Sala de Prensa

16/05/2016

En ceremonia de balance de la gestión institucional de 2015

Defensor Regional de Tarapacá expresó preocupación por avances hacia un modelo penal más represivo

“Así como se invierte tiempo y recursos en perseguir eficientemente el delito, debe existir una política criminal orientada a prevenir estos hechos, rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han delinquido”, remarcó.

Por Héctor Mérida C.,
Defensoría Regional de Tarapacá.

El Defensor Regional de Tarapacá expresó su preocupación por la fuerza con que se instala en el país “la necesidad de un derecho penal de la seguridad, que reduce el rol social del Estado y, como contrapartida, se orienta más bien a un modelo policial, penal y penitenciario”.

Marco Montero Cid incluyó este análisis entre los temas centrales de su balance de la gestión anual 2015, entregado durante una ceremonia a la cual asistieron numerosas autoridades de Gobierno y de los poderes Legislativo y Judicial, además del propio Defensor Nacional, Andrés Mahnke.

Tras rechazar las críticas que cuestionan el supuesto énfasis “garantista” del modelo de justicia penal, el directivo dijo que muchas decisiones político-criminales se están fundamentando “más bien en percepciones” que en datos empíricos, lo que nos lleva a “un modelo penal más represivo, que sólo incrementa los niveles de odio, segmentación y exclusión”.

“Bajo el eslogan de la lucha contra la delincuencia, se relativizan los principios políticos criminales de garantía, tanto penal como procesal. Un ejemplo de aquello lo vemos a propósito de la reforma legal que busca modificar la normativa sobre el control de identidad”, agregó.

En contrapunto, el abogado señaló que el Estado debe “abordar el fenómeno criminal de manera integral y no segmentada. Así como se invierte tiempo y recursos en perseguir eficientemente el delito, debe existir una política criminal orientada a prevenir estos hechos, rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes han delinquido”.

Marco Montero insistió que “por lo mismo, es preciso contar con un sistema penal que concilie tanto la confianza de la ciudadanía en su capacidad de adecuación de conductas, como la vigencia y el respeto de los derechos fundamentales de las personas. La aplicación de los principios rectores de una política criminal acorde a un modelo de Estado social y democrático de derecho es el derecho penal que buscamos”.

“Y en ese camino, la Defensoría Penal Pública ha definido su misión y visión atendiendo las necesidades de personas en concordancia con los valores y principios que inspiran nuestra labor”, remarcó el Defensor Regional.

LA CEREMONIA
En el acto de entrega oficial de esta reseña anual, realizada en el Salón de Actos de la IV Zona Naval de Iquique, estuvieron presentes las principales autoridades regionales, como el senador Fulvio Rossi; el presidente de la Corte de Apelaciones, Pedro Güiza; la contralora regional, Mariela Fernández; el fiscal regional (S), Gonzalo Guerrero; los gobernadores provinciales, de Iquique, Francisco Pinto; de El Tamarugal, Claudio Vila; los alcaldes de Iquique, Jorge Soria, y de Alto Hospicio, Ramón Galleguillos.

También acudieron los generales de Carabineros, Fernando Petit, jefe de la Primera Zona de Carabineros, y Alvaro Altamirano, director de Control de Drogas; como también el Jefe de la Primera Zona Policial de la PDI, prefecto inspector Oscar Rosas.

Junto a ellos estuvieron el obispo de Iquique, monseñor Guillermo Vera, y el delegado regional del Gran Maestro de la Logia Masónica de Chile, Lorenzo Sotomayor. 

También asistieron los cónsules de Bolivia, Raúl Ruiz, y del Perú, Luis Cieza, además del Seremi de Justicia y los directores regionales de los servicios del sector, como Gendarmería, Registro Civil, Sename, Servicio Médico Legal y Corporación de Asistencia Regional, además de Sernam, Senda y Aduanas.

Encabezando a la institución anfitriona estuvo presente el Defensor Nacional, Andrés Mahnke, quien destacó ante la prensa los positivos indicadores que registra la gestión regional, aunque enfatizó que “más allá de los números y de asegurar el cien por ciento de la cobertura, lo contundente es que nuestro foco siempre está en las personas que nosotros atendemos, en la forma en que servimos a la comunidad y nosotros somos insistentes en pedir que nos evalúen, porque tenemos un rol social que cumplir”.

Mahnke remarcó también que “sabemos que no necesariamente tenemos posiciones que sean muy populares, pero hacemos el esfuerzo para que todos nos entiendan”.

LAS CIFRAS
Los resultados que exhibió la Defensoría en Tarapacá durante 2015 señalan que, en materia de presupuesto, la institución ejecutó el 99,9 de lo asignado, mientras que en prestación de defensa los principales delitos registrados correspondieron a infracciones a la Ley de Tránsito; luego lesiones ligadas a violencia intrafamiliar y en tercer lugar los casos de tráfico de drogas.

Los imputados que recibieron atención de la entidad sumaron 10 mil 51 personas durante el período, de las cuales mil 571 terminaron sus procesos sin condena o absueltas.

“Como vemos, se trata de ilícitos comunes, que en su mayoría aparecen relacionados a factores sociales tan complejos como el abandono del hogar, la deserción temprana de la educación, la violencia doméstica, la inestabilidad laboral o el consumo problemático de alcohol y drogas”, explicó Marco Montero tras detallar estas cifras.

En materia de género, un 16,6 por ciento de las atenciones correspondió a mujeres, mientras que los varones llegaron al 83,4 por ciento.

AUTONOMIA
El directivo regional también abogó por la autonomía que requiere la Defensoría Penal Pública, bajo el argumento de que “un Estado de derecho requiere de una institucionalidad formal y fortalecida”, para lo cual es fundamental “la existencia de un organismo autónomo que proteja de manera efectiva los derechos y garantías fundamentales de quienes son perseguidos penalmente”.

Montero agregó que “esto contribuirá a lograr el equilibrio que debe existir en el sistema penal, fortalecer el rol de la justicia y materializar una mejor vida en democracia”, puntualizó. 

El Defensor Regional de Tarapacá señaló también que “el debido proceso, la defensa jurídica y el respeto por la dignidad de las personas es lo que finalmente determina el modelo de Estado en que vivimos y que buscamos”.

Añadió que por eso se justifica “la constante defensa que hacemos de estos valores y principios que, consideramos, son los cimientos de un Estado social y democrático de derecho”.

La Defensoría funciona en esta zona del país desde 2002, año en que comenzó a operar en Tarapacá el nuevo sistema procesal penal, y tiene a su cargo asegurar la defensa letrada a todas las personas que sean imputadas por algún delito o falta de tipo penal.

Actualmente cumple sus funciones con 23 abogados dedicados específicamente a la defensa en tribunales, más un equipo de directivos, administrativos y profesionales de apoyo a tal labor, los que alcanzan a otras 30 personas.

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