Sala de Prensa

23/04/2019

Columna de opinión:

Reinserción social: visibilizando lo invisible

El diario La Discusión de Chillán publicó el siguiente artículo del Defensor Regional de Ñuble, Marco Montero.

Por Marco MonteroCid,
Defensor Regional de Ñuble.

En nuestro afán por reducir la percepción de inseguridad y evitar ser víctimas de un delito, demandamos del sistema judicial penal soluciones más efectivas y ejemplificadoras. Creemos que la cárcel es la única solución a estos males, sin reparar en que el solo encierro sin efectivas políticas de reinserción no sirve, ya que estas personas saldrán algún día y serán parte de la comunidad. 

Los efectos colaterales que conlleva la cárcel, producto del hacinamiento y la falta de oportunidades de desarrollo, terminan siendo más perjudiciales que la sanción misma, como tristemente nos ha hecho ver el Instituto Nacional de Derechos Humanos en su reciente informe sobre condiciones carcelarias en Chile.

Una concepción humanista del derecho nos enseña que la pena debe ser un fin en sí misma y no un medio para cumplir propósitos ajenos. El castigo debe tener como fundamento y fin evitar un delito futuro, por lo mismo, vemos como positivo el proyecto +R recientemente implementado en Ñuble (donde existe un universo de 610 personas condenadas) que busca, por medio de un acompañamiento sociolaboral, otorgar a quienes cumplen su sanción privados de libertad la posibilidad de capacitarse e insertarse laboralmente, con la posibilidad de trabajar al salir de la cárcel.

Los estudios demuestran que este tipo de acciones, como aquellas condenas que se cumplen en el medio libre, reducen en más de un 30 por ciento la probabilidad que una persona reincida y, por ende, se vea expuesta nuevamente a los efectos perniciosos del encierro.

Pero existe un grupo que no puede acceder a este tipo de programas para condenados. Personas que están privadas de libertad mientras son investigadas por un delito y que después de pasar meses o años, en algunos casos, se demuestra que no participaron en él. Cincuenta y un inocentes pasaron por esta situación el año pasado en Ñuble. Además de la privación de libertad, ellos también debieron soportar las consecuencias del juicio público, fueron despedidos de sus trabajos y abandonados por su familia y amigos.

Para ellos -3 mil 153 personas durante 2018 en Chile- no hay espacios de reparación, ni laboral, ni sicológica, ni familiar, sólo porque no fueron condenados. A la sociedad se nos olvida que al estar encarcelados lo pierden todo. Por un principio de justicia deberían existir programas o políticas públicas que se hagan cargo de resarcir y apoyar también a estas personas en su proceso de reinserción.

Actualmente existen algunas iniciativas como el "Proyecto Inocentes" de la Defensoría Penal Pública y el trabajo de privados como los abogados de la Fundación Pro Bono.

Pero para avanzar es imprescindible que todos nos pongamos en el lugar de personas comunes y corrientes  que, por un error o por mera casualidad, son acusados de delitos que no cometieron, son encerrados en una cárcel y ven cómo sus proyectos terminan abruptamente. Si a alguno de nosotros le pasara, nos gustaría que existieran redes de apoyo del Estado que nos ayudaran a dejar atrás, en lo posible, este horrible momento.

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