Sala de Prensa

22/05/2017

En diálogo participativo

Profesionales de la Defensoría de Coquimbo atendieron a internas de la cárcel serenense

La instancia de conversación fue encabezada por la Defensora Regional, Inés Rojas, quien entre otros temas abordó la especialización de la defensa para grupos vulnerables.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Acompañada por la jefa de Estudios y por el equipo de defensa penitenciaria de la región, la Defensora Regional de Coquimbo, Inés Rojas, sostuvo un encuentro con mujeres condenadas e internas en el Centro de Cumplimiento Penitenciario (CCP) Huachalalume, de La Serena, ocasión en que atendieron sus consultas y entregaron valiosa información sobre la Defensoría Penal Pública.

Fueron alrededor de 60 internas de los módulos 81 y 82  las que primeramente escucharon a la Defensora Regional presentarse y luego darles a conocer el motivo del diálogo participativo. Rojas explicó que la institución no sólo representa a personas imputados por su eventual participación en un delito, sino que también ha desplegado esfuerzos para asistir y orientar legalmente a ciertos grupos de población más vulnerables.

“Tenemos preocupación especial por los adolescentes, descendientes de pueblos originarios, migrantes y quienes cumplen sentencias al interior de las cárceles, especialmente las mujeres, que constituyen el principal soporte familiar”, explicó.

La abogada comentó que para los condenados, la Defensoría cuenta con profesionales capacitados en materia penitenciaria, quienes cumplen la misión de asesorarlos en diversos requerimientos, realizando actuaciones ante tribunales de justicia, recopilación de información a través de instituciones como hospitales, gestiones ante Gendarmería, tramitación de documentos para postulaciones a beneficios, traslados de unidades penales, unificación de penas, asistencia médica y cautelar por sus derechos, entre otros.

Luego la Defensora Regional puso a disposición de las privadas de libertad al equipo de defensa penitenciaria, compuesto por los abogados Nicolás Anticevic y Hamilton González, junto a dos asistentes sociales, y el apoyo de la jefa de Estudios de la Defensoría Regional.

Distribuidas en distintos espacios del patio de visitas del módulo, las mujeres requirieron información sobre las exigencias que permiten la solicitud de beneficios intrapenitenciarios –específicamente buena conducta, apoyo familiar, participación en talleres y desarrollar labores- y sobre cuáles serían la consecuencias en caso de incumplirlos.

Atención especial recibió la difícil situación de tres condenadas que habían sido trasladadas recientemente desde el penal de Acha, en Arica, con la compleja consecuencia de no tener ningún apoyo ni visita de familiares o cercanos, casos que serían indagados por los abogados penitenciarios de la Defensoría.   

 

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