Sala de Prensa

13/07/2017

La Defensoría y la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena

Organizan seminario sobre delitos de lavado y blanqueo de activos

El encuentro concitó un masivo interés de defensores públicos, fiscales, jueces y otros funcionarios del Estado. Por la institución expuso la defensora penal y académica Pía Bustos.

Por Daniel San Martín D.,
Defensoría Regional de Coquimbo.

Un interesantísimo seminario, que abordó las directrices y recomendaciones que rigen a todas las instituciones públicas en su obligación de desarrollar un sistema preventivo contra los delitos funcionarios, el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, organizaron conjuntamente la Defensoría Regional de Coquimbo y la Escuela de Derecho de la Universidad de La Serena.

Dado el alto nivel de los expositores, el simposio denominado “Los delitos de operaciones de lavado y blanqueo de activos” concitó gran interés entre funcionarios públicos de diversos servicios, entre ellos defensores públicos, fiscales, jueces, policías, académicos y estudiantes que repletaron el auditorio de dicha escuela.

En general, los ponentes explicaron que con el objetivo de prevenir que el sector público sea utilizado para la comisión de actos ilícitos, en mayo de 2015 el Ministerio de Hacienda distribuyó a todas las entidades públicas una guía de recomendaciones para la puesta en marcha de un sistema preventivo contra delitos funcionarios, lavado de activos y financiamiento del terrorismo. 

El manual fue elaborado en conjunto con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), en el marco de la 'agenda para la transparencia y la probidad' promovida por el gobierno de Michelle Bachelet.

OBLIGACIÓN DE INFORMAR
En este sentido, se hizo hincapié en la obligación de los órganos públicos de informar operaciones sospechosas. Al respecto María Paz Ramírez, jefa de difusión de la UAF, dijo que los servicios públicos debieron inscribirse en un registro de entidades reportantes de la UAF, además de señalar 38 actividades económicas reguladas, para coordinar políticas y procedimientos de prevención antilavado de activos, delitos funcionarios y financiamiento del terrorismo.

“Las instituciones públicas y entidades económicas no sólo enfrentan escenarios de riesgo por el dinero que manejan, sino también por la entrega de permisos, fiscalización, determinación de la naturaleza de bienes, condonaciones de obligaciones, compras públicas y comisiones de licitación”, aclaró.

Ante consultas sobre el rol de la UAF para detectar eventuales ilícitos, la profesional resaltó que se inicia con la identificación de una 'operación sospechosa', es decir, todo acto o transacción fuera de lo común, carente de justificación económica o jurídica aparente, y realizada por una persona natural o jurídica. “Chile no está inmune al lavado de activos, siendo las principales amenazas el narcotráfico, la corrupción, los delitos asociados a leyes de bancos y mercado de valores y el contrabando”, apuntó.

OFICIAL DE CUMPLIMIENTO
En tanto, la defensora pública y reconocida académica Pía Bustos expuso sobre la figura del oficial de cumplimiento -regulada en la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas- y la responsabilidad penal que arriesga una persona jurídica en caso de cometer delitos de cohecho, lavado de activos o financiamiento terrorista.

“Se dio como ejemplo el caso de relevancia nacional de Pinturas Ceresita, que fue formalizada y suspendida condicionalmente por cohecho y cómo hubiera actuado la figura del oficial de cumplimiento previniendo este ilícito”, finalizó.     

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