Sala de Prensa

03/08/2016

Ausencia de imputados en la sala motivó petición acogida por jueza de garantía

Postergan en una semana audiencia de cierre de investigación del caso Luchsinger

Paralelamente, los defensores públicos de esta causa presentaron un recurso de amparo contra el juez de garantía Federico Gutiérrez Salazar, quien denegó ampliar el plazo de investigación, lo que vulnera el derecho de sus representados.

Por Claudia Riquelme S.,
Defensoría Regional de La Araucanía.

Los defensores públicos y privados que representan a los 11 comuneros mapuches imputados como autores del crimen del matrimonio Luchsinger Mackay lograron esta mañana que se suspendiera la audiencia y se postergara en una semana el eventual cierre de la investigación, previsto originalmente para hoy, cuatro meses después de que la machi Francisca Linconao y otras diez personas fueran formalizadas por estos hechos.

La postergación se basó en que los imputados no habían sido llevados al Juzgado de Garantía de Temuco, por lo que los abogados de la defensa argumentaron una vulneración de sus derechos procesales y solicitaron a la jueza realizar la audiencia en nueva fecha y hora, cuestión que fue acogida por la magistrada. La nueva audiencia, entonces, quedó fijada para el próximo miércoles 10 de agosto.

Tanto las defensas públicas como privadas de esta causa han alegado insistentemente en este caso que la Fiscalía no sólo no ha entregado el resultado de peritajes de defensa previamente solicitados, sino que ha rechazado incluso diligencias relevantes para demostrar la absoluta inocencia de los imputados.

Por ejemplo, en una audiencia realizada el pasado miércoles 27, el fiscal del caso, Alberto Chiffelle, debió reconocer que no contaba aún con una pericia considerada clave para sostener la imputación penal y que incluso validó en su momento la decisión de dejar en prisión preventiva a los comuneros: una georreferenciación de llamadas telefónicas realizadas por los acusados, que demostraría su presencia en la zona de los hechos, al momento del incendio que costó la vida al matrimonio.

En efecto, pese a los cuatro meses transcurridos desde la formalización de los comuneros, el fiscal entregó recién el pasado lunes un CD con el resultado de este peritaje, junto a una segunda prueba, lo que prácticamente deja sin margen de reacción a las defensas para ejercer adecuadamente el control de esas pruebas fiscales.

Mario Quezada, jefe de Estudios de la Defensoría Regional de La Araucanía -quien representa a los hermanos Aurelio y Eliseo Catrilaf Parra- explicó que las pruebas solicitadas por las defensas resultan relevantes, lo que explica la necesidad de ampliar el plazo de investigación hasta que éstas se realicen y se obtengan sus respectivos resultados.

“Han quedado en el tintero varios tipos de diligencias que hemos solicitado. Cuando el fiscal rechaza o no se pronuncia sobre esa diligencia, los defensores podemos pedir al juez que le ordene hacerlas y que se reabra el plazo de investigación. No se puede cerrar la investigación si estas diligencias siguen pendientes”, señaló.

RECURSO DE AMPARO
Por estas mismas razones y previo a la audiencia postergada, los defensores penales públicos presentaron un recurso de amparo en contra del juez de garantía Federico Gutiérrez Salazar, quien a juicio de los abogados restringió la seguridad y libertad personal de los imputados al denegar hace pocos días ampliar el plazo de investigación en esta causa.

Según Quezada, “el derecho al plazo razonable protege al imputado y acá el juez desconoce y priva ese derecho a nuestros representados. Alegamos infracción a la seguridad individual por el riesgo que significa que estas diligencias no se hagan, lo que en suma puede llevar a un condena injusta respecto de los imputados”, aseguró.

En el recurso, los defensores públicos sostuvieron que, pese a que han solicitado diversas diligencias de investigación que han sido aprobadas por el persecutor penal, éstas todavía no han sido ejecutadas.

“La falta de antecedentes impide a la defensa estudiar adecuadamente la realización de diversas diligencias de investigación, considerando la complejidad de la causa, los delitos imputados y el número de antecedentes recopilados durante más de tres años de investigación no judicializada”, indica el escrito.

DEFENSA DE LA MACHI
Consultado sobre el tema, el defensor penal público Jaime López, quien representa a la machi Francisca Linconao, explicó que la audiencia postergada hoy tiene el claro objetivo de pedir que se entreguen todos los antecedentes que maneja la Fiscalía, para ejercer los derechos procesales de las partes en igualdad de condiciones.

“La audiencia tendrá consecuencias para la machi y para todos los demás imputados. Por ejemplo, para aclarar la dinámica de los hechos, solicitaré más información respecto de las características técnicas de la georreferenciación, ya que por estas faltas de información nos podemos ver muy  perjudicados, cuando se nos niega la posibilidad de generar pruebas de descargo”, concluyó.

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