Sala de Prensa

05/09/2017

Por delitos de robo con intimidación, cohecho y obstrucción a la justicia

Defensores públicos logran absolución definitiva de ex detectives en Talagante

Absueltos por segunda vez y de manera absoluta resultaron los once ex detectives de Talagante que habían sido acusados de tres delitos: robo con intimidación, malversación de caudales públicos y obstrucción a la justicia. Todos fueron detenidos a mediados de 2015 en El Monte, por su supuesta participación en el robo de camiones.

Por Gustavo López Valeria,
Defensoría Regional Metropolitana Sur.

El Tribunal Oral en lo Penal de Talagante absolvió nuevamente a los once ex detectives que habían sido acusados por la supuesta apropiación de mercadería incautada en procedimientos de robos contra camiones en septiembre de 2015. Dos de los acusados fueron representados por la defensora penal pública Diana Correa, quien demostró la inocencia de sus clientes luego de un mes de juicio oral.

La causa se inició por investigaciones a cargo del Departamento Quinto de la PDI, en septiembre de 2014, en el marco de una indagatoria por diversos asaltos a camiones y contenedores que salían desde el puerto de San Antonio hacia la capital.

Según se indicó en su momento, el fiscal a cargo de la investigación envió a un equipo de detectives a pesquisar uno de estos hechos: un atraco a un vehículo que transportaba más de 50 millones de pesos en chocolates, relojes y espejos, entre otras mercaderías.

Al cabo de un par de días, los policías ubicaron el cargamento en una parcela en El Monte y recuperaron una parte de las especies sustraídas. Con los documentos recabados, el fiscal habría encontrado incongruencias, por lo que  conjuntamente con Asuntos Internos de la PDI comenzaron a indagar a los detectives.

Luego de casi seis meses, se reunieron las evidencias para imputar a los 11 funcionarios de la policía civil, algunos de los cuales tras la formalización quedaron en prisión preventiva y fueron dados de baja de la institución policial.

JUICIO ORAL
El Tribunal Oral en lo Penal de Talagante conoció por segunda vez los antecedentes que buscaban zanjar la supuesta responsabilidad de los ex funcionarios de la PDI, quienes ya habían sido absueltos en diciembre del año pasado. Dicha resolución fue anulada después por la Corte de Apelaciones de San Miguel, que acogió los recursos de los querellantes y la Fiscalía.

Jonathan O.R. y Juan B.S. fueron representados nuevamente por la defensora penal pública Diana Correa, quien valoró la decisión definitiva del tribunal, en especial porque acogió el argumento respecto de la inocencia de sus representados y la poca credibilidad de la víctima del delito, toda vez que ya había simulado una situación similar con anterioridad.

El tribunal de Talagante, integrado por los magistrados Álvaro Mardones (presidente), María Pilar Valladares (redactora del fallo) y Myriam Ortiz determinaron, en su acta de deliberación, que "no se ha adquirido, más allá de toda duda razonable, la convicción que los hechos ocurrieron de la forma propuesta en la acusación (del Ministerio Público)".

Los magistrados advirtieron, además, que hubo una "defectuosa descripción propuesta en el libelo acusatorio, tanto respecto de los hechos materia de la presente causa como de la participación que en ellos se les atribuyó a los acusados".

"PRUEBA INSUFICIENTE"
Y ello, sin perjuicio de que "se ha considerado que la prueba de cargo incorporada en este juicio ha resultado absolutamente insuficiente para acreditar la existencia de los referidos hechos, así como la participación culpable que se les imputó a los acusados".

Por ejemplo, señalaron los jueces, hubo testimonios que la Fiscalía calificó de relevantes, que "ofrecen importantes inconsistencias y contradicciones a la hora de confrontarlos con sus propios dichos y con otros antecedentes que se allegaron al juicio".

La sentencia será dada a conocer el jueves 14 de septiembre.

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