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07/11/2018
En el Centro de Régimen Cerrado de Talca:
Jóvenes privados de libertad asistieron a exposición sobre sus derechos
La defensora pública Yelika Ibarra, quien posee especialización en causas de menores explicó el rol de los defensores juveniles y los derechos de los jóvenes infractores de ley que cumplen una sanción privativa de libertad. .
Por Edgardo Castro Vega,
Defensoría Regional del Maule.
A una exposición sobre los derechos de los jóvenes infractores de ley que cumplen una sanción privativa de libertad y sobre el rol del defensor juvenil asistieron los adolescentes que cumplen sus penas de internación en el Centro de Régimen Cerrado (CRC) del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Talca, la que fue impartida por la defensora pública Yelika Ibarra.
La actividad, respaldada por el organismo, tuvo lugar ante la población de menores de edad que cumplen sanción en calidad de condenados en ese recinto. La abogada explicó los derechos de los jóvenes privados de libertad y el rol que en ese contexto cumplen los defensores penales públicos especializados en causas de menores.
También profundizó respecto de los beneficios a los que pueden acceder los internos y los requisitos que deben cumplir para ello. En su charla, la defensora pública juvenil respondió consultas de los jóvenes que cumplen condena, referidas especialmente al acceso a medidas de sustitución.
“Nuestro rol como defensores públicos especializados en materias vinculadas a jóvenes infractores de ley es representarlos en la defensa de sus derechos, que se les respete su dignidad y orientarlos y representarlos para que accedan a los beneficios”, les dijo la abogada Ibarra.
En la Región del Maule, la Defensoría Penal Pública dispone de tres defensores con especialización en adolescentes infractores de ley, quienes dan cobertura a toda la zona. En 2017, la institución atendió a mil 244 adolescentes en esta parte del territorio nacional, lo que significó un 7,6 por ciento del total de imputados e imputadas representados por los abogados de la DPP, cifra que representa un estancamiento de los delitos imputados a adolescentes.
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