Sala de Prensa

28/10/2016

En total, 53 personas postularon al beneficio

Quince personas obtuvieron la libertad condicional en Magallanes

La Defensora Regional, Gustava Aguilar, y el asesor jurídico, Jaime Obando, presentaron los casos ante la comisión de libertad condicional, que sesionó por segunda vez en el año.

Por Héctor Martínez Díaz,
Defensoría Regional de Magallanes y Antártica Chilena.

Quince fueron las personas que obtuvieron el beneficio de libertad condicional durante la segunda sesión del año de la comisión de libertad condicional de Magallanes, integrada por cinco jueces que dos veces al año se reúnen para revisar, evaluar, rechazar u otorgar las solicitudes hechas por quienes cumplen condena en los diferentes penales de la Región y que cumplen los requisitos para postular a dicho beneficio.

Al igual que en los últimos años a nivel regional, la modalidad de funcionamiento de la comisión mantuvo los principios de oralidad, transparencia e inmediación propios de la reforma procesal penal, lo que permitió a la Defensoría participar, en el entendido de que por mandato legal, a la institución le corresponde prestar defensa penal hasta el último día de la condena de una persona.

De este modo, una vez más los profesionales de la institución pudieron entregar los argumentos que avalaban el otorgamiento del beneficio a los internos inscritos, a quienes previamente había apoyado y asesorado en la recolección de los antecedentes necesarios para sustentar sus postulaciones.

Como otras veces, los miembros de la comisión pudieron también escuchar directamente a los internos, quienes debieron explicar qué se consideraban aptos para lograr el beneficio. A su vez, los postulantes pudieron informarse durante la misma sesión sobre de las razones que tuvieron los jueces para aprobar o rechazar su libertad, caso éste último en que los instaron a mantener una buena conducta, participar en talleres y presentar avances en el ámbito psicosocial que les permitan obtener este beneficio en postulaciones posteriores.

El equipo de defensores públicos que compareció ante la comisión estuvo integrado por la Defensora Regional, Gustava Aguilar, al abogado Jaime Obando, asesor jurídico de la Defensoría Regional, y la asistente social Paula García, encargada de la Unidad de Apoyo a la Gestión de Defensa (UAGD).

DEFENSA PENITENCIARIA
Aunque la Defensoría Regional de Magallanes cuenta desde agosto pasado con un equipo de defensa penitenciaria especializada, Gustava Aguilar explicó que “a objeto de que tanto el defensor penitenciario como la asistente social de su equipo conocieran cómo es la modalidad de funcionamiento de la comisión en Magallanes, que es inédita en el país, se optó porque esta vez participara como observador del proceso, con el fin de que estén debidamente preparados para la sesión de la comisión del año próximo, ya que a futuro serán ellos quienes apoyarán y representarán los intereses de los internos que postularán a la libertad condicional”.

Paula García informó que  el desglose  de postulantes por las unidades penales de la región fue el siguiente: de las 36 personas que postularon en el Complejo Penitenciario de Punta Arenas, 6 obtuvieron la libertad; en el Centro de Detención Preventiva (CDP) de Puerto Natales postularon cuatro personas y una obtuvo el beneficio; en el CDP de Porvenir la única persona que postuló lo obtuvo, mientras que de los 12 postulantes del Centro de Educación y Trabajo (CET), siete recibieron la libertad condicional.

OPINA EL JUEZ
Este año, el juez Juan Enrique Olivares, del Tribunal de Garantía de Punta Arenas, integró por segunda vez la Comisión y dijo tener la mejor de las opiniones respecto de la modalidad de funcionamiento del grupo en la región más austral del país.

“Me parece fantástico  lo que se ha hecho. Creo que es la oportunidad de demostrar que los procesos de decisión, sobre todo cuando inciden en aspectos tan sensibles como la libertad personal, requieren un mínimo estándar de garantía, eficacia y derechos, lo que se plasma en el derecho a ser oído, escuchado y que la parte tenga un mínimo de alegación a su favor con un defensor y con cuerpo presente del sentenciado que pueda manifestarse y, a su vez, los juzgadores podamos ver a las personas sobre las cuales estamos resolviendo que recuperen o no su libertad antes de lo que en principio estaba fijado”, comentó.

Sobre la participación de la Defensoría, Olivares compartió la noción de que la defensa se extiende hasta que se extinga la completa ejecución de la sentencia, lo que supone la ejecución completa de la pena. “Entonces, ese sentenciado tiene derecho a ser oído, a que alguien alegue a su favor y que lo haga la Defensoría Penal Pública me parece la institución idónea y capacitada para eso”, señaló.

Por lo mismo, el juez consideró que “el trabajo que se ha hecho en Magallanes está muy bien orientado y estoy muy orgulloso”, concluyó.

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