ministerio Público ordenó realizar un peritaje a las llamadas entrantes y salientes de ese número, cuyo resultado fue que se había realizado una llamada al celular de J.G. días previos al ataque.

Se logró determinar, gracias a la señal del aparato, que J.G., o quien lo portaba,  se desplazó desde su domicilio ubicado en la comuna de Vitacura, hasta San Bernardo, donde se habría juntado con el otro detenido para colocar la bomba.

Gran parte de la formalización se basó en la exhibición de un video que mostraría los movimientos de J.C.G a fines de octubre, reproducción que fue cuestionada por la defensora local jefe de San Miguel, María Paz Martínez. Según la abogada, el video “no da cuenta del hecho investigado y la colocación del artefacto explosivo, pues se ven dos personas, pero no existe certeza o al menos claridad que uno de ellos sea mi representado”.

Asimismo Martínez indicó que echó de menos las transcripciones de las conversaciones telefónicas que habrían mantenido ambos imputados, pues no quedo claro qué decían, así como saber si esos diálogos daban cuenta de una posible coordinación para la comisión de un delito.

La audiencia que se extendió por más de seis horas, finalizó con la decisión del juez Pablo Szachar, de acoger la solicitud de prisión preventiva para ambos imputados y fijar el plazo de investigación en 150 días.

Noticias relacionadas:


  • subir
  • imprimir
  • volver